La Federación Hotelera, sobre la ley agraria: "Ya sabemos qué pasa si metemos a los turistas en los pisos, y ahora queremos llevarlos al campo"?
Los hoteleros piden formalmente al Govern que declare la agricultura como sector estratégico para financiarlo "como se merece" y sin recurrir a turistizarlo
PalmaLos hoteleros de Mallorca consideran un error que la viabilidad del campo implique realizar más plazas turísticas y han pedido a la Conselleria de Agricultura en sus alegaciones a la ley agraria que no se genere mayor capacidad de alojamiento. Las alegaciones de los hoteleros no se limitan a criticar la turistización del sector agrario, sino que reclaman al Gobierno que priorice "de verdad" al sector primario y que lo declare como servicio esencial y estratégico, para que se deriven más recursos públicos de forma "sistemática y regular".
El escrito de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) propone "dar al campo el trato que se merece", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló. Los hoteleros proponen que se trabaje con una figura específica para el sector primario que incluya un reconocimiento de estatus oficial y que permita financiar las actividades productivas y apoyarles por su importancia estratégica. "Generan valor, alimentos, paisaje, y hay un consenso sobre su importancia. Pero lo que no entendemos de ninguna manera es que se plantee hacerlo viable orientándolo hacia el turismo", ha lamentado Aguiló.
En este sentido, los hoteleros consideran que "hay que abrir todas las posibilidades, desde incrementar los fondos de la ecotasa para el sector hasta reclamar que, con una declaración formal de sector estratégico y esencial, se logren fondos europeos y estatales, para que su contribución a la riqueza de las Islas es indudable", ha explicado. al proyecto de ley agraria, cuya exposición pública acaba de finalizar.
Otra de las críticas de los hoteleros es que la Conselleria de Agricultura pueda autorizar las nuevas agroestadas dentro del suelo rústico sin que se tenga en cuenta que las competencias en esta materia corresponden exclusivamente "a los consejos insulares, que quedan desautorizados". "Los consejos son los que deben decir qué se puede hacer y qué no en el suelo rústico. Además, fomentar nuevas plazas en el campo es desnaturalizarlo e ir en contra del espíritu del sector primario", ha lamentado Aguiló.
Los hoteleros consideran que si hay un debate importante sobre la saturación, no tiene sentido promoverla en el campo con más turistas. "Ya sabemos lo que ha pasado cuando hemos metido a los turistas en los pisos, ¿y ahora queremos meterlos en el campo?", ha pedido la vicepresidenta.
La norma ha recibido un alud de críticas, especialmente porque introduce figuras turísticas y residenciales en el campo. Incluso el Fomento del Turismo, una entidad que se manifiesta sobre proyectos de ley en contadas ocasiones, ha remitido una carta a la presidenta Marga Prohens en la que advierte que sus asociados "están molestos y preocupados por iniciativas como la futura ley agraria", porque "introduce aspectos que pueden desbordar el ámbito de la actividad agraria y que desvirtúan la actividad". Esta entidad también considera importante acotar los productos que se pueden comercializar en la venta directa y las actividades que se pueden realizar para "no provocar competencia desleal con los agroturismos y otros sectores legalmente establecidos".
Muchas críticas que coinciden
La ley agraria acumula importantes críticas procedentes de sectores muy diversos, pero concentradas en algunos artículos. Principalmente, los que tienen que ver sobre la desregulación urbanística, cómo la capacidad de construir más y aumentar volúmenes, y la actividad turística, que pasa de seis a diez plazas por explotación. En estos aspectos, y también en la posibilidad de crear nuevos puntos de venta –medida que ha denunciado Afedeco–, existe coincidencia por parte de la mayor parte de los colectivos profesionales y cívicos que han presentado alegaciones.
Las entidades ambientales como el GOB han sido las más contundentes: denuncian que el texto, tal y como está redactado, desvirtúa la protección del suelo rústico y abre la puerta a "usos impropios", legalizaciones masivas y una ola de edificaciones y actividades que no tienen la producción agraria como prioridad. Reclaman la retirada o reescritura del proyecto para que priorice la función alimentaria y ecológica del campo por encima de actividades turísticas o mercantiles, que hacen más frágil el suelo agrícola.
Los ecologistas exigen que se limiten o se prohíban nuevas edificaciones destinadas a actividad turística en suelo rústico y que se controlen las ampliaciones. También reclaman que se revisen definiciones y criterios sobre "actividades complementarias" para que no permitan que la actividad principal deje de ser el cultivo.
Sindicatos y entidades agrarias, contra la desnaturalización
Las entidades del sector agrario también han presentado alegaciones, pero con matices: algunas organizaciones piden que la nueva ley favorezca la viabilidad económica del cultivo profesional, pero alertan de que las medidas propuestas –especialmente las que permiten actividades complementarias con ampliaciones de edificabilidad– podrían beneficiar a inversores y no al campesinado tradicional. La asociación de productores ecológicos Apaema ha pedido a la Conselleria de Agricultura "qué necesidad debe hacer más casetas en rústico", en referencia a las posibilidades urbanísticas que abre la ley.
Las entidades agrarias y el Colegio de Ingenieros del Levante (COIAL) han reclamado que se fomente "una protección más estricta del suelo agrario para evitar la pérdida de superficie productiva y la fragmentación de fincas", en vez de apostar tanto por las actividades complementarias.
El peligro de nuevos establecimientos comerciales
Asociaciones comerciales como Afedeco han expresado rechazo a determinados planes del texto que, según ellos, conceden demasiado margen a la venta directa ya nuevos establecimientos en suelo rústico y crearían una competencia desleal -además de conflictos normativos con la regulación urbanística local. Exigen que la ley no altere competencias municipales ni permita instalaciones que funcionen como comercio permanente con ventajas sobre los establecimientos urbanos.
Los empresarios del comercio no están en contra de la venta directa –que una finca pueda comercializar allí mismo lo que produce–, pero sí de que se pueda abrir la puerta a vender todo tipo de productos y que se fomente cualquier actividad comercial que vaya más allá de un campesino o ganadero defendiendo sus productos.
Así no se detiene la pérdida de importancia del sector
Varios técnicos y colegios profesionales expusieron en las alegaciones que, si el campo camina hacia otros tipos de actividades, se corre el peligro de convertirlo en un espacio "de uso residencial", y pidieron "la conservación del terreno rural". Según el Colegio de Ingenieros del Levante (COIAL), el mundo rural ha perdido relevancia en las últimas décadas en Baleares en gran parte debido a la presión demográfica y la fragmentación de la propiedad agraria. Estos factores han desplazado a la agricultura de su papel estratégico y han provocado el abandono de las explotaciones.