La Justicia obliga al Gobierno a tramitar la petición para declarar la Casa del Pueblo espacio de memoria
La sentencia anula la decisión del Ejecutivo de inadmitir la petición y le obliga a tramitarla tres años después del inicio del litigio
PalmaUn juzgado contencioso-administrativo ha estimado el recurso presentado por Amics de la Casa del Poble contra la decisión del Govern de inadmitir la solicitud para que la antigua Casa del Poble de Palma fuera inscrita como espacio de memoria de acuerdo con la Ley de memoria democrática de las Illes Balears de 2018.
Según ha informado la entidad en un comunicado, la sentencia anula la resolución administrativa que rechazó la petición y ordena al Ejecutivo iniciar el procedimiento correspondiente, tramitarlo y dictar una resolución sobre el fondo de la cuestión.
La solicitud había sido presentada en noviembre de 2021 con el objetivo de recuperar para el patrimonio colectivo el espacio que ocupó la Casa del Pueblo, situada en la confluencia de las calles de Reina Maria Cristina y de Manel Sanchis Guarner de Palma. Los impulsores de la iniciativa defendían que este lugar debía servir para construir un equipamiento público al servicio de las clases trabajadoras, en coherencia con los valores de solidaridad y universalidad asociados históricamente al movimiento obrero.
La asociación destaca que la resolución judicial llega solo dos meses después de que el Parlament derogara la Ley de memoria democrática en la que se fundamentaba su petición. Por este motivo, consideran que el debate actual no se centra tanto en si la Casa del Pueblo acabará siendo inscrita o no en el catálogo de espacios de memoria, como en los motivos por los cuales la solicitud no fue tramitada cuando el mismo Gobierno había reconocido en 2023 que debía seguir el procedimiento previsto por la normativa.
"¿Por qué ha sido necesario esperar una sentencia dictada tres años después del inicio del litigio?", se preguntan fuentes de la entidad. Amigos de la Casa del Pueblo también recuerda que el anuncio del gobierno español de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la ley podría comportar la recuperación de la norma, pero advierte que esto no garantizaría automáticamente la inscripción del antiguo edificio en el Catálogo de Espacios de Memoria. En este sentido, remarcan que figuras como la permuta o la expropiación continúan estando a disposición de las instituciones autonómicas.
La asociación ha aprovechado la sentencia para reclamar una "reflexión" a los responsables políticos que, a su parecer, bloquearon la protección del solar. Consideran que la construcción de una sociedad más justa requiere "prácticas restaurativas" y una asunción de responsabilidades por las decisiones adoptadas.
En este marco, instan al exvicepresidente del Gobierno durante la legislatura pasada, Juan Pedro Yllanes, firmante de la resolución de inadmisión, a asumir voluntariamente los costes procesales derivadas del procedimiento judicial. Si rechaza esta posibilidad, extienden la petición a quienes formaban parte de su equipo, Jesús Jurado y Marc Herrera, y, en último término, a la expresidenta Francina Armengol, como máxima responsable del Ejecutivo que adoptó aquella decisión. "Externalizar los errores sobre la sociedad civil contribuye a aumentar la desafección política y a erosionar la democracia", concluye la entidad.