Una ley pensada para los propietarios, no para quienes trabajan la tierra

PalmaUnió de Pagesos, el sindicato que representa a los ganaderos menorquines, ha sido el primero en levantar la voz contra la nueva ley agraria que tramita el Parlament balear. Entiende que abre la puerta a turistizar y llenar aún más el campo de placas solares sin que se vea un beneficio directo para quien realmente trabaja la tierra.

El Gobierno defiende el proyecto de ley porque "se da un paso adelante para aumentar la rentabilidad del campo". Según afirma el conseller Joan Simonet, quien considera que permitirá "establecer sinergias entre el turismo de calidad y la agricultura para generar un valor añadido, una función estratégica a la que las Islas no pueden renunciar". Pero el campesino, dicen fuentes del sindicato, no tiene tanto que ganar.

"La figura de las agroestadas sobra. Ya bastan los hoteles rurales y los agroturismos", se queja Marga Llambías, secretaria general de Unió de Pagesos en Menorca. "Si en el lugar pernoctan diez personas, el campesino no sacará directamente ningún beneficio, al contrario", remarca Llambías. "Con los actuales alojamientos turísticos en el campo, el payés ya pasa un humo. Tiene la gente que duerme al lado, no puede soltar el ganado o echar estiércol porque los inquilinos pagan y tienen derecho a ello y, además, tiene que aguantar si hacen fiestas por la noche".

"No conozco a nadie del sector que reciba complementos para permitir la actividad turística", dice Llambías. De hecho, la posibilidad de que los campesinos puedan comprar un sitio y gestionarlo en solitario es cada vez más escasa. "Los precios en el mercado inmobiliario se han disparado tantísimo que ya no es posible", lamenta.

Menos fincas activas

La ley de 2014 –y la posterior reforma de 2019, a la que sustituirá a la que ahora se tramita–, ya nació con el objetivo de "gestionar el territorio y el medio ambiente de forma más equilibrada e inteligente, en contraposición a las políticas restrictivas y prohibitivas que se habían aplicado tradicionalmente. Proteger no es prohibir", de proteger. El GOB se opuso hace diez años a aquella primera ley agraria al sospechar que "favorecería la especulación y perjudicaría a la agricultura". Los ecologistas advirtieron que la mezcla de usos que se fomentaba convertiría el suelo apto en un foco favorable para los negocios y la inversión inmobiliaria.

Una década más tarde, la nueva ley pretende consolidar los usos complementarios que han ido creciendo junto a la actividad agraria y ganadera y que ya han tenido un primer efecto. La nueva legislación y la crisis del modelo tradicional de explotación han provocado la pérdida de un centenar de fincas lecheras sólo en Menorca, una mayor diversificación de la producción y sobre todo una sustitución de la propiedad. Han llegado nuevos terratenientes foráneos que concentran la titularidad de un buen número de lugares, cada vez orientados más al turismo.

El sistema de amigos, tradicional en el campo menorquín y que permitía al campesino y al propietario repartirse las ganancias de la explotación, ha quedado arrinconado. Así que ampliar ahora las actividades beneficiará sobre todo al titular del sitio. Es lo que teme al menos Unió de Pagesos que, en una primera valoración de la nueva ley, se posiciona claramente en contra de las agroestadas.

La confusión de usos en el campo, que algunos equiparon a cuando se introdujo el alquiler turístico en los núcleos tradicionales y mató casi el alquiler residencial, se agravará con el nuevo Plan territorial de Menorca. Tras un primer intento errado, el gobierno insular del PP pretende aprobarlo en los próximos meses para extender también el alquiler turístico al suelo rústico. Pero el presidente Adolfo Vilafranca da la vuelta al discurso y vende que, por primera vez, se pondrán límites, ya que el PTI vigente permite multiplicar por diez las 1.252 plazas que ahora contabilizan las modalidades de alojamiento turístico que se comercializan en el medio centenar de establecimientos abiertos en el campo de Menorca.

Sin restar superficie agraria

Parte de los 228 artículos de la nueva ley inciden en fomentar el turismo ligado a la actividad agraria, pero también el desarrollo de medidas que promuevan la producción y uso de las energías renovables, especialmente la biomasa y la fotovoltaica, con el objetivo de que generen nuevas rentas para las explotaciones. Como el resto de actividades complementarias, tendrán que cumplir las normativas urbanísticas, pero ya no será necesario que obtengan la preceptiva declaración de interés general, como hasta ahora.

Los proyectos de renovables ya construidos o en marcha actualmente en la isla ya superan con creces la capacidad que el sistema eléctrico de Menorca es capaz de asumir, pero el objetivo de que en 2030 el 85% de la energía sea limpia empuja a llenar más de placas el campo, así como las azoteas de los aparcamientos, aparcamientos.

De hecho, la nueva ley permite combinar la actividad agraria con la producción y comercialización de energía fotovoltaica. Sin embargo, el único impedimento es que los paneles solares y el resto de instalaciones no hagan perder superficie agraria útil y que bajo estas estructuras se pueda igualmente cultivar.

También se permite poner placas arriba de los invernaderos y de las estructuras de protección de los cultivos. Sin embargo, por regla general, no podrán ocupar más de una hectárea ni el equivalente a un 10% de la superficie total de la finca. En principio, las placas y paneles solares no podrán levantarse tampoco más de seis metros del suelo, salvo que el Consell Insular exonere el proyecto de cumplir este parámetro.

La sindicalista menorquina Marga Llambías cree que tampoco poner placas redundará en beneficio del campesino, sino que repercutirá también a favor del propietario. Aún así, se muestra de acuerdo en facilitar la energía renovable en el campo, “pero siempre que no se pongan placas en tierras que son aptas para el cultivo o para tener el rebaño. que después deba restituirse, nada te garantiza que siga siendo rentable". Llambías ve "pocas esperanzas" de que la opinión del sindicato y de sus asociados sea tenida en cuenta por la Administración, pero tiene claro que "la realidad es bien distinta a la que se vende en la ley".

La mayoría de las entidades consultadas por el ARABalears, desde el GOB a la asociación FAGME, posponen cualquier valoración al hecho de haber revisado exhaustivamente las más de 200 páginas del nuevo texto normativo.