Desacuerdo absoluto entre Prohens y los ecologistas: "No tomará ninguna medida real contra la saturación"

PalmaDurante tres horas, la presidenta del Gobierno, Margalida Prohens, y los representantes del GOB y Terraferida han abordado el clamor que este verano se ha sentido en las calles para pedir límites al modelo de consumo de territorio y saturación turística de las Islas Baleares. Prohens ha recibido a las dos entidades ecologistas este martes por la tarde en el Consolat de Mar, después de unos meses marcados por las movilizaciones sociales masivas.

Las tres horas, sin embargo, no han sido suficientes para acercar posiciones entre las dos partes, que han terminado en "desacuerdo absoluto", en palabras de la vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier. "No coincidimos ni en el diagnóstico ni en las medidas", ha resumido Siquier.

A pesar del resultado, los ecologistas han destacado el talante "dialogante" de Prohens. En la reunión también han participado el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. Ahora bien, los ecologistas consideran que la predisposición al diálogo no se ha traducido en ningún acercamiento sobre las políticas necesarias para afrontar la saturación.

El principal punto de ruptura es el decrecimiento y acusan al Ejecutivo de intentar responder a la saturación turística con "pequeñas medidas de maquillaje y contención que nos llevarán al colapso". "La sociedad mallorquina ya está cansada de estudios, planes y fotografías, tanto de los gobiernos de izquierdas como de los de derechas", ha asegurado Siquier. "La percepción de que hemos superado los límites es tan grande que tenemos que pasar a la acción, y no aprobar leyes de manera subrepticia para poder seguir creciendo", ha añadido. La vicepresidenta del GOB también ha advertido que "la gente está harta de que unos y otros se pasen la pelota".

Los representantes del GOB y Terraferida también han trasladado al Consolat las 1.050 aportaciones recogidas durante la cadena humana del 29 de agosto, impulsada por Madò Farta, y en la manifestación contra la ampliación del aeropuerto del domingo pasado. Los participantes debían responder en una hoja a la pregunta '¿Qué Mallorca queremos?'. Entre estas aportaciones también hay una carta que Madò Farta ha dirigido directamente a la presidenta Prohens.

Contener no es suficiente

Las entidades ecologistas presentan una enmienda a la totalidad al modelo de crecimiento económico, territorial y urbanístico de las Islas Baleares, en expansión permanente, y han entregado un extenso documento a Prohens en el que reclaman un cambio profundo basado en políticas concretas. "Ya no basta con contener, tenemos que empezar a reducir", es el mensaje principal que se ha trasladado al Consolat de Mar. GOB y Terraferida piden que se reduzcan activamente la presión turística, urbanística y automovilística, los impactos sobre los ecosistemas y el consumo de energía y de recursos naturales "para garantizar que las generaciones futuras puedan continuar viviendo dignamente en estas islas".

Advierten que las crisis de vivienda, movilidad, agua, biodiversidad y calidad de vida son problemas interrelacionados consecuencia de este modelo económico basado en el crecimiento ilimitado. Por eso, reclaman que las políticas públicas adapten la economía y el desarrollo a los límites físicos y ecológicos de las Islas Baleares, en vez de adaptar el territorio a un crecimiento sin fin, y piden que se sustituya la idea de "gestionar mejor la saturación" y de "contención" por políticas explícitas de reducción de las presiones existentes. "Mallorca no necesita aprender a soportar mejor la saturación, necesita dejar de estar saturada", insisten.

El documento entregado a la presidenta del Ejecutivo expone ocho líneas principales de actuación, que se basan en recuperar la vivienda para vivir en ella, detener el crecimiento urbanístico, poner freno a las nuevas carreteras y apostar por el transporte público, poner límites al crecimiento aeroportuario, adaptar el crecimiento al agua disponible, recuperar la autonomía alimentaria, volver a la esencia inicial de la ecotasa, y garantizar un futuro habitable y seguro climáticamente.

Los ecologistas se han mostrado especialmente críticos con el Pacto por la sostenibilidad: "Las grandes decisiones que se toman en paralelo continúan facilitando más desprotección del territorio, más urbanización, más usos turísticos y más carreteras". Por eso, y señalando esta contradicción sin cuestionar los espacios de diálogo, aseguran que "la sostenibilidad no se demuestra con el número de mesas de diálogo que se convocan, sino con las decisiones que se toman". El diálogo, aseguran, "solo tiene sentido si estamos dispuestos a hablar también de límites y de reducción de las presiones que ya son insostenibles", y marcan los límites biofísicos como el marco dentro del cual "cualquier modelo económico debe funcionar" en un territorio insular.

Asimismo, el documento reclama recuperar los mecanismos de la Ley 10/2023 de bienestar para las generaciones presentes y futuras que fueron suprimidos o debilitados en 2024 por el Decreto ley de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno del PP con el apoyo de Vox, especialmente los informes de impacto intergeneracional de normas, planes, presupuestos y grandes proyectos; las funciones de la comisión encargada de velar por la aplicación de la ley; y la evaluación de todas las grandes decisiones según su incidencia futura sobre el agua, el territorio, el clima, la biodiversidad y la calidad de vida.

