La Ley ómnibus también rebaja los controles ambientales al suelo rústico y las sanciones a las canteras

PalmaLa Ley ómnibus también rebaja los requisitos para construir instalaciones en suelo rústico. La norma, que modifica más de 50 leyes principalmente ambientales y de gestión del territorio, excluye del procedimiento de evaluación ambiental simplificada las actividades complementarias del sector primario de transformación y venta directa de los productos de las mismas explotaciones agrarias.

Hasta ahora, el Anexo 2 de la norma incluía, de manera genérica, todas las "instalaciones industriales situadas en suelo rústico". Esta redacción hacía que las industrias de transformación agraria también quedaran sometidas a la evaluación ambiental prevista por la ley. El objetivo del legislador era garantizar que, a pesar de tratarse de una actividad propia del suelo rústico, la transformación agraria solo pudiera instalarse en este territorio si reunía los requisitos ambientales. Con la modificación introducida por la Ley ómnibus, estas actividades quedan expresamente excluidas.

Reducción de las exigencias ambientales

En la práctica, esto supone una reducción de las exigencias ambientales aplicables a este tipo de proyectos. Las actividades complementarias de transformación y venta directa de los productos de la misma explotación agraria dejan de estar sometidas a este procedimiento de evaluación ambiental, uno de los principales instrumentos de control preventivo de los impactos sobre el territorio. La reforma responde a la voluntad de simplificar la tramitación administrativa de estas instalaciones, pero al mismo tiempo reduce el alcance de los controles ambientales que hasta ahora les eran aplicables.

Se trata de un cambio especialmente relevante en un territorio como las Islas Baleares, donde el suelo rústico está sometido a una fuerte presión derivada de la proliferación de nuevas edificaciones y actividades económicas. La evaluación ambiental no impide necesariamente que un proyecto se lleve a cabo, pero obliga a analizar sus efectos sobre el paisaje, los recursos naturales, la biodiversidad y el territorio antes de que se autorice. Con la reforma, una parte de las actividades agroindustriales deja de pasar por este filtro específico.

La modificación no elimina el resto de controles administrativos —como los urbanísticos, los sectoriales y los sanitarios—, pero sí restringe el ámbito de aplicación de uno de los mecanismos de prevención ambiental previstos por la legislación balear.

Un regalo al sector de las canteras

La reforma también modifica el régimen sancionador de la Ley de ordenación minera de las Illes Balears, en forma de regalo. En este caso, el cambio consiste en la eliminación de una sola palabra —'leve'—, pero con consecuencias jurídicas relevantes.

El artículo 61.3 de la Ley 10/2014 preveía hasta ahora que el pago voluntario de una sanción permitía obtener una reducción de hasta el 50% —o del 25%, según el momento del pago— únicamente en el caso de las infracciones leves. La Ley ómnibus elimina la referencia a las "infracciones leves" y establece que este beneficio será aplicable a "cualquiera de las infracciones" reguladas por la norma. Un verdadero regalo si se tiene en cuenta la importancia de las sanciones en el caso de que los propietarios o gestores de las canteras incumplan las normativas, un hecho que históricamente se ha repetido.

La modificación amplía así el alcance del mecanismo de reducción de las sanciones. Si antes solo podían beneficiarse las infracciones de menor gravedad, ahora también pueden acceder las infracciones graves y, en principio, las muy graves, siempre en los términos previstos por la misma ley. Esto representa una flexibilización del régimen sancionador aplicable a las explotaciones mineras.

El efecto económico potencial es considerable. Las infracciones leves pueden llegar a sanciones de hasta 30.000 euros; las graves, de hasta 300.000 euros, y las muy graves, de hasta un millón de euros. Con la nueva redacción, el mecanismo de reducción por pago voluntario deja de estar reservado a las infracciones leves y pasa a poder aplicarse a cualquier categoría de infracción, con las reducciones que determine la Administración dentro de los límites previstos por la norma.

Estos dos cambios, referidos a sectores diferentes, responden a una misma orientación legislativa: reducir cargas administrativas y flexibilizar el régimen jurídico aplicable a determinadas actividades económicas, pero, en realidad, supone una merma de los controles ambientales y territoriales. Por un lado, se restringe el alcance de los controles ambientales previos sobre determinadas instalaciones en suelo rústico; por otro, se amplían los beneficios asociados al pago voluntario de sanciones en el ámbito minero. Analizadas conjuntamente, las modificaciones apuntan hacia una simplificación normativa que rebaja algunas de las garantías ambientales y del régimen de control que hasta ahora preveía la legislación balear.