PalmaLa ofensiva anunciada por Recursos Hídricos y la Guardia Civil contra la extracción ilegal de agua en los pozos de las Islas aseguran que va en serio. Este año la Dirección General ya ha impulsado 70 inspecciones en otras tantas captaciones de agua y ha abierto 62 expedientes. La mayor parte, 54, son por haber constatado el funcionamiento de pozos ilegales y los ocho restantes, por otros tipos de denuncias.
Sólo en Menorca, donde se ha clausurado hasta ahora el pozo de una finca turística de Alaior que extraía más agua sin estar autorizado, la Guardia Civil ya ha llevado a cabo 17 inspecciones y ha formalizado nueve denuncias por sacar agua sin permiso. No serán las únicas. La operación Zahorí, puesta en marcha en todo el Estado, incluye al menos otras cinco grandes actuaciones conjuntas pendientes de ejecutar por parte de Recursos Hídricos y la Guardia Civil en Baleares, dos de las cuales se llevarán a cabo en Mallorca y podrían afectar a un campo de golf.
El accidente mortal sufrido en el 2019 por el pequeño Julen, un hijito de dos años que perdió la vida al caer a un pozo ilegal en Totalán (Málaga), hizo aflorar la existencia de 11.000 pozos ilegales en toda la provincia andaluza. En el caso de las Islas, los expertos y técnicos de la Administración consultados por el ARABalears sospechan que puede haber cientos. En el Portal del Agua de la Consejería del Mar, constan 1.692 concesiones de aguas subterráneas vigentes en las Islas, pero cuyos pozos se quita agua son muchos más.
Según las fuentes consultadas, el tema se descontrola cuando se utilizan usos presuntamente agrícolas para amparar la extracción abusiva destinada a actividades turísticas. Ésta era, por ejemplo, la finalidad del pozo precintado la semana pasada en el hotel Cap Menorca de Alaior, donde se sacaban hasta 40 toneladas de agua sólo para regar los jardines y llenar casi a diario las 16 piscinas del complejo.
En Menorca, sólo el centenar y medio de pozos que se utilizan para el abastecimiento urbano está bajo el control de la Administración, pero no en todos los casos. En Ciutadella, por ejemplo, cuyo pozo se sacó más agua en el 2022, unas 757 toneladas, no constaba como dado de alta en el censo de Recursos Hídricos. En cambio, el caudal de quienes se explotan en rústico se desconoce. Y ahí radica el verdadero problema de la escasez generalizada que hoy en día sufre el Archipiélago.
Reservas de agua
El consumo en el campo es el que soslaya las estadísticas oficiales y explica en buena parte la situación crítica que presentan este verano las reservas hídricas de las Islas. Los datos del pasado mes de julio confirman que Ibiza y Menorca sufren la peor situación de los últimos diez años. En Ibiza, el nivel de las reservas de agua sólo alcanza el 29%, al igual que en mayo de 2016, mientras que en Menorca han descendido al 40%, el peor registro de la década. En Mallorca se sitúan en el 46%, algo por encima del año pasado. Aún así, llama especialmente la atención la situación de las reservas hídricas en puntos como San Agustín (Ibiza), que sólo están al 3%, o las de la Marineta de Petra (Mallorca), que se encuentran al 17%, y la Roca del Mercadal (Menorca), que están al 30%.
Controlar la extracción ilegal se convierte en este punto en un objetivo primordial, lo que explica la implicación conjunta de Recursos Hídricos y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para perseguir el delito ambiental correspondiente. Sin embargo, el problema es que la Administración no tiene después suficientes mecanismos para tramitar todas las sanciones y hacer que la inspección resulte realmente efectiva. Como ya avanzó el ARA Baleares en junio pasado, la Fiscalía de Baleares ha decidido formular una denuncia penal para esclarecer la presunta dejadez administrativa de la antigua Conselleria de Medio Ambiente que ha permitido que caduquen cientos de expedientes abiertos durante la época del Pacto. El caso está en manos de los juzgados de Palma.
Tres hoteles rurales de Alaior, en el punto de mira
Alaior es ahora mismo el municipio donde se concentran las denuncias de mayor impacto. El grupo de Avançam Alaior ha actuado desde la oposición y ha pedido al Ayuntamiento que intensifique su inspección y control ante la proliferación de casos de establecimientos de turismo rural del municipio que hacen uso de captaciones no autorizadas.
La portavoz Isa Allès reanuda al alcalde José Luis Benejam que haya tenido una respuesta "floja, permisiva e insuficiente", especialmente en el caso del agroturismo de Torre Vella, donde el Ayuntamiento legalizó las siete piscinas ilegales que inicialmente se habían hecho pasar por aljibes, "lo cual perdonó así una mediodía". Allés teme que la concesión de la licencia "esté llena de irregularidades" y estudia interponer un recurso contencioso administrativo para poner el caso en manos de la Justicia. "No puede ser que, a golpe de talonario, algunos hagan lo que quieran mientras la gente que vive aquí cumple las normas desde la humildad. La impunidad debe acabar", exige.
En Sant Llorenç, el otro hotel de Alaior expedientado, son nueve las piscinas que no se declararon a la hora de presentar el proyecto. En Cap Menorca, donde ahora se ha clausurado el pozo ilegal, se extraían sin permiso 40 toneladas diarias de agua para poder rellenar a diario una gran piscina de 500 metros cuadrados y otras 15 toneladas pequeñas.