El GOB reclama que se retiren los "empleos ilegales" de las zonas de servidumbre de tráfico de Mallorca

PalmaEl GOB ha reclamado la retirada "inmediata" de todas las "instalaciones y empleos ilegales" de la zona de servidumbre de tráfico y protección de la costa de Mallorca, así como una auditoría sobre el estado actual de ocupación de esta franja.

La entidad ha hecho esta demanda a raíz de la denuncia interpuesta el año pasado por la ocupación "reiterada y completamente ilegal" de la zona de protección y servidumbre de tráfico en el litoral de Can Picafort. Una situación que, según indicó en un comunica, pone en evidencia un "descontrol institucional grave y sostenido en el tiempo" y que constituye una "amenaza" para la conservación del litoral, la seguridad y los derechos colectivos.

Después de una investigación ciudadana y técnica impulsada a partir de aquella denuncia, el GOB ha confirmado —según un acta de inspección del Consell de Mallorca de este mes de abril— que más de 30 establecimientos comerciales "ocupan desde hace años zonas de protección, de servidumbre de tráfico e incluso de dominio público marit, ninguna autorización vigente desde el año 2016". La entidad ha advertido de que, aunque algunos empleos sólo se han denunciado formalmente de forma reciente, la "falta de control y de actuación" por parte de las administraciones ha sido "absoluta durante años".

"Sólo ahora, en 2025, se han empezado a tramitar algunas solicitudes de autorización, mientras las ocupaciones continúan plenamente operativas y visibles, remarcaron. A este panorama se añade la organización de un mercado semanal sobre la misma franja de servidumbre, así como la presencia de obras e instalaciones privadas que no constan".

Según el GOB, el caso de Can Picafort "no es un caso aislado", sino que es "extrapolable a todo el litoral balear", y la gravedad de la situación "se acentúa por la absoluta confusión competencial entre instituciones"

La entidad ecologista ha explicado que insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y por la directora insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, Maria José Frau, que "no tiene competencias sancionadoras ni de policía a la servidumbre de tráfico", y por tanto las atribuye a la Consejería de la Mar y el Ciclo del Agua que su traslado, afirma textualmente que éste es "el organismo competente" para estas actuaciones. El GOB considera que esta situación "no sólo ejemplifica una dejadez preocupante en el caso concreto de Can Picafort, sino que abre la puerta a la misma vulneración legal en toda la costa urbanizada de Mallorca". público y para servicios de emergencia y seguridad", denunciaron.

La entidad recordó que, según la Ley de costas, la zona de servidumbre de tráfico es una franja de seis metros desde el límite interior de la ribera del mar hacia el suelo, que debe estar libre para el paso de peatones y vehículos de salvamento. de este espacio "obstruye vías de evacuación y de salvamento, reduce la accesibilidad y el derecho al litoral como espacio público, representa un riesgo para la salud y la seguridad, y constituye una vulneración flagrante de la legalidad vigente"

. efectiva del litoral y la apertura de expedientes sancionadores "a todos los infractores"