Los informes para declarar el menorquín Bien de Interés Cultural son nulos de pleno derecho

CiutadellaEl empecinamiento del conseller gonella Joan Pons Torres para declarar el menorquí y el artículo salat Bien de Interés Cultural Inmaterial de Menorca (BICIM), y protegerlo así de la 'amenaza' del catalán estándar, está a punto de estallarle en las manos. Los subterfugios legales que ha buscado para imponer su iniciativa en contra del criterio lingüístico y académico oficial de entidades e instituciones se le han vuelto en contra.

Ni derivar el expediente al Servicio de Patrimonio Histórico y no al de Asesoramiento Lingüístico, como habría sido preceptivo, ni contratar directamente los informes preceptivos a la exconcejala popular Sili Pons Sabater, a pesar de no tener estudios universitarios, ni mucho menos filológicos, le han servido al conseller.

A petición de la asociación Fem-ho en Català, el Ayuntamiento de Ciutadella ha certificado que la autora de los informes y las fichas sobre el menorquí, funcionaria de la Administración, no ha pedido ni tiene reconocida la autorización de compatibilidad para poder hacer trabajos fuera del Consistorio. Esto implicaría, según la entidad, que la contratación de Pons Sabater por parte del Consell insular es nula de pleno derecho y, por tanto, también lo son los informes que ha elaborado y por los cuales ha facturado por ahora 8.125 euros. 

Una vez obtenida la certificación de la secretaria municipal, Fem-ho en Català ha interpuesto una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento con la petición de que investigue los hechos, “llegue hasta el final en la vía disciplinaria” y abra a la exconcejala un expediente disciplinario por la infracción “grave o muy grave” que habría cometido.

La asociación invoca la ley de contratos del sector público, que considera nulos de pleno derecho todos los contratos que impliquen a personas o funcionarios que no dispongan de la debida autorización o no acrediten su solvencia técnica.

Y Sili Pons no tiene ningún título ni estudio universitario en el ámbito filológico o lingüístico.

Fem-ho en Català recuerda que el Consell dispone de sus propios servicios lingüísticos y de patrimonio, que ya disponen de funcionarios titulados que podrían haber redactado los informes que la Conselleria de Cultura contrató directamente a Sili Pons. Se trata, dice, de una “duplicidad del todo injustificable. Haber externalizado este cometido supone un claro despilfarro de dinero público”, denuncia y avisa que llegará hasta el fondo para depurar todas las responsabilidades.

“No permitiremos que se despilfarre dinero público y se empleen procedimientos irregulares para intentar dar apariencia de legalidad a una cruzada política contra nuestra lengua”, alerta Fem-ho en Català. De hecho, ya prepara la presentación de nuevos recursos y escritos ante el Consell para que “detenga inmediatamente este despropósito”.

Se da la circunstancia de que Sili Pons ya ejerció durante la pandemia como profesora de los cursos de menorquín que promovió el entonces director de Sa Fundació, Joan Pons Torres, actual conseller de Cultura e impulsor de la iniciativa. Precisamente, Sa Fundació –de la cual el conseller continúa estando en excedencia– es la única entidad que se ha pronunciado públicamente a favor de la declaración del menorquín como BICIM.

El Institut Menorquí d’Estudis, la institución académica que debe redactar el informe preceptivo para que la declaración pueda ser aprobada por el Consell, ya ha lanzado su aviso al conseller. El presidente del Consell Científic del IME, Josep Maria Quintana, ha sido taxativo: “Proteger el menorquín, sí; convertir su protección en un instrumento para separarlo del catalán, no”.