Una cuarentena de macroparques solares eludirá la prohibición
La enmienda de MÁS aprobada en el Parlament para acabar con la fórmula exprés para grandes instalaciones industriales de energía no evitará la destrucción de más de 1.200 hectáreas de suelo rústico
PalmaLa tramitación de una cuarentena de proyectos de macroparques solares que afectan a 1.200 hectáreas de suelo rústico saldrá adelante pese a la prohibición unánime del Parlament de eliminar la vía rápida reservada para los proyectos industriales estratégicos. La medida atiende a una enmienda de MÁS, con la que pedía frenar el alud de proyectos de grandes dimensiones que habían aprovechado la consideración de estratégicos para conseguir la bendición del Consejo de Gobierno sin poner filtros ni criterios territoriales a su implantación.
"Es una gran iniciativa, pero llega demasiado tarde", explica la portavoz de 'Renovables sí, pero así no', Margalida Rosselló. "Nosotros incluso tenemos identificados aún más proyectos, y por tanto el impacto territorial, según nuestro criterio, se acerca a las 2.000 hectáreas. Todo esto ya no se detendrá porque ya está en trámite", explica.
De entre los proyectos que no se verán afectados por la nueva prohibición –aprobada dentro del texto de la Ley de obtención de suelo–, destacan los que ya tienen acuerdo del Consejo de Gobierno para hacerse: Santa Eulalia III (Santa Margalida), Goleta y Xalana (Santanyí), Alten Mallorca (Petra), Son Vent (Marratxí), Llaüt (Muro) y una planta de aprovechamiento de biomasa en Manacor.
"Algo hemos hecho mal como sociedad si existe esta visión de los proyectos que en principio son para mejorar el medio ambiente y reducir las emisiones", dijo el director general de Energía del Gobierno, Diego Viu, en una reciente conversación con el ARA Baleares.
La implantación masiva de parques fotovoltaicos en Baleares ha generado un amplio debate sobre su sostenibilidad territorial y paisajística. La plataforma 'Renovables sí, ¡pero así no!' ha alertado del aumento acelerado de centrales solares sobre suelo rústico, muchas de las cuales se han tramitado sin una planificación territorial y afectando a hectáreas de gran valor ambiental, agroeconómico y paisajístico.
Según datos de la plataforma, actualmente existen 76 centrales fotovoltaicas operativas en Baleares, que ocupan 412 hectáreas de suelo rústico. Además existen 89 proyectos en tramitación. En total, entre los hechos y los que se van a hacer, la cifra alcanza las 165 centrales.
140 centrales y 1.314 hectáreas
En Mallorca, la evolución del modelo ha sido especialmente intensa. En 2021 había 48 parques fotovoltaicos que ocupaban 273 hectáreas. En 2023, la cifra ya había ascendido a 74 parques y 407 hectáreas. A todo ello, se suman 66 nuevos proyectos en tramitación, con 907 hectáreas más. La cifra global en la isla es de 140 centrales y 1.314 hectáreas sin planificación unificada.
La plataforma denuncia que este modelo de implantación de renovables "se ha hecho de forma desordenada y con un impacto elevado sobre el paisaje, la actividad agraria y la biodiversidad", afirma Rosselló. En la actualidad, se ha aprobado inicialmente una zonificación en suelo rústico para evitar que los proyectos se puedan implantar "de cualquier forma y dónde esté". "Celebramos la medida", asegura la portavoz de la entidad, si bien considera insuficiente la regulación.
Diego Viu, por su parte, es consciente de que en el pasado ha faltado coordinación entre administraciones y, por ello, considera que debe profundizarse en los criterios de implantación. Los ecologistas han reiterado la petición de que primero se solaricen espacios como polígonos o aparcamientos: "No todo se puede poner por todas partes", admite Viu, quien subraya la necesidad de priorizar los espacios degradados para evitar el uso de suelo rústico.
A la crítica de la falta de modelo y del impacto de los parques solares, también se ha añadido con fuerza el sector primario. La asociación de productores ecológicos Apaema ha denunciado el uso "impropio" de suelo rústico para la instalación de grandes parques fotovoltaicos. Según la entidad, estos proyectos ocupan tierras agrícolas productivas, a menudo de gran valor, algo que afecta a la actividad agraria y la biodiversidad. Apaema ha exigido una moratoria en la tramitación de parques fotovoltaicos en suelo rústico hasta que se definan zonas adecuadas para su implantación.
En relación con las necesidades energéticas de Baleares, las Islas tienen el problema de un crecimiento exponencial de población y de turismo en las dos últimas décadas. Por tanto, según las previsiones de la Dirección General de Energía, para alcanzar una electrificación total del consumo energético en el año 2050, se requerirán unos 4.500 MW renovables instalados, lo que implicaría el uso de unas 3.000 hectáreas de territorio añadidas a las ya consumidas.
El debate sigue abierto y el crecimiento exponencial de la fotovoltaica en el campo mantiene un fuerte enfrentamiento entre el cumplimiento de los objetivos de transición energética y la conservación del territorio. La petición de la plataforma y de los grupos ecologistas es clara: renovables sí, pero con sentido común, criterios paisajísticos y justicia territorial, y sin que sea el campo quien pague su factura.