El empresario de la macrogranja de Sineu: "He pedido audiencia a Simonet cuatro veces y no he recibido contestación"

PalmaEl propietario de Avícola Ballester, Onofre Ballester, ha explicado al ARA Baleares que ha pedido hasta cuatro veces para reunirse con el conseller de Agricultura, Joan Simonet, pero lamenta que no ha recibido "ninguna respuesta". En los últimos años el Govern ha sancionado y también ha expedientado a la empresa por las granjas que tiene en funcionamiento. Sin embargo, el propietario ha presentado diferentes alegaciones e, incluso, ha pedido la rectificación de actas que abrió el Ejecutivo.

A la tensa relación entre el Ejecutivo y la empresa, se suma que el Gobierno tumbó el proyecto de la macrogranja de Sineu que Ballester presentó y prohibió estas instalaciones si tienen más de 160.000 gallinas. Hasta el 17 de enero de este año, no había ninguna normativa que limitara el número de aves en las granjas de las Islas y Simonet la elaboró. En todo caso, el proyecto de Ballester no salió adelante porque el Gobierno archivó su procedimiento de autorización ambiental, de acuerdo con un informe de no compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Sineu.

Incremento enorme del consumo de huevos

Entre agosto de 2024 y julio de 2025, el consumo de huevos en España aumentó un 3,4% y se alcanzaron unas ventas de 1.487 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La demanda de huevos ha subido aproximadamente un 20% desde 2019, un aumento que se debe al valor nutricional y saludable que se les ha otorgado en los últimos años. Este año, la ingesta per cápita alcanzó los 9,13 kilogramos por habitante, un punto por encima de los 8,11 que se registraron en 2022.

En un contexto de inflación generalizada, los consumidores españoles han recurrido al huevo como una fuente de proteína más barata. Sin embargo, los huevos no son ajenos a la subida de precios: en Mallorca una docena de huevos convencionales alcanza ya 3,30 euros, mientras que los ecológicos se acercan a los 5 euros. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la subida del precio de los huevos en los supermercados ha sido de un 50% en los últimos seis meses. Cómo ha avanzado Todo Plan, la situación en las Islas se complica aún más por el sobrecoste insular. Producir huevos es aproximadamente un 30% más caro que en la Península, factor que aumenta aún más el precio final. Otro elemento que afecta a Baleares es la reducción del número de gallinas ponedoras. A esto se añade que la demanda de huevos no para de crecer y los productores no pueden satisfacerla.

Avícola Ballester debe quitar 100.000 aves

Todo ello se desarrolla en un contexto en el que la mayor empresa productora de huevos de las Islas, Avícola Ballester (Avícola Son Perot, SA) –que antes del 31 de diciembre de este año debe retirar de la granja de Llucmajor casi 100.000 gallinas para cumplir con el plan de desescalada que le ha impuesto el Gobierno–, está en las de el Ejecutivo porque ha protagonizado varias polémicas en los últimos meses.

Ya hace años que los vecinos de una de las granjas de la empresa, situada en Llucmajor (que tiene seis naves de producción de huevos y una de clasificación), denuncian "los olores nauseabundos de mierda y plagas incesantes de moscas que invaden las casas". Las instalaciones en este municipio son del año 2002. En ese momento trataban pollo de engorde, hasta el año 2016, cuando la empresa cesó la actividad. En 2017 volvió a abrir, pero no como granja de pollos de engorde, sino de gallinas, con un censo inicial de 50.000, que rápidamente ascendió hasta alcanzar las más de 100.000 en 2019.

La polémica sube un peldaño más de intensidad y va más allá de las quejas vecinales, que han pasado a ser denuncias. En marzo y abril de 2023 se interpusieron las primeras denuncias a partir de las cuales la Consejería de Agricultura inició expedientes y una serie de actuaciones. Las primeras que constan son de 2023, según aseguró el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en la Comisión de Economía del Parlament el pasado 13 de noviembre. En septiembre de 2023 se realizaron inspecciones por parte del servicio de Ganadería y los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para fiscalizar el buen uso del estercolero, a partir de las cuales se emitieron informes desfavorables que provocaron una propuesta de expediente sancionador respecto de las deficiencias de la instalación. La empresa presentó alegaciones, pero en diciembre de 2023 se inició el expediente sancionador por el estercolero. En enero de 2024 el Gobierno hizo una inspección de control en la granja de Llucmajor y encontró deficiencias en la nave F, que acogía, teóricamente, gallinas de payés y "no cumplía las condiciones para que lo fueran", dijo Simonet. Así, se iniciaron informes para avanzar en los posibles incumplimientos y determinar si los huevos podían comercializarse como huevos de gallinas criadas al aire libre o no. A finales de mayo, entidades animalistas difundieron imágenes con las que denunciaban que las gallinas y los huevos convivían con ratas, telarañas y cadáveres de gallina. Por eso, ARDE y Satya Animal denunciaron a la empresa ante la Fiscalía por presuntos delitos contra la salud pública y estafa. La Conselleria de Agricultura, tras una inspección, cerró la nave 7G e inmovilizó todos los huevos de las instalaciones de Llucmajor, además de imponer siete sanciones graves y una leve. También ordenaba la baja de inscripción en el registro de la citada nave, por lo que la empresa la vació y sacrificó las 20.480 gallinas existentes.

Las protestas de los vecinos de Sineu

Todos estos hechos coincidieron temporalmente con la presentación del proyecto de la macrogranja de Sineu, que presentó la empresa Avícola Ballester, con una capacidad de casi 750.000 gallinas y que levantó protestas entre los vecinos del municipio y el Govern tumbó el proyecto.

En septiembre de 2024, tras revisar las alegaciones y recursos presentados, se dictó una resolución de medidas cautelares sobre la granja de Llucmajor que prohibió la comercialización de los huevos como huevos de payés y la reducción del censo de gallinas a 40.000. Tras las inspecciones y revisar todos los informes, el Gobierno abrió dos expedientes sancionadores (uno correspondiente a las actuaciones iniciales que se habían realizado en 2023) además de la denuncia previa a Fiscalía. En octubre del pasado año, el Gobierno suspendió ambos informes después de que la Fiscalía abriera diligencias (previstas por la ley), pero no suspendió las medidas cautelares. Además, la granja ya había recibido una sanción de casi 200.000 euros del Govern por carecer de la autorización ambiental integrada, un documento obligatorio para regular la contaminación de las explotaciones.

La suspensión de estos dos expedientes por parte de la Conselleria de Agricultura es objeto de discusión en el Parlament. La izquierda cuestiona la decisión del Gobierno y le reprocha que no existe ningún informe técnico que avale la decisión del director general de firmar la suspensión del procedimiento. "La Fiscalía lo investiga, pero no existe ningún proceso judicial abierto y no corresponde la paralización de los expedientes y tampoco hay ningún técnico que avale esta decisión", reprochó el diputado del PSIB Marc Pons a la Comisión de Economía del 13 de noviembre. Actualmente, tal y como le impuso el Gobierno, Avícola Ballester hace el proceso de desescalada para dejar su censo en 40.000 gallinas. La reducción de animales también supone una disminución en un momento en que la demanda crece. Por ello, el propietario de Avícola Ballester, Onofre Ballester, considera que con todas estas medidas "han detenido el producto local" y lamenta que ha tenido que dejar de servir a algunos supermercados porque no dan abasto a atender la demanda.