El gobierno español solicitará al TC la suspensión cautelar de la derogación de la ley de memoria de las Baleares
El ejecutivo de Pedro Sánchez también interpondrá un recurso de inconstitucionalidad para fundamentar que la derogación de la normativa autonómica vulnera principios constitucionales y obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos y justicia
PalmaEl gobierno español solicitará al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, a la que el Parlament dio el visto bueno el 10 de marzo con los votos del PP y de Vox.
La decisión, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, se elevará al próximo Consejo de Ministros, aunque no ha concretado cuándo. Así, el ejecutivo estatal interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos, que fue aprobada en 2018. Tras materializarse la derogación, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, instó al Gobierno de Prohens a reunirse para intentar encontrar una alternativa. Sin embargo, según el Ministerio, el Gobierno "ha declinado" la propuesta que le plantearon "para la restitución íntegra de la ley".
Es por ello, como ya ha sucedido cuando otras comunidades autónomas han derogado sus respectivas leyes de memoria, el Gobierno ha solicitado un dictamen al Consejo de Estado para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad. El ejecutivo estatal, además, solicitará al TC la suspensión cautelar de la ley que derogó la normativa de memoria democrática mientras se resuelve el procedimiento judicial, una medida que con anterioridad ha sido aplicada en casos similares.
El recurso estará fundamentado en que la derogación de la normativa autonómica vulnera principios constitucionales esenciales y las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El Ministerio ha defendido que la eliminación de este marco normativo supone un "desprecio" al estatuto jurídico de las víctimas de la guerra civil española y la dictadura franquista. A su juicio, afecta directamente a derechos vinculados a la dignidad humana y a la integridad moral reconocidos en la Constitución.
Asimismo, desde Madrid han recordado que los relatores de las Naciones Unidas han advertido sobre el riesgo que representan las denominadas leyes de "concordia" para la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Entre los aspectos afectados por la derogación se encuentran las políticas de localización e identificación de desaparecidos, la señalización de 'Lugares de Memoria', los programas educativos y de formación sobre memoria democrática y los mecanismos de colaboración institucional y apoyo a las asociaciones memorialistas. El Ministerio, finalmente, ha subrayado que la supresión de la legislación balear compromete las obligaciones legales de la Ley estatal de memoria democrática, que se aplica a todo el territorio y que establece un deber de colaboración entre todas las administraciones públicas para garantizar los derechos de las víctimas.