El documento donde Fageda cedió Son Bordoy a los gitanos
Documentos municipales acreditan la cesión de Son Bordoy en los años noventa, pero el actual equipo de gobierno reclama su desempleo.
PalmaEn 1993 la Asociación Cultural Cristiana Gitana Balear solicitó al Ayuntamiento de Palma que le cediera Son Regalo Nuevo, una finca de titularidad municipal de aproximadamente 33.200 metros cuadrados, ubicada en el Molinar (Palma), con el objetivo de realizar actividades de promoción y para la actuación en materia de drogodependientes y su posterior reinserción. Cort aceptó la petición y el 10 de diciembre de 1993 el alcalde de Palma en ese momento, Joan Fageda (PP) y también el concejal municipal de Acción Social, Bartomeu Oliver firmaron una cesión de uso del terreno a la que ha tenido acceso el ARA Baleares. Incluso, el equipo de gobierno de Fageda desalojó a un precarista que vivía en la finca de Son Regalo para cederla a la entidad. El particular que vivía irregularmente se opuso en reiteradas ocasiones a abandonarla e incluso pidió una prórroga al Ayuntamiento de Palma para poder estar más tiempo e, incluso, propuso como alternativa dar a la entidad la finca de Son Fernando Nou (situada junto a Son Regalo), pero Cort lo rechazó.
La cesión de uso tenía una duración inferior a cinco años, concretamente de cuatro y por tanto la decisión no tuvo que ir a pleno. Con este documento, queda acreditado cómo la entonces mayoría del PP en Cort decidió que una entidad gitana pudiera ocupar la propiedad de forma legal, y que algunas personas pudieran permanecer allí.
En 1997 caducaba la cesión de uso pero el departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Palma, concretamente la concejala delegada del área, Carme Sagrado Mezquida (PP) determinó que no había "ningún inconveniente para prorrogar la cesión", tal y como se puede leer en el documento. Sin embargo, parece que al caducar la prórroga de la cesión, ninguna de las dos partes interesadas (el Ayuntamiento de Palma y los residentes) hizo el intento de renovarlo, pero tampoco de liquidarlo formalmente. Ahora, 32 años más tarde, los habitantes de Son Bordoy han recibido un acta de requerimiento policial para el cese voluntario de una ocupación ilegal de bienes públicos. El mismo ayuntamiento y la misma mayoría política que les autorizaron la estancia, ahora quieren desahuciarlos.
Fuentes consultadas por el ARA Baleares, vinculan la cesión del terreno al poder que en ese momento tenían los gitanos en Ciutat ya una muy buena relación con diferentes concejales del equipo de Joan Fageda. "Tenían una oficina en el Ayuntamiento de Palma y gestionaban las ayudas del centro penitenciario, entre otras cosas", recuerdan. Todo el poder que se les otorgaba "se traducía con votos" que beneficiaban a los dirigentes de ese momento que, casualmente, eran del mismo color político del gobierno municipal que actualmente les quiere echar de Son Bordoy para construir 750 viviendas, de las cuales 150 tendrán que ser de protección pública, 350 de precio tasado y el resto, libres.
Los residentes de Son Bordoy, sobre todo los más mayores, recuerdan como si fuera ahora el día que Fageda les cedió el terreno y también el documento que lo constataba. De hecho, ante los intentos de Cort de desalojarlos, han remarcado en reiteradas ocasiones que "el señor Fageda y la señora Angelines" –quienes definen como la mano derecha del ex alcalde– les dejaron estar en Son Bordoy hace 32 años. Pero no disponen del papel que lo acredita y Cort tampoco se lo quiere dar, según denuncian, y que es el documento que ha obtenido el ARA Baleares.
Antes de trasladarse a Son Bordoy, el colectivo residía en chabolas repartidas por Ciutat, como es el caso de Ángel, un hombre de 67 años de edad que lleva 32 viviendo en Son Bordoy. Él habitaba una chabola que estaba en primera línea de mar en el barrio del Molinar, donde ahora sólo hay chalets y viviendas de alto valor económico. Todo parece una paradoja. Los sacaron de su casa y los concentraron en Son Bordoy con el objetivo de construir viviendas y, casi tres décadas después la historia se repite. Pero, a diferencia de hace 30 años, quieren quitarles "sin darles ninguna alternativa habitacional", según ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).