La huelga de médicos en las Baleares: ¿un conflicto laboral o una lucha política?

PalmaMás de 86.000 consultas y pruebas canceladas, más de 2.100 operaciones aplazadas y un impacto económico de 12,5 millones de euros. Este es el balance provisional de las 31 jornadas de huelga de los médicos en Baleares contra la propuesta de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad que avanza en su tramitación. Un conflicto que ha ido mucho más allá de una disputa laboral y que se ha convertido en un pulso abierto entre los sindicatos médicos, el Ministerio y las comunidades autónomas por el modelo de sanidad pública, en un contexto en que las competencias sanitarias se han transferido a las autonomías.

Pero también es una huelga que divide al propio colectivo. Mientras los convocantes defienden un conflicto centrado en las condiciones laborales y la reforma del marco estatal, una parte de los profesionales considera que la protesta ha adquirido un componente político claro. Algunos médicos consultados la definen abiertamente como una “huelga política”, orientada a confrontar directamente el gobierno de España y, concretamente, con la ministra de Sanidad de Sumar, Mónica García.

La protesta ha tenido un seguimiento especialmente elevado en las Baleares. Durante la última semana de movilizaciones, entre el 15 y el 19 de junio, el sindicato Simebal situó la participación de los facultativos de consultas externas hospitalarias en el 70% y de los profesionales de Atención Primaria en el 40%. Llama la atención que, desde el inicio de la huelga indefinida en enero (una semana cada mes) la Consejería de Salud no ha facilitado en ningún momento datos propios y ha dado por buenas las cifras del sindicato, una circunstancia que algunos médicos consideran sospechosa. "No quieren confrontar a Simebal", dicen.

El alcance de la protesta contrasta con el que se ha registrado, por ejemplo, en Cataluña. Allí, el Departamento de Salud, que sí da datos, situó el seguimiento en el 4,2%, mientras que el sindicato convocante lo elevó al 29%. La adhesión también ha sido modesta en Galicia y en el País Valenciano, entre otros. Ahora bien, en el caso de Cataluña hay que tener presente que el sistema sanitario está mucho más diversificado: está el Institut Català de la Salut, pero también otros proveedores. En las Islas, en cambio, el 69% de los médicos trabajan en el IB-Salut, y, por tanto, están sujetos al Estatuto en tramitación, según explica el presidente del Colegio de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), Carles Recasens.

Las peticiones

Pero, ¿qué reclaman exactamente los médicos? ¿Y hasta qué punto sus demandas dependen realmente de la ministra de Sanidad, a quien los convocantes han convertido en la principal destinataria de sus críticas? La respuesta es compleja. Una parte importante de las reivindicaciones hacen referencia a cuestiones que dependen directamente del gobierno central: la reforma del Estatuto Marco, la creación de un estatuto propio para los facultativos, la clasificación profesional A1+, la regulación básica de la jornada laboral y la creación de un ámbito específico de negociación para los médicos, entre otras.

Sin embargo, muchas otras demandas que han aparecido durante las movilizaciones son competencia de las comunidades autónomas, las responsables de la gestión sanitaria: la contratación de más profesionales, la reducción de la sobrecarga asistencial, la organización de los horarios, los complementos salariales, los incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura y la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas.

Las reivindicaciones de los médicos combinan, por tanto, demandas estatales y autonómicas. Ahora bien, los sindicatos sostienen que la separación es incompleta: muchas de las medidas que formalmente corresponden a las comunidades autónomas —como la reducción de la sobrecarga asistencial, la reorganización de los horarios y la mejora de plantillas— dependen en realidad del marco normativo fijado por el Estatuto. En este sentido, defienden que las autonomías tienen capacidad de ejecución, pero que sin una reforma previa de la normativa estatal no disponen de margen para aplicar los cambios que reclaman. El Ministerio, sin embargo, asegura que las reivindicaciones de los médicos dependen de las comunidades.

Es precisamente en este punto donde se concentra buena parte de la disputa. Más allá del debate competencial, los médicos han llegado a la huelga con una batería de exigencias: la creación de un estatuto propio para los facultativos, una categoría profesional específica (denominada A1+) que reconozca los años de formación y las responsabilidades asociadas a la profesión y una mesa de negociación estatal propia en la que sus condiciones laborales no queden diluidas entre las de otros colectivos sanitarios.

También reclaman el fin de las guardias obligatorias de 24 horas, que las horas de guardia computen íntegramente a efectos de jubilación y que cualquier tiempo de trabajo que exceda este límite sea considerado jornada extraordinaria y remunerado como tal. “No hay ninguna categoría laboral que haga 48 horas semanales salvo los médicos”, dice Miguel Lázaro, presidente de Simebal.

A estas demandas se suman otras reivindicaciones relacionadas con la falta de profesionales: medidas para fidelizar a los médicos internos residentes (MIR), facilitar la incorporación de los nuevos especialistas a la sanidad pública, reducir la burocracia que asumen los facultativos e impulsar mecanismos para retener talento en un contexto en el que muchos profesionales optan por la sanidad privada o por ejercer en el extranjero.

