El campo de polo, uno de los negocios que batallan por reducir los límites del Trenc

PalmaLa batalla por el futuro del Parque Natural de Es Trenc y su entorno tiene nombres concretos. Particulares y empresas que hace años intentan evitar que se consolide una franja de protección alrededor de este espacio protegido, tal como consagró el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en 2023. Uno es el campo de polo de Sa Barralina, impulsado por la sociedad Es Figueral Gran, que presentó uno de los cuatro recursos judiciales contra el plan de ordenación de Es Trenc de 2023. Como los otros propietarios, no querían que el ámbito del parque, ya delimitado en 2017 con la Ley que lo declaró, se ampliase aunque fuera sencillamente como área de influencia. Porque entonces consideraban que perdían oportunidades de llevar a cabo actividades, como pueden ser aparcamientos y, hasta en algunos casos, restauración. Son el meollo del conflicto que ahora mismo gira alrededor del parque natural, después de que el Govern se haya reservado la posibilidad de modificarlo directamente.

Por este motivo, y ante las informaciones que van identificando los intereses concretos, sobre todo alrededor del núcleo de Ses Covetes, el cual quedó afectado por la protección decretada por el PORN en 2023, cerca de 10.000 personas se concentraron el pasado domingo en la misma playa de Es Trenc en señal de protesta ante lo que temen será un nuevo intento "de reducir la protección de uno de los espacios naturales más relevantes de Baleares", en palabras de los organizadores.

Esta empresa en concreto presentó el recurso mientras precisamente libraba una dura batalla contra la Administración, que la había denunciado por hacer actividades e instalaciones en suelo rústico común sin el preceptivo permiso. La razón es que en los terrenos de la Barralina no había ninguna autorización para edificaciones ni para las actividades que se llevaban a cabo, partidos de polo.

Las instalaciones fueron durante años uno de los puntos más polémicos del entorno de Es Trenc. La actividad fue objeto de actuaciones de la Agencia de Defensa del Territorio, que consideró que las obras y los usos desarrollados no disponían de la cobertura urbanística necesaria. El campo llegó a ser precintado y el conflicto acabó también en los tribunales.

Durante años, el campo de polo representó un ejemplo del debate sobre los límites de los usos privados en suelo rústico y en un territorio especialmente sensible ambientalmente. Entidades ecologistas denunciaron que se trataba de una instalación de grandes dimensiones incompatible con la protección del entorno.

Los contenciosos contra la protección

Los recurrentes denunciaron al tribunal que el Pacto había ampliado las limitaciones del Parque más allá de los terrenos que se habían incluido en 2017. Su argumento central es jurídico: consideran que el PORN ha ido más allá de su función y ha producido una ampliación material del espacio protegido. Su interpretación parte de la Ley 2/2017, que declaró el Parque Natural y fijó sus límites territoriales. Según esta tesis, la delimitación de un espacio natural protegido es un elemento esencial que solo puede modificarse mediante una norma con el mismo rango, no a través de un decreto reglamentario.

En sus alegaciones, los recurrentes defienden que el PORN no podía incorporar determinadas zonas de transición —especialmente en los alrededores de las Covetes— a un régimen de protección que, en la práctica, produjera efectos equivalentes a los del mismo parque. Su acusación es que la Administración habría empleado un instrumento de ordenación de los recursos naturales para ampliar de facto el ámbito de protección sin modificar formalmente los límites establecidos por la ley, lo que les priva de derechos de usos y actividades a los que no quieren renunciar.

Pero según han dicho los portavoces del grupo ecologista GOB estos días, "esta interpretación que deberá resolver el tribunal está recogida en varias sentencias en el ámbito estatal", y gracias a diferentes normativas es posible llevar a cabo ampliaciones de la zona 'afectada' por la protección del parque sin que sea estrictamente parque. La normativa ambiental balear, especialmente la Ley de conservación de los espacios de relevancia ambiental, permite que los instrumentos de planificación ambiental ordenen ámbitos más amplios que el núcleo estricto de un espacio protegido y establezcan zonas de transición o áreas de influencia. Esta Ley también ha estado en el punto de mira del Partido Popular.

La cuestión no es, por tanto, si un PORN puede tener efectos sobre el entorno del parque —esta es una de sus funciones—, sino si en este caso concreto el Gobierno ejerció legítimamente esta potestad o si acabó ampliando los efectos jurídicos del parque más allá de lo que permitía la ley. La sentencia todavía está pendiente, pero en muchos círculos jurídicos se considera difícil que la argumentación de los recurrentes prospere.

Por este motivo, algunos de los negocios del entorno del parque han hecho llegar históricamente a los dirigentes del Partido Popular la importancia de encontrar un camino para evitar que el PORN ampliase en 74.000 metros cuadrados el área afectada por protección. Según algunas fuentes consultadas, estas mismas peticiones ya habían llegado a los máximos dirigentes autonómicos; de aquí la modificación normativa que permite tocar el Parque Natural desde el Consell de Govern, sin pasar por el Parlament.

Una sociedad con intereses turísticos y ecuestres dentro del entorno de Es Trenc

Es Figueral Gran SL es una sociedad constituida en el año 2000 con un capital social superior a 11 millones de euros. Según el informe mercantil consultado, su objeto social incluye actividades relacionadas con el mundo ecuestre, actividades agrícolas y ganaderas, además de alojamientos turísticos. La actividad actual está clasificada dentro del sector de los alojamientos turísticos y la sociedad tiene vinculaciones con otras empresas relacionadas con el sector patrimonial y turístico.

El campo de polo: una actividad cuestionada que ha ido encontrando cobertura

Mientras el conflicto sobre el PORN continúa en los tribunales, el campo de polo de Sa Barralina ha encontrado encaje jurídico. Después de las actuaciones de la agencia territorial del Consell, que incluso llevó el caso a la Fiscalía, la situación comenzó a cambiar con una sucesión de decisiones políticas y normativas que modificaron el marco aplicable. A través de cambios legislativos, el campo encontró una vía para regularizar su situación y mantener la actividad. Además, estos mismos cambios normativos le han permitido ahorrarse buena parte de la multa que le había impuesto el Consell de Mallorca.

Esta evolución ha sido duramente criticada por los sectores ecologistas y por parte de la oposición política, los cuales han considerado que la Administración ha facilitado una solución excepcional para una actividad que había sido cuestionada durante años.