La Delegación del gobierno pide que se abra un expediente disciplinario por las cargas policiales

PalmaLa Delegación del gobierno español en las Illes Balears ha pedido a la Dirección General de la Policía que abra un expediente de información reservada para determinar si algunos de los agentes que intervinieron en las cargas policiales del domingo pasado en Palma cometieron infracciones susceptibles de sanción disciplinaria. La decisión llega después de una semana marcada por una intensa polémica política y social a raíz de la actuación policial al final de la manifestación contra la masificación turística del 26 de julio.

El delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, ha dado este paso después de haber encargado un informe exhaustivo sobre los hechos al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla. Antes incluso de recibir las conclusiones de este informe, Rodríguez ha solicitado formalmente que se investigue si algunos agentes hicieron un uso excesivo de la fuerza durante la intervención.

En un comunicado, la Delegación del gobierno ha asegurado que trabaja "con rigor y seriedad" para impulsar los procedimientos administrativos necesarios para aclarar qué pasó y ha afirmado que los resultados y las conclusiones de la investigación se harán públicos cuando el proceso haya finalizado.

Las cargas policiales se produjeron después de la manifestación convocada por la plataforma Menos Turismo, Más Vida bajo el lema 'Mallorca al límite'. La protesta reunió a 25.000 personas, según la Policía Nacional, y a 70.000, según la organización, y se convirtió en la movilización más multitudinaria contra el modelo turístico de los últimos años.

La tensión se desencadenó cuando la Policía Nacional impidió el acceso de los manifestantes a las Voltes, espacio donde se debía leer el manifiesto final. Los organizadores denunciaron que el recinto había sido limitado a unas 2.000 personas por motivos de seguridad, una justificación que generó aún más controversia cuando, solo tres días después, el mismo espacio acogió un concierto con más de 3.000 asistentes. Esta contradicción alimentó las críticas sobre una posible restricción del derecho de manifestación.

Después de la lectura del manifiesto en el Parc de la Mar, se produjeron diversas cargas policiales que dejaron al menos ocho personas heridas, entre ellas un fotoperiodista. Las imágenes de las intervenciones, difundidas ampliamente en las redes sociales, provocaron una ola de indignación y motivaron denuncias de participantes que aseguraron haber recibido golpes de porra o haber sido agredidos mientras intentaban auxiliar a otros manifestantes.

Los hechos llegaban, además, después de unas semanas de creciente tensión alrededor del movimiento contra la masificación turística. La publicación del manual de acción directa de la plataforma Menos Turismo, Más Vida, la detención de dos activistas relacionadas con presuntos actos vandálicos contra inmobiliarias y el endurecimiento del debate político sobre las protestas habían situado la movilización bajo una fuerte presión antes incluso de que se llevara a cabo.

A raíz de las cargas, los colectivos convocantes, numerosas entidades sociales y diversas organizaciones políticas reclamaron responsabilidades y exigieron la dimisión del delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez. Este miércoles, sin embargo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le expresó públicamente su apoyo.

En paralelo, sindicatos policiales también han criticado la actuación del delegado, pero por motivos opuestos. Consideran que sus pronunciamientos públicos cuestionan una intervención que, según defienden, fue proporcional y ajustada ante la actitud agresiva que atribuyen a una parte de los manifestantes.

Ahora, el expediente de información reservada deberá determinar si alguno de los agentes desplegados durante el dispositivo vulneró los protocolos de actuación o si el uso de la fuerza se ajustó a los criterios establecidos por la Policía Nacional.