GOB, Arrels Marines y vecinos afectados de Alcudia advierten del impacto y la presión urbanística que puede provocar el cable eléctrico entre Mallorca y Menorca
Las entidades piden que se revise el estudio ambiental que acompaña el proyecto y han presentado alegaciones
AlcúdiaLas entidades GOB Mallorca, Arrels Marines y la asociación de propietarios afectados ANACA han advertido este miércoles que el proyecto de segundo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca no es una solución viable en los términos actuales y han reclamado una revisión profunda del estudio de impacto ambiental. Lo han dicho en una rueda de prensa en Alcúdia, en la que han presentado también las alegaciones que han registrado en el marco de la tramitación del proyecto.
Según han explicado, la documentación ambiental de Red Eléctrica "presenta carencias y discrepancias con otros informes técnicos disponibles", ha afirmado Tonina Siquier, portavoz del GOB. Este hecho, consideran, deja "demasiadas incógnitas abiertas sobre el impacto real de las obras en el fondo marino", en palabras de uno de los representantes de ANACA, Miquel Amorós. Por ello, piden que el Ministerio para la Transición Ecológica obligue a elaborar un segundo informe que permita aclarar la base científica del proyecto y las diferentes alternativas de trazado.
Las entidades han puesto especial énfasis en el impacto potencial sobre espacios marinos protegidos como las bahías de Pollença y Alcúdia y el canal de Menorca, incluidos en la red Natura 2000. Alertan que el proyecto podría afectar hábitats sensibles como la posidonia, los rodolitos y el coralígeno, así como especies como la nacra y el cachalote.
Más allá del impacto directo, las organizaciones también han advertido de efectos indirectos que consideran relevantes y que no se habrían evaluado suficientemente, como el aumento de la capacidad de consumo energético asociada a una nueva infraestructura, el refuerzo de un modelo turístico y urbanístico de más presión y la posible proliferación de parques de baterías en suelo rústico, que califican de riesgo de especulación energética.
Amorós ha insistido en la importancia "de poner el foco en el proceso administrativo y en la falta de tiempo para analizar toda la información técnica disponible", incluidos los informes recientes encargados por instituciones locales. Tanto el representante de ANACA como el resto de portavoces de las entidades han recordado que el pleno municipal de Alcúdia ya ha pedido por unanimidad que se reconsideren las alternativas.
En este contexto, las tres entidades coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, no responde a suficientes criterios de rigor ambiental y territorial, y reclaman que se detenga o se revise a fondo antes de continuar con la tramitación.