Vivienda

Para hacer frente a la grave crisis residencial que viven las Islas Baleares, los ecologistas piden que se declaren las Baleares zona de mercado residencial tensionado, regular los precios del alquiler, movilizar viviendas vacías y ampliar el parque público mediante compra y rehabilitación, garantizar que la vivienda protegida mantenga permanentemente su función social, aprobar una moratoria de nuevas licencias de alquiler turístico, perseguir la oferta turística ilegal y reducir progresivamente las plazas existentes, sin retornar a la bolsa las que se den de baja.

Detener el crecimiento urbanístico

Una moratoria inmediata de nuevas edificaciones en suelo rústico es una de las principales medidas que el GOB y Terraferida han puesto sobre la mesa para poner freno a la urbanización masiva, además de avanzar hacia la prohibición de nuevas viviendas dispersas. También apuestan por impedir el desarrollo de los suelos urbanizables todavía no transformados, impedir nuevas piscinas privadas, y evitar que la reforma de la Ley agraria convierta el campo en una nueva frontera urbanística, inmobiliaria o energética.

El documento destaca que entre los años 2021 y 2024 se artificializaron 546 hectáreas de suelo agrario y se construyeron o ampliaron 846 chalets, mientras que entre el 2015 y el 2024 se construyeron 10.680 piscinas nuevas en Mallorca, casi un tercio de las cuales situadas en suelo rústico.

Menos carreteras y más transporte público

En un momento en que el colapso circulatorio se ha generalizado en las carreteras de Mallorca, las entidades han solicitado paralizar las ampliaciones previstas en el Plan de carreteras, ya que generan tráfico inducido, una mayor dispersión territorial y una mayor dependencia del coche. También quieren que se limite el número de vehículos que pueden circular por la isla y sustituir el Convenio de Carreteras con el Estado por un Convenio de Movilidad Sostenible.

En este sentido, piden el impulso del tren de Llevant y de la conexión ferroviaria con Alcúdia, además de aumentar las frecuencias ferroviarias, reforzar los autobuses y recuperar los carriles bus-VAO allí donde sean efectivos.

Límites al crecimiento aeroportuario y turístico

Otra de las líneas principales de las peticiones a Prohens es la reducción de las plazas turísticas, eliminar el gasto público en promoción turística y los incentivos a nuevas rutas aéreas comerciales. Con respecto al crecimiento aeroportuario, piden oponerse a las ampliaciones de la capacidad operativa de los aeropuertos e incorporar límites ecológicos y sociales en función de cada isla en la gobernanza aeroportuaria.

Asimismo, han aprovechado para criticar que el DORA III impulsado por Aena prevea inversiones de 622 millones de euros en Palma, 230 millones en Ibiza y 170 millones en Menorca, dentro de una planificación basada en el crecimiento del tráfico aéreo.

No a los nuevos crecimientos sin agua disponible

La crítica más contundente en lo que respecta al agua es sobre la Ley 4/2026, que permite tramitar determinados desarrollos urbanísticos sin informe de Recursos Hídricos. Por ello, piden condicionar cualquier nuevo desarrollo urbanístico o turístico a la existencia acreditada de agua suficiente y recuperar y reforzar los informes de suficiencia hídrica. También apuntan a la necesidad de proteger los acuíferos y reducir los consumos excesivos residenciales, turísticos y recreativos. Rechazan frontalmente que la respuesta estructural sea producir más agua mediante más desalación o nuevas captaciones.

Sector primario y capacidad de producir alimentos

Entre el paquete de medidas, el GOB y Terraferida apuestan por aumentar la autonomía alimentaria y reducir la dependencia exterior, lo cual implicaría la protección del suelo agrario y los ecosistemas marinos y garantizar el relevo generacional para el campesinado, además de reforzar la agricultura, la ganadería extensiva y la pesca artesanal de bajo impacto. También piden que se incorpore producto local, ecológico y de temporada en escuelas, residencias y hospitales.

Ecotasa finalista para proteger el territorio

Los ecologistas se muestran muy críticos con la desvirtuación del Impuesto de Turismo Sostenible y abogan por "recuperar el sentido de la ecotasa". Esto implicaría aumentar su cuantía para que se adapte a la presión turística actual, darle un carácter finalista y destinarla prioritariamente a restaurar ecosistemas, proteger el territorio y adaptar las Islas al cambio climático.

Un futuro habitable

Por todo ello, y con el objetivo de garantizar un futuro habitable y seguro climáticamente, las dos entidades han pedido a Prohens que se acelere la aplicación de la Ley del cambio climático aprobada en 2019, convertir la "seguridad climática" en un criterio transversal que afecte a todas las grandes decisiones públicas, evitar que la transición energética implique ocupar suelo agrario o espacios de valor ecológico y ejecutar las propuestas pendientes hechas por la Asamblea Ciudadana por el Clima.

"El 26 de julio, más de 70.000 personas salieron a las calles de Palma para decir que Mallorca está al límite". Aquella movilización no pedía simplemente gestionar mejor la saturación, aseguran, sino que "expresaba la necesidad de enfrentar sus causas", por lo cual las instituciones "tienen ahora la responsabilidad de convertir este clamor en decisiones", han concluido.