Dos desahucios cada día por no pagar el alquiler

PalmaUna pareja con dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad, tenía que volver a afrontar esta semana una situación para la cual nadie está preparado: que los echen de su casa. El desahucio, previsto en Palma, quedó suspendido. Ya se había aplazado en julio, cuando activistas se concentraron ante el bloque, y ahora el juzgado ha vuelto a frenar el lanzamiento. Según Stop Desahucios Mallorca, la nueva normativa estatal aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez esta semana y que Vox, el PP y Junts han tumbado en un debate en el Congreso que pasará a la historia política, ha sido uno de los argumentos jurídicos tenidos en cuenta.

No es el único. En los cuatro días de vigencia del conocido como decreto Maricarmen, al menos cuatro desahucios previstos en Inca y Palma han quedado aplazados. En Son Gotleu, una madre y sus dos hijos también han ganado tiempo. Y en Inca, otra familia continúa dentro de una vivienda que, tras un largo conflicto inmobiliario, acabó en manos de la Sareb. Son solo cuatro expedientes judiciales, pero resumen un problema que hace tiempo que ha dejado de ser excepcional. El desahucio vinculado al alquiler se ha convertido en un drama cotidiano en las Baleares, que tienen el dudoso honor de estar a la cabeza de todas las comunidades del Estado en el número de expulsiones de ciudadanos de sus viviendas por no poder hacer frente al pago del alquiler.

En 2025, los juzgados practicaron 731 lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Más de dos cada día. Y ya representan el 85,9% de todos los lanzamientos de las Islas: casi nueve de cada diez. Estos registros son, junto con Cataluña, los más elevados por cada 100.000 habitantes.

La magnitud explica en parte por qué la vivienda vuelve a bullir en la calle. Esta semana pasada, cientos de personas salieron en Palma y una parte de los manifestantes acabó plantando tiendas en la plaza de España.

No es solo la respuesta al caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que ha convertido la crisis de la vivienda en una cuestión política de primer orden estas últimas semanas. En las Islas el malestar viene de más atrás. Los precios del alquiler, la dificultad para renovar contratos, los desahucios y la sensación de que cada vez una parte más grande de la población queda fuera de la propiedad han ido acumulando presión.

Un problema que no para de crecer

En 2013, primer año con datos comparables del Consejo General del Poder Judicial, el 64,6% de los lanzamientos de Baleares estaban vinculados al alquiler. Las ejecuciones hipotecarias representaban el 33,7%. Doce años después, los procedimientos relacionados con el impago del alquiler son el 85,9% y los hipotecarios han caído hasta el 10,5%.

La crisis financiera dejó la imagen de familias que perdían su casa porque no podían pagar la hipoteca. Ahora la fotografía es otra: el desahucio balear es, cada vez más, un desahucio de alquiler. Y las Islas destacan también cuando se corrige el dato por población. Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 20,2 lanzamientos vinculados al alquiler por cada 100.000 habitantes, la tasa más elevada del Estado, por delante de Cataluña, con 19,2, y las Canarias, con 16,6.

La tendencia no deja mucho margen a la duda: el centro de gravedad de la crisis se ha desplazado de la hipoteca al alquiler.

25.000 familias pendientes del Congreso

Cerca de 25.000 familias de las Baleares tienen contratos que terminan en los próximos meses y que se encuentran particularmente expuestas al encarecimiento del mercado. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 calcula que pasar de un contrato que termina a uno nuevo con precios actuales podría representar para los inquilinos de las Islas 4.615 euros más cada año: unos 385 euros mensuales. Es el salto estimado más elevado de todas las comunidades autónomas. La media estatal es de 1.735 euros anuales de incremento, unos 145 euros cada mes.

El aumento que calcula el Estado para los casos isleños justifica la especial preocupación que existe en las Baleares en materia de vivienda, y cómo se ha seguido la polémica tramitación de los dos decretos ley estatales y su derogación.

Los datos oficiales explican de dónde sale esta distancia. El Sistema Estatal de Referencia ya situaba en 2024 el precio medio de los contratos vigentes en las Baleares por encima de los nueve euros mensuales por metro cuadrado. Y el Observatorio de la Vivienda de las Islas, a partir de las fianzas depositadas en el Ibavi, constata una “práctica duplicación” de los valores medios del alquiler entre 2020 y 2025. Ningún municipio presenta ahora una media inferior a la de cinco años antes.

