El Colegio de Abogados denuncia el "caos" de la Justicia balear: "La reforma judicial se ha implantado sin los recursos necesarios"
Los abogados alertan de retrasos de hasta cuatro años, falta de personal, incidencias tecnológicas e inseguridad jurídica derivada de la aplicación de la Ley de eficiencia
PalmaEl Ilustre Colegio de Abogados (ICAIB) ha expresado la "extrema preocupación" por la manera en que se está llevando a cabo la implantación del nuevo modelo de organización judicial previsto en la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según ha denunciado la Junta de gobierno de la entidad, la sustitución de los juzgados unipersonales por los nuevos Tribunales de Instancia se está desarrollando sin los recursos humanos y materiales necesarios, lo que está agravando los problemas estructurales que ya sufría la Administración de Justicia de las Islas.
El órgano de gobierno colegiado asegura que el déficit de personal, tanto de jueces como de funcionarios de tramitación y de gestión provoca retrasos nuevos en prácticamente todas las jurisdicciones, especialmente en el ámbito civil. Unos retrasos que consideran "inasumibles" porque alejan a la ciudadanía del acceso a una respuesta judicial ágil y efectiva, recogida por la Constitución. Aunque los abogados no cuestionan los objetivos de la denominada Ley de eficiencia ni el modelo organizativo escogido por el legislador, consideran que una reforma de esta magnitud debería haber ido precedida de una planificación adecuada, de un refuerzo real de las plantillas y de un proceso consensuado con los profesionales que trabajan diariamente en los tribunales. En cambio, critican las prisas y lo que califican de "método impositivo", que, según afirman, ha generado más problemas que soluciones.
El ICAIB subraya que la situación actual no es responsabilidad de los operadores jurídicos ni de los trabajadores de la Administración de Justicia, que hacen un esfuerzo extraordinario para minimizar las dificultades. Sin embargo, advierten que las disfunciones van mucho más allá de los inconvenientes iniciales propios de cualquier reforma. Según explican, las suspensiones y aplazamientos constantes se han convertido en habituales, mientras que algunos procedimientos ya se fijan para dentro de tres o cuatro años. Además, denuncian que hay asuntos completamente instruidos que acumulan más de un año de espera para obtener sentencia.
La situación, añaden, es especialmente grave en Baleares por las dificultades que genera el elevado coste de la vivienda. La Junta de gobierno considera que los precios de la vivienda dificultan la llegada y la permanencia de los funcionarios destinados a la Administración de Justicia en las Islas, lo que provoca una elevada rotación de personal e impide reforzar adecuadamente las plantillas. Esta realidad, aseguran, contribuye a mantener un déficit estructural que complica aún más cualquier proceso de reorganización interna.
Los abogados también alertan de las deficiencias en la atención a profesionales y ciudadanos en los tribunales. Según explican, la desaparición de un canal unificado de gestión dificulta el seguimiento de los expedientes e impide conocer con facilidad el estado de cada procedimiento. A esta problemática se añaden las incidencias tecnológicas recurrentes y los problemas de interoperabilidad entre sistemas informáticos, que continúan ralentizando el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales.
Por otra parte, el ICAIB muestra preocupación por los efectos del requisito de procedibilidad introducido también por la Ley 1/2025, vigente desde el 3 de abril. Esta obligación exige acreditar un intento previo de resolución extrajudicial del conflicto antes de presentar una demanda en las jurisdicciones civil y mercantil. Según el Colegio, se han confirmado los peores pronósticos sobre esta medida. La ausencia de criterios homogéneos para acreditar el cumplimiento del requisito genera interpretaciones diferentes entre juzgados y partidos judiciales, con el consiguiente incremento de la inseguridad jurídica. La entidad alerta de que esta disparidad de criterios puede comportar la inadmisión de demandas por cuestiones formales relacionadas con la justificación del intento de negociación previa.
Además, lejos de reducir la carga de trabajo de los tribunales, los abogados sostienen que la nueva exigencia provoca una "doble litigiosidad", derivada de los recursos y procedimientos que se plantean contra las decisiones de inadmisión de demandas. Ante esta situación, la Junta de gobierno del ICAIB reclama a las administraciones competentes una actuación urgente para reforzar los recursos humanos y materiales de la Justicia y corregir las disfunciones detectadas en la implantación del nuevo modelo judicial.