La crisis eterna de IB3

PalmaCuando el Gobierno internalizó a 315 trabajadores de IB3 el 1 de febrero del 2023, se inició un camino que hace más de dos años debería haber terminado –los trabajadores totales del ente son 450, aproximadamente. El Ejecutivo asumió trabajadores que provenían de empresas distintas y que tenían condiciones de trabajo diversas, desigualdades que aún no se han solucionado porque no se ha llevado a cabo el proceso de integración de la plantilla.

Hoy en día, los trabajadores continúan con las mismas condiciones que tenían en las empresas privadas que gestionaron los servicios informativos hasta entonces, que en el momento de la internalización eran Dalton Audiovisual, Videoreport CBM, VisualMed y la UTE formada por Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) y Videoreport.

La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Pacto, Mercedes Garrido, explica que la integración quedó pendiente la pasada legislatura porque, una vez internalizados los trabajadores, se hicieron elecciones sindicales para representar a todos. "El nuevo personal ya tenía derecho a votar y ya no podíamos negociar con los comités de las empresas", dice. De esta forma, el trabajo pendiente pasó a manos del Ejecutivo del PP de Marga Prohens.

"No es una empresa normal, es del Gobierno. Hay una normativa sobre las empresas públicas y se debe integrar a la gente dentro de este sistema", continúa Garrido, en referencia a los salarios, las jornadas laborales, las vacaciones de los trabajadores, etc. El ex director general de IB3 Albert Salas tomó las riendas del proceso de integración y llegó a un acuerdo con los trabajadores en diciembre de 2024. Salas y los sindicatos pactaron medidas como la creación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la armonización horaria de los trabajadores, un salario que sería el mínimo de una horquilla establecida' y el presupuesto de euros.

Durante la negociación, se informó en todo momento a Función Pública, que hizo indicaciones para modificar algunos aspectos. "Por mucho que ahora quieran desentenderse del proceso, Función Pública pidió cosas durante el año y medio de negociación y nos íbamos adaptando a él", señala el presidente del Comité de Empresa de Mallorca, Jordi Julián. De hecho, la nueva consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, puso en entredicho que, así como estaba planteada, la culminación de la internalización fuera viable jurídicamente. Ahora bien, después matizó –en IB3 Ràdio– que el Gobierno trabaja para llevar a cabo una "integración correcta" y citó el informe de Sindicatura de Cuentas, donde se señalan deficiencias de la internalización, como la falta de documentación en muchos expedientes. "Estoy segura de que arranquemos en septiembre intentando cuadrar el tema lo antes posible", añadió, además de asegurar que no hay marcha atrás posible en el proceso.

Julián reitera que todos los puntos del acuerdo de integración de finales de 2024 tenían el visto bueno de Función Pública, y que la Dirección General de Presupuestos y Financiación también estuvo al corriente de la negociación entre Salas y los representantes de los trabajadores. "Pensamos que quieren dilatar el proceso todo lo que puedan porque cada día que pasa es dinero que se ahorra", señala el sindicalista, además de remarcar que los trabajadores cobran unos sueldos que "no son los que tocan" y que hay plazas en los bolsines que "no existen en la RPT". El único adelanto hasta ahora es el pago de un complemento salarial –se autorizó a un Consejo de Gobierno de julio del 2024, mientras se negociaba– para alcanzar unos mínimos salariales –la partida era de 1,6 millones de euros.

Difícil, pero no imposible

El proceso de integración de los trabajadores que pasaron a ser de IB3 hace más de dos años es complicado, pero no imposible, según defiende el portavoz de MÉS por Mallorca, Lluís Apesteguia. "La internalización ya está hecha y el PP no dijo nada en su momento. Ya no es momento de debatir si debería haberse hecho de una u otra manera", señala Apesteguia, quien cree que el Gobierno "no sabe muy bien qué solución poner" para hacer efectiva la integración. El portavoz ecosoberanista también recuerda que el presupuesto del Govern "incluía una partida para la nueva RPT, pese a que era una cantidad del todo insuficiente".

"Hay que adecuar la RPT al funcionamiento de una empresa pública. Los trabajadores deben distribuirse por niveles, en función de los estudios requeridos para cada plaza. Esto afecta al sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico [por ejemplo, hay plazas que tienen nocturnidad y otras que no tienen]. Luego está el plus de insularidad." Apestuía reitera que "no es algo imposible desde el punto de vista jurídico", y asegura que no entiende "los emperones que tienen ahora porque nunca los habían verbalizado". De hecho, fuentes conocedoras del proceso han explicado a la ARA Baleares que buena parte de los problemas que se plantean ahora van más allá de la política, y que provienen de los técnicos de Función Pública, poco partidarios de incorporar a trabajadores de empresas públicas sin oposiciones.

Ahora bien, el Comité de Empresa remarca que en ningún momento ha habido sobre la mesa la posibilidad de que los trabajadores de la radiotelevisión pública tuvieran que ser funcionarios. "No hemos negociado en ningún caso ser funcionarios sin oposición. Se trata de personal laboral fijo", apunta Julián, y recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2022 marcó el proceso de internalización de los trabajadores de IB3. ElTS dictaminó que una trabajadora que el Ayuntamiento de Pamplona internalizó debía tener la consideración de personal laboral fijo porque había sido como indefinida en la empresa privada que había prestado el servicio en el Consistorio navarro.

En cuanto al actual director general, Josep Condony, ha asegurado que no se ha dejado de trabajar para alcanzar un acuerdo de integración, y ha argumentado que no se puede llevar a cabo el de finales de 2024 porque "no se pueden hacer cosas en contra de la legalidad" -lo dijo a la Comisión de Control de IB3 del Parlamento.

De momento, la última protesta de los trabajadores del ente fue hace dos meses, pero hay voces dentro de la plantilla que reclaman volver a hacer huelga para reclamar que acabe ya este proceso. "Tratamos de hacer la última propuesta para ajustarnos a los requerimientos de Función Pública. Para avanzar, lo primero es hacer el encuadre de categorías y que todo el mundo esté en su grupo salarial", señala Julián, que reclama "las peticiones de cambios estén por escrito y que se expliciten las razones legales".