Según Fotocasa, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados pasó de unos 931 euros mensuales a más de 1.500 en cinco años: cerca de 600 euros más cada mes.

En este escenario, cualquier medida que permita alargar hasta dos años determinados contratos que vencen antes de 2028 es vista como la única esperanza, debido a la absoluta falta de viviendas a precios asequibles.

La realidad es que, mientras unos cada vez cobran más por los pisos, otros van quedando fuera de cualquier posibilidad de adquirir uno. Los datos de la Dirección General del Catastro analizados hace unas semanas por el ARA Balears muestran que los titulares de un único bien urbano han ido perdiendo peso de manera sostenida.

En 2007 representaban el 64,78% de los propietarios. En 2026 son el 54,61%. Al mismo tiempo crecen los multipropietarios. Los titulares de dos bienes han pasado del 18,58% al 20,85%; los de tres, del 7,73% al 10,21%; los de cuatro, del 3,56% al 5,29%, y los de cinco, del 1,83% al 2,85%. Entre quienes acumulan de seis a diez bienes, el incremento es todavía más contundente: del 2,51% al 4,64%, casi el doble.

Para la geógrafa de la UIB Sònia Vives, este cambio va al meollo del problema. “La tendencia general es que se está pasando de la propiedad a la multipropiedad”, ha explicado al ARA Balears. La propiedad, dice, funciona cada vez más como una frontera económica. Quien ya tiene patrimonio puede obtener rentas y disponer de más capital para continuar acumulando. Quien tiene que destinar una parte muy elevada del salario al alquiler ve cómo cada mes se aleja un poco más la posibilidad de ahorrar lo suficiente para comprar. “Esto significa que hay más gente que se está empobreciendo y más gente que se está enriqueciendo”, advierte Vives.

Vivir de la vivienda

Su crítica va más allá de si hay muchos o pocos pisos disponibles. Tiene que ver con la función que la vivienda ha adquirido dentro de la economía en zonas turísticas como las Baleares. Hace años que Vives plantea una pregunta muy sencilla: “¿Pensamos en la vivienda como un lugar para vivir o como una manera de obtener rentas?”

Tener un piso y alquilarlo para completar una pensión o un salario es un planteamiento que ahora mismo suena a pasado, y que hoy en día supera los salarios medios de la mayor parte de la población isleña. Cuando la vivienda se convierte en un modus vivendi, y por tanto el objetivo ya no es complementar una renta sino vivir de las rentas inmobiliarias, el conflicto está servido.

“Porque esa renta no sale de la nada. Sale, en buena parte, del salario de quien ocupa el piso”, recuerda Sònia Vives. Y aquí está la contradicción que la geógrafa de la UIB pone sobre la mesa: en un territorio donde los alquileres han crecido mucho más que la capacidad adquisitiva de una parte de los residentes, para que unos puedan vivir cada vez más de las rentas, otros tienen que dedicar cada vez más renta a poder vivir.

En Ibiza, la investigadora ya lo había resumido con una expresión especialmente gráfica: “Empobrecimiento por vivir”.

Por mucho que socialmente exista una gran carga crítica contra los grandes fondos de inversión que han ido entrando en la tenencia de viviendas, en las Baleares todavía representan un segmento pequeño. Aunque no hay un dato específico que aporte el número de propiedades que tienen estas corporaciones que hoy se dedican a la especulación, el Colegio de Agentes de la Propiedad y otros organismos insisten en el hecho de que el grueso del mercado del alquiler balear está en manos de propietarios de una o dos viviendas.

Para el sector inmobiliario, como explica el asesor y experto Pedro García, si no hay más oferta, “hay que extremar la precaución en cuanto a las medidas legislativas”. Por eso reclama “políticas combinadas y constantes, no fruto de un momento político. Más construcción de vivienda pública, que continúa bajo mínimos”, afirma. Para Vives, en cambio, limitar el diagnóstico a la falta de oferta deja fuera una parte esencial del problema: la desigual distribución de la propiedad y el peso creciente que las rentas inmobiliarias tienen en una sociedad donde cada vez más personas tienen que vivir de alquiler.

De momento, con los decretos ley derogados, las estadísticas de desahucios y, detrás, el drama para las personas que lo viven, continuarán aumentando.