El informe que precipitó el cese de la directora de Costes propone retirar la concesión a los xibius de Formentera
Maria Joaquina Ferrer asumió el criterio de los servicios técnicos, que concluían que se debía poner fin a la actividad de una serie de bares porque no respetaban la ley
PalmaLos servicios técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral concluyeron en noviembre de 2025 que había suficientes motivos para iniciar el procedimiento de caducidad de la concesión de los servicios de temporada de las playas de Formentera. El informe, al que ha tenido acceso el ARA Balears, propone expresamente que el órgano competente dicte el acuerdo de incoación del procedimiento por considerar que "se han incumplido diversas condiciones esenciales" del título concesional. Es decir, que el criterio marcado por el jefe del servicio de Costes y Litoral era acabar con una concesión de bares y restaurantes que había incumplido la ley. Ante esta contundencia, la ya defenestrada directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer –la cual además es funcionaria–, consideró que no había otro camino que hacer caso al criterio técnico y jurídico.
Su propuesta, sin embargo, no agradó a determinadas altas instancias del Ejecutivo. La intervención del conseller de la Mar y del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, acabó en una serie de enfrentamientos y discusiones entre el titular de la Conselleria y la exdirectora general. El trasfondo era muy sencillo: el Govern no quería más problemas con los concesionarios de Formentera —bares y chiringuitos que, a pesar de haber incumplido la normativa, aseguraban que "hasta ahora" no se había sido tan exigente. El Consell de Formentera también intervino para evitar un desenlace considerado muy negativo, el cual suponía quitar la concesión a unos cuantos empresarios. La denegación estuvo a punto de producirse, pero Ferrer fue destituida de manera fulminante y ahora la decisión está sobre la mesa de su sucesor, Joan Jaume Mulet, el cual tiene el encargo de acabar con las tensiones en Costas.
Fuentes consultadas por el ARA Balears confirman la importancia económica y la trascendencia social que tienen las actividades económicas sobre el dominio público en una isla como Formentera. De hecho, se da por seguro que la modificación que Marga Prohens incluyó en la Ley ómnibus para poder hacer los chiringuitos más grandes y con menos requerimientos de distancia es atribuible a las demandas que llegan de la Pitiüsa menor.
Un informe contundente
La conclusión del informe sobre las concesiones de Formentera es contundente. Tras analizar la documentación, las inspecciones y los informes técnicos incorporados al expediente, se sostiene que los incumplimientos detectados afectan "elementos esenciales de la concesión" y que, si se aplican la Ley de costas y el Reglamento General de costas, es procedente iniciar su caducidad.
Entre estos incumplimientos, los técnicos destacan que los quioscos no se desmontaron durante el periodo obligatorio comprendido entre el 15 de enero y el 15 de febrero, que varios no pueden considerarse realmente desmontables, que dos que se encuentran en los Arenales no respetan la distancia mínima exigida respecto a otros establecimientos y que tampoco se ha acreditado que todos los baños vinculados a los quioscos sean de uso público y gratuito, como establece el título concesional.
El informe dedica buena parte de la fundamentación jurídica a explicar que estas obligaciones no constituyen simples requisitos administrativos, sino "condiciones esenciales de la concesión" por tratarse de instalaciones situadas sobre dominio público marítimo-terrestre en playas naturales. En este sentido, recuerda que la normativa exige que los quioscos sean temporales y completamente desmontables y que la obligación de retirarlos anualmente es una garantía para preservar el dominio público.
Los técnicos también remarcan que la falta de los certificados finales de obra y del acta de reconocimiento impide comprobar que las instalaciones que se han ejecutado coinciden con las que se han autorizado. El informe recuerda que la condición 21 del mismo título concesional establece expresamente que "el incumplimiento de esta condición comportará necesariamente la incoación del expediente de caducidad de la concesión".
El artículo 79 de la Ley estatal de costas
La propuesta de los técnicos se fundamenta en el artículo 79 de la Ley estatal de costas, que regula las causas de caducidad de las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre. El informe recuerda que la misma concesión prevé la caducidad cuando se incumplen condiciones expresamente calificadas de esenciales y concluye que, en este caso, existen indicios suficientes para abrir formalmente el procedimiento.
Además, los servicios jurídicos consideran que con los indicios acumulados ya es suficiente para pasar de las diligencias previas a la incoación formal del expediente. "La densidad indiciaria actual es suficiente para abrir el expediente de caducidad", afirma literalmente el informe, que recomienda actuar "sin más dilación" para evitar prolongar una situación de incertidumbre sobre la legalidad de las instalaciones.
Los denunciantes estudian ir a los tribunales
Este es precisamente el punto que denuncian los antiguos adjudicatarios de algunos de los quioscos de Formentera, que han anunciado que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Gobierno no actúa antes de la primera semana de septiembre.
En un comunicado hecho público este martes, sostienen que la discusión ya no es si había o no indicios de irregularidades, sino que la misma Administración ha concluido, a través de sus informes, que se debe incoar el procedimiento de caducidad. Según uno de los antiguos concesionarios consultados por el ARA Balears, "lo que no puede ser es que un técnico de alto nivel, responsable del servicio, proponga la caducidad de una concesión y no pase nada. La ley debe ser igual para todos".
Los denunciantes lamentan que de momento el órgano competente no haya acordado incoar el procedimiento de caducidad ni tampoco respondido sobre las medidas cautelares que habían solicitado para suspender provisionalmente la explotación de los quioscos. Según exponen, la Ley de costas y las condiciones de la concesión obligan a la Administración a actuar ante el incumplimiento de las condiciones esenciales, motivo por el cual acusan al Gobierno de mantener paralizado un expediente que los técnicos ya dieron por suficientemente fundamentado.
En este contexto, los denunciantes advierten que, si el Gobierno no acredita el acuerdo de incoación, identifica el órgano responsable e impulsa efectivamente el procedimiento, acudirán a los tribunales porque la jurisdicción contencioso-administrativa obligue a la Administración a cumplir sus obligaciones legales.
Mientras tanto, la Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua ha resuelto este martes parte de los expedientes de instalaciones de temporada de Formentera, vinculados sobre todo a tumbonas y sombrillas, con el fin de intentar calmar un poco los ánimos y la crisis política.