Pero un punto que genera especial consenso dentro del sector es el modelo de guardias. Los convocantes denuncian que todavía existan jornadas de 24 horas y reclaman que dejen de ser obligatorias. Un médico de Son Espases, crítico con Simebal, coincide en que esta es una de las reformas más urgentes: “No quiero hacer trabajo 24 horas ni quiero que me atienda un médico que lleva 23 horas despierto”, dice.

El debate de fondo: competencias y responsabilidades

Miguel Lázaro, que además de ser el presidente de Simebal también lo es de la Confederación estatal de sindicatos médicos, defiende que la reforma del Estatuto Marco es la clave de bóveda de todo el conflicto. “El Estatuto Marco es un todo y después está el desarrollo autonómico. Si el Estado no define el marco, esto no se puede hacer”, afirma. Según explica, los médicos hace años que reclaman un tratamiento diferenciado porque asumen responsabilidades que no tienen otras profesiones sanitarias.

Lázaro asegura que las reivindicaciones centrales no pueden ser resueltas unilateralmente por las autonomías: “Las comunidades autónomas solo pueden reducir el número de horas de guardia, pero no eliminar la obligatoriedad”. También reclama una reclasificación profesional y un ámbito propio de negociación porque, según dice, “las condiciones de los médicos no se pueden negociar con sindicatos que no sean médicos”.

Recasens comparte buena parte de este diagnóstico. A pesar de reconocer que la gestión sanitaria está transferida, recuerda que “el Estatuto Marco debe dotar de reglas para que las autonomías las puedan aplicar en materia de sanidad” y que “el único organismo que puede propiciar o modificar el Estatuto Marco" es el Ministerio.

El presidente también lamenta que el proceso negociador haya terminado sin acuerdo con los sindicatos médicos y denuncia que el Ministerio ha preferido pactar con las grandes centrales sindicales. “La ministra lo puede hacer porque le bastan los votos de CCOO y UGT para sacar adelante la norma”, afirma. El tono de sus críticas hacia Mónica García es especialmente duro: “La ministra tiene un doble mensaje: uno antes de ser ministra y otro ahora”, sostiene. También asegura que “ha hecho lo que quería hacer, sin médicos” y llega a definir la reforma como “la estocada final” para la sanidad pública.

Una huelga que también divide

Dentro del mismo colectivo médico hay profesionales que comparten buena parte de las reivindicaciones, pero discrepan profundamente de la manera como se ha conducido la protesta y del relato que se ha construido alrededor de la ministra de Salud, Mónica García. Ahora bien, el ambiente corporativista que impregna el colectivo hace que no se quieran identificar por miedo a quedar expuestos como opositores a la corriente mayoritaria. Un facultativo de Son Espases considera que “es una huelga política” y acusa a Simebal de emplear las reivindicaciones de los médicos para desgastar al gobierno del Estado. Aun así, reconoce que “se debería revisar el Estatuto Marco”, porque hacía décadas que no se actualizaba y admite que los cambios planteados son insuficientes.

Diversos profesionales de Atención Primaria consultados repiten la misma idea. Algunos consideran que hay reivindicaciones legítimas, pero creen que los sindicatos han aprovechado el conflicto para confrontar directamente a la ministra. Uno de ellos sostiene que “Mónica García ha sido la primera que se ha atrevido a abrir el melón de reformar el Estatuto Marco”.

Otros van más allá y atribuyen el conflicto real al debate sobre las incompatibilidades entre sanidad pública y privada. “Lo que no quieren buena parte de los médicos es la incompatibilidad, porque hay un gentío que hace mañanas en la pública y tardes muy lucrativas en la privada”, afirma un médico de Atención Primaria. Otro habla de “corporativismo y clasismo” dentro de una parte del movimiento sindical médico y rechaza la creación de un estatuto exclusivo para los facultativos. "Nos hace falta uno que englobe las particularidades de todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, desde los celadores hasta los médicos", añade. Miguel Lázaro rechaza frontalmente estas acusaciones y asegura que el conflicto trasciende cualquier sigla política. Sin embargo, cuando se le plantea si la reacción habría sido la misma con otra fuerza política en el Ministerio, evita una respuesta categórica: “Probablemente”.

Mientras tanto, las consecuencias de las movilizaciones se acumulan. Según los datos disponibles, se han cancelado 53.677 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas, 31.134 consultas de Atención Primaria y 2.146 intervenciones quirúrgicas. El impacto sobre la actividad de asistencia y las listas de espera es generalizado, con una parte de la actividad reprogramada y un sistema sometido a una presión creciente.

El consenso sobre este impacto no evita, sin embargo, el desacuerdo a la hora de señalar responsables y posibles soluciones. Los sindicatos advierten de nuevas movilizaciones si no se reanuda la negociación. El Ministerio sostiene que muchas de las mejoras que reclaman los médicos, ya pueden ser aplicadas por las comunidades autónomas, las cuales insisten en que es necesaria una reforma normativa estatal para poder avanzar. En medio de este intercambio de responsabilidades, el resultado es el mismo: miles de pacientes continúan esperando una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica, sin un horizonte que anticipe ninguna solución próxima.