Ibiza consolida el control del alquiler ilegal con más de 260 expedientes desde 2025

PalmaLa mesa contra el intrusismo del Consell d’Eivissa ha abierto 262 expedientes sancionadores por alquileres turísticos ilegales desde enero de 2025, de los cuales 51 han sido calificados de muy graves. Además, se han ejecutado diez precintos, cuatro de los cuales se encuentran actualmente en trámite.

En cuanto a las sanciones económicas, la recaudación ha alcanzado los 1.069.341 euros durante 2025, una cifra similar a los 1.085.458 euros registrados en 2024, muy por encima de los 77.672 euros recaudados en 2016. Este incremento refleja el endurecimiento del control y la capacidad sancionadora de la institución insular.

Este jueves, la mesa se ha reunido con las principales plataformas de alojamiento turístico, cuerpos policiales y representantes del sector para hacer balance de la situación. Según el Consell, los datos apuntan a una estabilización del volumen de oferta ilegal en línea desde principio de año. El presidente del Consell, Vicent Marí, ha destacado que el trabajo conjunto está dando resultados y ha asegurado que Ibiza dispone actualmente de un sistema de control más eficaz que en años anteriores, capaz de detectar y actuar en cuestión de horas ante la oferta ilegal.

Fuentes de la institución insular remarcan que esta estabilidad no responde a una disminución de la presión, sino a un sistema de contención sostenido basado en la colaboración con las plataformas, el monitoreo constante del mercado y la reducción de los plazos de actuación. En este sentido, los anuncios ilegales se bloquean en un máximo de 48 horas desde la detección. De cara a 2026, el Consell apuesta por reforzar el modelo de inspección digital como eje central de la estrategia, con el objetivo de mejorar la detección precoz y agilizar la respuesta operativa. En cuanto al registro único, se han expuesto dificultades en la implantación, especialmente en la incorporación del alquiler de temporada a las plataformas turísticas.

Perfil de los infractores

Durante la reunión también se ha analizado el perfil de los infractores. Un 45% corresponde a propietarios que comercializaban directamente su vivienda, mientras que un 25% eran arrendatarios que ofrecían el inmueble, en un 60% de los casos con el conocimiento del propietario. Por nacionalidad, el 52% de los infractores eran españoles, mientras que el resto provenían principalmente de países como Italia o Alemania.