Cuando el contrato caduca y el alquiler se duplica: la cara oculta de los desahucios invisibles

PalmaLa Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) decretó en marzo de 2019 que los contratos de alquiler pasarían de tres a cinco años. Ahora que miles caducan, la situación ha empeorado respecto de hace un lustro: el precio de la vivienda como bien especulativo sigue subiendo, alentado por una demanda muy superior a la oferta. Según las cifras del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los inquilinos isleños cuyo contrato acabe en ese momento tendrán que afrontar una subida del alquiler de 4.615 euros anuales. Este incremento se suma a una situación insostenible para muchas familias: el precio medio del alquiler en las Islas supera los 1.500 euros, el segundo más caro de España por detrás de Barcelona.

Los expertos consultados por ARA Balears advierten sobre el aumento de procesos judiciales derivados, no de impagos de alquileres, sino de la finalización de estos acuerdos. "Los casos son cada vez más numerosos. El propietario quiere alquilar más caro o vender y el inquilino no se va porque no tiene dónde irse. Los desahucios se inician por este motivo", señala Natalia Bueno, vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API). "Hay propietarios que incluso ofrecen una cantidad económica para que los inquilinos dejen el piso, pero la respuesta siempre es la misma. Te dicen que 2.000 o 3.000 euros, por ejemplo, no les va a solucionar nada", explica Bueno sobre una práctica disuasoria antes circunscrita a los pisos ocupados.

183 lanzamientos en tres meses

Baleares registraron durante el tercer trimestre de 2024 183 lanzamientos (ejecución de desahucios) derivados del alquiler de la LAU frente a 31 relativos a ejecuciones hipotecarias, según datos del poder judicial.

Laura Barrer tiene 44 años, una hija de trece y vive en un piso de una barriada de Palma con el contrato caducado en lo que va de año. "Aún no he recibido ningún burofax", señala sin saber si engrosará las listas de los desahucios. Pero sí encaja en el patrón más repetido: no se va porque no tiene dónde ir. De 850 euros, los propietarios quieren pasar a cobrarle 1.300 o 1.500. "Me dijeron que, en cualquier caso, yo no puedo hacerme cargo". Ya le han pedido las llaves. "Ellos quieren el piso y yo, una casa donde vivir. Estoy desesperada buscando algo, pero no podemos normalizar encontrar un piso de 1.000 euros y decir que es una ganga. Siempre he cumplido con los pagos, pero una subida del 100% es una animalada. Lo peor es que saben que pueden cobrarlo" con pros y problemas económicos". La mujer, trabajadora autónoma, se encuentra superada psicológicamente por la situación. "Tengo una urticaria nerviosa, pero sé que debo buscarme la vida", añade.

Los casos como el de Laura crecen cada día. Ella ha recurrido al asesoramiento y ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), más centrados desde hace tiempo en los problemas de alquiler. Gloria Olmos, abogada en la entidad, constata la tendencia de contratos que no se prorrogan por las condiciones "inasumibles" del arrendador. "No podemos normalizar alquileres de 1.500 euros porque la gente no gana 3.000. La mayoría de familias cobra el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI) que no llega a esos 1.500 euros. Estamos hablando de un problema que afecta a periodistas, enfermeras, autónomos y los trabajadores de un hotel, entre otros". Crecen igualmente los casos de ventas de inmuebles con alquileres vigentes. "Los nuevos propietarios instan el fin del contrato alegando que necesitan la vivienda para un hijo. No siempre es así ni se acredita", advierte Olmos.

¿Qué debe hacer el inquilino?

La abogada recuerda que la no renovación del alquiler debe notificarse "de forma fehaciente" con cuatro meses de antelación. De lo contrario, los propietarios perderán el procedimiento. En cuanto a los inquilinos, recomienda que, "en ningún caso", dejen de pagar el alquiler establecido. "Si te cierran la cuenta bancaria, hay una consignación específica en los juzgados. Y, si no tienes dinero, comunícalo oficialmente, busca ayudas públicas, pero no generes deuda. Para exigir tus derechos, debes cumplir y estarás cargado de cierta razón", aconseja. "Hay que intentar conseguir un acuerdo, sea renegociante o para pedir más tiempo hasta encontrar una nueva vivienda", añade. Si el caso termina en los juzgados, no existe un plazo establecido para su resolución: "Depende mucho del juzgado. Algunos tardan seis meses; otros, un año. Si se trata de un desahucio por impago, se tramitan más bien".

La responsable del programa de Vivienda y Personas sin Hogar de Cáritas, Teresa Riera, tiene la "esperanza" de que los inquilinos "tengan conciencia" y renueven los contratos subiendo el IPC. "Pero sé que no va a pasar y que es más un deseo que una realidad", reconoce mientras denuncia que la situación golpea más a las familias monoparentales y vulnerables. "Si todos queremos ganar más, dejamos familias en la calle", denuncia a la vez que reclama fijar un precio máximo del alquiler. "No me sirve el argumento del PP de que no ha funcionado donde se ha aplicado. Es mentira", sentencia.

La geógrafa Sònia Vives también defiende la medida del tope para luchar contra el precio del alquiler en casos como los de la finalización de contratos. "Es un proceso que irá creciendo por la brecha entre la vivienda y el salario. Es insostenible. Claro que hay gente buscando pisos porque les han subido el alquiler. Son desahucios invisibles porque, aunque no se judicialicen, tienes que ir de dónde vives", explica. Y cree que "no hay negociación posible" porque "hay muy poca gente que no quiera cobrar lo máximo posible".