Guerra entre gobiernos por el alquiler de barcas privadas

PalmaEl gobierno español permite desde julio que los particulares puedan alquilar sus embarcaciones para realizar actividades lucrativas de uso comercial hasta un máximo de tres meses al año. Ahora bien, durante el período, una empresa de alquiler de embarcaciones –los famosos charteres náuticos– debe gestionar la barca, que debe cumplir con los mismos requisitos técnicos que los barcos que se alquilan durante todo el año. La normativa del gobierno estatal ha provocado un enfrentamiento entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y Marga Prohens.

Con una foto en Instagram, el PP de las Islas ha denunciado que la normativa estatal "permite el Airbnb náutico mediante una resolución unilateral del Ministerio de Transportes con amplio rechazo social a Baleares". En la misma línea, los populares advertían de que la medida "supone un riesgo para las Islas" e incluso apuntaban a que puede provocar "más masificación y menos seguridad", ya que la opción de alquilar a terceros por parte de particulares puede incrementar el uso y la navegación de las embarcaciones. Así, reclamaban "retirar la resolución estatal y abrir un proceso de diálogo y reforzar la seguridad y preservación del litoral". El Gobierno no se cruzó de brazos y en agosto respondió a la iniciativa de Sánchez cuyo decreto regula la actividad de alquiler de embarcaciones y que prohíbe expresamente el alquiler turístico de embarcaciones privadas, lo contrario de lo que permite la norma estatal.

El director general de Puertos y Transportes Marítimos justifica la decisión del Govern y apunta que las embarcaciones de chárter han bajado un 20% en Baleares. "Si hay menos embarcaciones por alquilar no tiene ningún sentido que el Estado autorice más licencias. Quien se inventó esto se lució", considera. En la misma línea, celebra el poco éxito de la iniciativa, ya que pese a la norma estatal que permite el alquiler de embarcaciones particulares, "en España sólo ha habido 18 solicitudes para ello y dos de ellas en Baleares".

Por otra parte, expone que Madrid ha recurrido el decreto del Govern al considerar que el Ejecutivo no puede prohibir el alquiler de embarcaciones particulares e, incluso, "puede entender que hay una invasión de competencias y que sea un tema anticonstitucional", según ha explicado Mercant al ARA Baleares. Sin embargo, el director general defiende la norma autonómica y recuerda que Baleares "tienen competencias exclusivas, que se reconocen en el Estatuto de Autonomía, de los transportes y puntos de la costa del Archipiélago sin tener conexión con el exterior", por lo que "debemos poder regular cómo queremos ser". Así, considera que el gobierno español trata al Gobierno "como un menor de edad".

El presidente delAsociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (APEAM), José María Jiménez, opina que "el gobierno español toma las decisiones sólo con visión desde Madrid y desconoce la situación que existe en Baleares". En este sentido, Jiménez pone el foco en el problema de masificación turística que sufren las Islas. "Ya no caben más chárteres. No queremos que venga nadie de fuera a hacer la temporada aquí", advierte. Sin embargo, no descarta que la normativa estatal pueda servir en otras comunidades autónomas donde la temporada turística es más corta que en Baleares, como Galicia.

Los afectados de la guerra política

La contraofensiva del Gobierno ha tenido daños colaterales, ya que el Ejecutivo, además de prohibir el alquiler turístico de embarcaciones privadas, ha incorporado otros requisitos para poder realizar esta actividad económica que afecta a una parte del sector náutico. La gerente de la nueva Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (APANIB) –que representa a una parte de las pequeñas y medianas empresas del sector del chárter náutico profesional–, Marina Seguí, considera que la normativa estatal ha sido "la excusa" del Gobierno para sacar este decreto. "No nos preocupa el Airbnb náutico. Solo ha habido 18 solicitudes en España".

La nueva normativa establece que las barcas de alquiler –matriculadas en lista sexta, la de actividades lucrativas de uso comercial– deben tener un amarre para desarrollar la actividad. "Los tenderos no pueden vender sin tener un local", justifica Mercant. Por su parte, el presidente deAPANIB, Álvaro Aguirre, reprocha que "no hay amarres", por lo que considera que esta medida "expulsa del mercado de un día para otro a la gente que lleva treinta años trabajando en el sector". De hecho, como avanzó el ARA Baleares, en las Islas hay 7.511 personas que están en lista de espera para obtener un puesto de amarre público en los puertos estatales y autonómicos de gestión directa, más del doble de los 3.286 amarres disponibles que gestionan directamente el Gobierno y Autoridad Portuaria.

Por su parte, el presidente de APEAM está de acuerdo la norma del Gobierno. "Si no tienes amarre, ¿dónde van las deposiciones? En la cala de turno", dice. Sin embargo, Aguirre considera que "un coche no necesita tener un aparcamiento para poder circular". En este sentido, apunta que los barcos hacen avaradas anuales en las que se realizan los trabajos de mantenimiento". Y si un motor se avería, existe el servicio de Salvamento Marítimo", recuerda.

Plazas individuales

Por otra parte, la normativa también obliga a las empresas a alquilar la embarcación entera y prohíbe la venta de plazas individuales o de tickets a las empresas de chárter. En este sentido, Mercant hace referencia a una normativa estatal que prohíbe vender tiques a este tipo de embarcaciones. "En nuestro decreto sólo recordamos esa prohibición", justifica. Además, apunta que el gobierno español sólo permite este tipo de venta a las embarcaciones que se dedican a realizar excursiones –que están matriculadas en la lista segunda, la de barcos de pasajeros y también los que se utilizan para actividades comerciales de transporte marítimo.

Por eso, Aguirre considera que este requisito beneficia a las embarcaciones de lista segunda (las de transporte de pasajeros), que sí pueden realizar esta actividad. "¿Es mejor meter a 200 pasajeros en un parque natural?". En el mismo sentido pide: "¿Por qué dos familias que se conocen en un hotel no pueden alquilar una barca juntos?" Además, asegura que el hecho de pagar la barca entera a una sola persona hace que los clientes con bajo nivel económico no puedan alquilar ninguna. Por su parte, Jiménez también muestra su desacuerdo hacia la norma. "Si viene un grupo de amigos y cada uno paga su parte, alquilo una barca por plazas. ¿Por qué esto no se puede hacer si es el chárter de toda la vida?", denuncia.

Todo ello ha desatado tensiones en el sector náutico. Incluso, APANIB advierte que 7 de cada 10 empresas pequeñas y medianas de chárter náutico podrían cerrar en Baleares a causa de la nueva normativa. Por eso, la entidad ha interpuesto diferentes recursos ante la justicia para reclamar en contra de esta normativa. Por el momento, según informa APANIB, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un requerimiento previo que cuestionaba el Decreto "para detectar una desproporción de la prohibición de la venta por plazas, por la idoneidad de la norma y por una posible invasión de competencias estatales (Marina Mercant) y por la restricción injustificada de competencia que favorece a determinados operadores". Por otra parte, el gobierno español también ha interpuesto un recurso contra esta parte de la normativa, según afirma Mercant.

La batalla política dificulta la implantación de medidas estables que permitan a las empresas del sector náutico desarrollar la actividad sin dudas y con normalidad. Las administraciones ponen el foco al ganar el pulso que mantienen mientras que las empresas siguen sin saber qué norma prevalece.