El Ayuntamiento desalojará la antigua prisión de Palma: "Hoy noche dormiré en la calle"

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha desalojado la antigua prisión de Palma después de que un juzgado autorizara su ejecución por el elevado riesgo que, según diversos informes técnicos, representa el estado del inmueble para las personas que aún residen en él. El operativo, coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional, ha comenzado a las 12 horas y se ha alargado durante gran parte de la jornada. Uno de los desalojados, Bernardino, un italiano de 60 años desalojado, ha criticado que se le trate como a un traficante de drogas y ha comentado a los periodistas: "Esta noche dormiré en la calle, en este parque, qué mierda".

Este indigente residía en la antigua cárcel desde hacía tres años y, tras el inicio del desalojo al mediodía, ha salido con un carrito con sus pertenencias y una gran maleta. "No tengo a dónde ir, tomaré unas cervezas y dormiré aquí", en el pequeño espacio al aire libre con árboles que hay al lado de la cárcel donde hay unos bancos de madera, ha explicado.

Muy enfadado, Bernardino se ha quejado de la expulsión de las personas que residían hasta hoy en este espacio. "Este alcalde (Jaime Martínez) no vale, hay que cambiarlo", ha declarado a los periodistas.

El alcalde anuncia detenciones durante el desalojo

Durante la visita a la prisión, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha explicado que dentro del proceso de desalojo forzoso, que ha culminado este martes por la tarde, se han llevado a cabo diversas detenciones con orden de expulsión del país. "Estas personas ya están a disposición judicial", ha detallado. Martínez ha dicho también que "hoy es un día importante" porque después de 12 años la prisión ha sido desalojada en un proceso que ha calificado de "normalizado".

Sin embargo, fuentes próximas al dispositivo policial han informado a Europa Press que a lo largo de esta jornada solo se ha detenido a una persona a la que constaba una reclamación judicial. Los hechos delictivos con los que estaría involucrada esta persona, han subrayado, no tienen nada que ver con el desalojo de la antigua prisión. Las mismas fuentes han indicado que a lo largo de los últimos días han llevado a cabo otras detenciones en los alrededores del inmueble, no en el interior. Los investigadores desconocen si estas personas, buena parte arrestadas por infracciones de la Ley de extranjería, vivían o no en la prisión.

La actuación llega casi cuatro meses después de que el Consistorio pusiera en marcha el procedimiento de recuperación posesoria del edificio, ocupado desde hace años. Según los datos municipales, cuando se inició el proceso vivían 206 personas. Con el paso de los meses, y a raíz de las actuaciones de los servicios sociales, la cifra se ha reducido hasta unas 70 personas que aún ocupaban los antiguos módulos penitenciarios.

La decisión judicial se fundamenta en los informes elaborados por la Policía Local, los Bomberos de Palma y los servicios sanitarios, que alertaban de un "riesgo real, grave y actual" para la vida y la integridad física de los residentes. Entre los principales problemas detectados se encontraban el alto riesgo de incendio, las graves deficiencias de habitabilidad y las dificultades de evacuación en caso de emergencia.

Durante el operativo se han mantenido desplegados los servicios sociales municipales, que han ofrecido alternativas residenciales temporales e itinerarios de inserción a las personas afectadas. También se ha dispuesto una ambulancia del 061 para atender cualquier incidencia que pudiera producirse durante el desalojo. En particular, Cort ha habilitado cuatro casetas prefabricadas, instaladas en el Parque Central de Bomberos, donde los desalojados de la antigua cárcel de la ciudad podrán pasar dos noches. A este recurso temporal, que se ha puesto en marcha el mismo día que se ha iniciado el desalojo forzoso de las cerca de 70 personas que todavía residían en el inmueble, se podrán acoger aquellos que no tengan una alternativa residencial inmediata.

Los cuatro módulos están climatizados y equipados con unas camas que han sido facilitadas por la Cruz Roja. Estarán operativos durante dos noches, de 19.30 h a 9 h. La instalación de estos módulos temporales ha sido consensuada y coordinada con los Bomberos de Palma y no afecta en ningún caso la operatividad del servicio, ha asegurado el Ayuntamiento. El Parque Central de Bomberos dispone de una salida alternativa para los vehículos de emergencia, que además tiene un sistema semafórico que otorga prioridad a la circulación.

Según ha informado el Ayuntamiento, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), hasta ahora 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal o a programas sociales y laborales. Aun así, las entidades que trabajan con personas sin hogar han advertido en diferentes ocasiones de la falta de recursos residenciales estables para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad cronificada. Del medio centenar de desalojados este martes, unas cinco personas serán atendidas por la Fundación La Sapienza y Cáritas, ambas entidades vinculadas al Obispado de Mallorca.

Una vez completado el desalojo, la Policía Local ha activado un dispositivo de vigilancia permanente en el recinto para evitar nuevas ocupaciones. Posteriormente, el Consistorio tapiará las instalaciones y comenzará la transformación del solar de la antigua cárcel en un nuevo complejo residencial con más de un centenar de viviendas de dotación. El proyecto plantea unos 130 pisos, con una combinación de viviendas protegidas, asistenciales y de alquiler asequible, según el consistorio palmesano. En la zona también está proyectada desde hace años una nueva rotonda y un nuevo acceso a Palma.

“El PP ha elegido el camino más cruel con las personas vulnerables”

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha criticado el desalojo de la antigua prisión y ha acusado al gobierno municipal del PP de optar “por el camino más cruel” al expulsar a personas vulnerables sin garantizar, según ha dicho, una alternativa habitacional digna. Truyol ha afirmado que “una ciudad decente no resuelve la pobreza escondiéndola detrás de un muro” y ha reprochado al ejecutivo local que no actúe con la misma contundencia ante la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios del alquiler. También ha sostenido que el desalojo “es el símbolo de una política que castiga la vulnerabilidad y premia la especulación”.

Por su parte, Anna Ferrer, amiga de algunas de las personas desalojadas, ha denunciado que los servicios sociales del Ayuntamiento y el Consell de Mallorca están "colapsados", con listas de espera, y por ello estas personas se verán abocadas a dormir al aire libre. Ferrer, que ha estado presente durante el desalojo ha denunciado que "ahora todo el mundo se va a la calle", recoge EFE.

La Cruz Roja explicó este miércoles a Ferrer que sus servicios están "saturados" y que el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, tampoco dispone de más plazas para dar una cama a estas personas.

Por otra parte, Jaume Pujol, del grupo de apoyo constituido para ayudar a los residentes de la prisión, manifestó que todo en este proceso "es muy vergonzoso porque supone dejar en la calle a 200 personas", las que vivían en la antigua prisión hace unos meses.

Se trata de personas con trabajo, relató, que con los sueldos que cobran no pueden acceder a residir en una "vivienda digna" por la carestía del alquiler, o incluso alquilar una habitación.

Pujol denunció que algunos residentes han recibido "presiones" de deportación si no abandonaban el inmueble, y por ello la actuación del Consistorio "ha sido clasista y racista".

"No se puede sacar a la gente sin saber dónde vivirán"

Mercé, una vecina y miembro de la asociación de vecinos de Cas Capiscol, ha explicado que están a favor de este desalojo por los peligros que supone vivir en este lugar, pero también quieren que los expulsados puedan habitar en algún lugar seguro. "No se puede sacar a la gente sin saber dónde vivirán", ha comentado.

Algunos voluntarios han ido repartiendo agua, plátanos y magdalenas entre los residentes desalojados, que han ido saliendo de manera pacífica del viejo edificio, que será derribado por el Ayuntamiento para hacer viviendas sociales.