La clave del conflicto: "Se puede tocar el Trenc sin tocar el Parque"

PalmaLa modificación legal impulsada por el Gobierno para eliminar la obligación de pasar por el Parlament a la hora de modificar el ámbito de protección del Parque Natural de Trenc encendió todas las alarmas del ecologismo. La respuesta llegó el pasado 5 de julio, cuando 10.000 personas se concentraron en este espacio emblemático para protestar contra lo que consideran la puerta de entrada a una futura reducción de la protección.

El conflicto, sin embargo, viene de más atrás. Lo que más molestó a varios propietarios no fue la declaración del Parque Natural en 2017, sino la aprobación, en 2023, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que amplió el ámbito de protección. Es decir, extendió el área de influencia del parque y limitó futuras actividades económicas en diversos entornos, especialmente en la zona de las Covetes.

“Ellos pueden decir que no tocarán Trenc, pero aquí ya nos conocemos todos. Si el PP reduce los requisitos para modificar un espacio protegido, no será para ampliar el parque. Tenemos muy claro que preparaban una intervención y los hemos reunido. Yo creo que se han confiado”, afirma Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, una de las entidades convocantes de la manifestación del 5 de julio.

No solo el portavoz de Terraferida considera que el Gobierno de Marga Prohens se equivocó de cuentas si pensaba tocar Trenc sin que nadie se diera cuenta. “Es un símbolo, es un espacio muy valioso, que no dejaremos modificar así como así. Hace más de cuatro décadas que algunos quieren hacer negocio, y no han entendido que la protección añade valor a la tierra, no se lo quita. Y no tengo ninguna duda de que estos especuladores han tocado a alguna puerta cuando han visto que su batalla contra el PORN no pinta bien”, afirma Tonina Siquier, vicepresidenta del GOB.

El Gobierno ha mantenido los días posteriores a la manifestación lo que había dicho antes: “No tocaremos ni un metro del Parque Natural”. Fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que, de momento, no hay prevista ninguna modificación y que, en todo caso, “como es un tema delicado, cualquier cosa tendrá que tener la bendición de los de arriba”. Después del éxito de la convocatoria, la bendición no llegará, al menos a corto plazo.

¿Pero es posible no modificar el parque y atender las presiones de quienes quieren reducirlo? La respuesta la tiene un jurista que trabaja para la administración autonómica y que participó en la defensa del PORN: “Pueden decir que no tocarán el parque si se refieren a la zona definida como ámbito de la figura de Parque Natural. Seguramente, las presiones han venido por parte de quienes tienen intereses en la nueva cartografía que hizo el PORN, espacios técnicamente no declarados parque, pero con las mismas restricciones. Por lo tanto, se puede tocar el Trenc sin tocar el parque, pero me parece un juego de palabras perverso”, confiesa.

Quién se movió contra el PORN

No se puede acreditar quién ha presionado al Gobierno de Marga Prohens para que facilite una futura modificación del ámbito de protección de Es Trenc. Lo que sí se puede reconstruir es quién se movilizó contra el PORN aprobado por el Pacto en 2023, cuando se amplió la zona protegida.

Tres particulares —dos sociedades y una propietaria— y una asociación de vecinos son la cara visible de esta oposición, aunque fuentes conocedoras de los expedientes aseguran que no son los únicos intereses que se han movido contra el nuevo ámbito de protección.

La ampliación del PORN, que incorporaba cerca de 74.000 metros cuadrados, principalmente en el entorno de Ses Covetes, fue recurrida por diversos propietarios, una batalla judicial que continúa abierta mientras el Gobierno ha modificado los requisitos legales para cambiar el área de protección del Parque Natural.

Cuatro actores diferentes presentaron recursos judiciales con un elemento común: cuestionan el impacto del PORN sobre la ordenación del territorio. Ses Arenes Camp i Natura SL es una empresa titular del principal restaurante del Parque Natural –“una mina de oro” explican fuentes de la zona–, además de un agroturismo en uno de los espacios naturales más importantes de las Baleares: el salobrar de Campos.

El segundo recurrente, Es Figueral Gran SLU, es el operador del campo de polo de Sa Barralina, que fue precintado por no disponer de los pertinentes permisos y que, finalmente, el Gobierno de Marga Prohens legalizó. La sociedad está vinculada a una actividad que ha generado controversia sobre los límites entre los usos privados y la protección de un territorio sensible.

El tercer recurrente es Ana Burguera y, finalmente, la Asociación de Vecinos y Amigos de Es Trenc-Salobrar de Campos.

Otros que mueven hilos

No solo son cuatro, sin embargo, los que se han movido para intentar devolver el parque a su ámbito de protección original. Los hay más. “Algunos son poderosos y bien conocidos por los negocios vinculados al territorio en Campos”, explica un letrado conocedor de los expedientes y de la tramitación del Parque Natural.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que, tras el periodo de alegaciones y del inicio de los contenciosos –aún pendientes de resolución–, algunos de los afectados comenzaron a ver pocas opciones de conseguir la anulación del PORN por la vía judicial. Es en este contexto que, según estas fuentes, el foco se habría desplazado hacia la vía política, con el objetivo de que el PP recorte el ámbito de protección aprobado en 2023.

La clave del conflicto, según el técnico jurídico que pide el anonimato, es que los argumentos de los cuatro recurrentes no se enfrentan a un expediente “débil o improvisado”. Al contrario, asegura que el gobierno del Pacte construyó un procedimiento jurídicamente sólido con la correcta aplicación de la normativa y la respuesta individualizada a las alegaciones después de un largo proceso de tramitación iniciado en 2019.

El informe jurídico elaborado por la Conselleria de Medi Ambient el 26 de abril de 2023 refuerza esta tesis. El documento concluye que el procedimiento de elaboración del PORN se ajustó a los trámites previstos en la Ley para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO), tras un proceso que incluyó información pública, audiencia a los interesados, consultas a administraciones y entidades, informes sectoriales y revisión jurídica antes de la aprobación.

El gobierno del Pacte defendió siempre que el PORN no era solo un instrumento de protección ambiental, sino también una herramienta de ordenación integral del territorio, con capacidad para delimitar espacios, establecer usos y regular actividades. Es precisamente aquí donde reside el fondo del conflicto. La ampliación del ámbito protegido no solo incrementa la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de las Baleares, sino que también condiciona los usos posibles de determinadas fincas, el elemento central de los recursos judiciales y de la posterior batalla política. Ahora habrá que ver si Prohens se atreve a dar el paso o espera a que se calmen las aguas en torno a un espacio único.