Cort controlará los gastos que pagarán los inquilinos de 166 viviendas a precio limitado en la empresa promotora
La sociedad adjudicataria tendrá que pagar el IBI de los edificios que se harán en Camp Redó y en Son Ferragut
El Ayuntamiento de Palma ha incluido una adenda a los contratos de construcción y explotación de los 166 viviendas a precio limitado que se edificarán en la ciudad, para controlar los gastos que cobra la empresa promotora a los inquilinos. De esta forma, se establece que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) deberá abonarlo la empresa adjudicataria de los proyectos inmobiliarios que se construirán en dos solares de las barriadas de Camp Redó y Son Ferragut, excepto en los casos de bonificaciones previstas en las ordenanzas municipales.
Sin embargo, los gastos de mantenimiento, servicios, tributos –excepto el IBI– y zonas comunes las pagarán los arrendatarios, pero estos costes deberán reflejarse en el contrato de alquiler y con unos importes adecuados a la fecha del documento. Tres meses antes de empezar la explotación del edificio, la empresa deberá presentar en el Consistorio un presupuesto anual detallado de los gastos necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble. En estas cuentas se preverán los servicios, tributos, cargas y responsabilidades en función de la superficie de la vivienda.
Una vez finalizado el primer año presupuestario, la empresa entregará a la corporación municipal un informe detallado con los ingresos por alquiler y la prestación de los servicios citados para "verificar que no se generan sobrecostes añadidos al precio de mercado", ha explicado este miércoles la concejala de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior.
La empresa también deberá entregar a Cort una relación detallada de los gastos imputados a los arrendatarios con comprobantes justificativos, dentro de los tres meses siguientes al cierre del primer ejercicio económico para que el Ayuntamiento pueda supervisar que los gastos se realizan según el espíritu del contrato.
A partir del segundo año, el Ayuntamiento podrá solicitar un nuevo informe y la documentación justificativa correspondiente. "Este conjunto de medidas blinda jurídicamente la explotación de estas viviendas, al garantizar la accesibilidad en condiciones adecuadas y ofrecer alquileres a precios asequibles", apuntó.