Clamo común contra la construcción en rústico: "No es un Gobierno, es una promotora"

Más de 300 personas se han manifestado ante el Parlament en el marco de la movilización convocada por el GOB Mallorca y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, entre otros colectivos, contra los perjuicios que, a su juicio, se derivan de la ley de obtención de suelo en Palma. La protesta se ha hecho coincidir con el pleno extraordinario en el que debe aprobarse la norma. "Marga Prohens, especuladora", "PP y Vox, gobierno de promotores" y "No es un Gobierno, es una promotora" han sido algunas de las consignas que los asistentes han gritado entre silbidos y dedos de en medio al aire, en señal de desacuerdo con la normativa. En la manifestación también se han lucido camisetas verdes de apoyo a la lengua propia de las Islas.

Los manifestantes argumentan que la norma, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo del PP y Vox, permite la construcción en las áreas de transición que rodean la ciudad de Palma, incrementa la edificabilidad, autoriza densidades de hasta 225 habitantes por hectárea y sustituye la planificación de viviendas de protección oficial por viviendas a precio.

También reclaman que el proyecto de ley reduce los requisitos de espacios verdes y no prevé ninguna expansión de los servicios públicos básicos, como los sanitarios o los educativos, ni tampoco medidas relacionadas con la movilidad o el agua. Lo que sí establece, según alertaron, es la aprobación automática de los proyectos por silencio administrativo positivo en apenas seis meses, dejando la planificación "en manos del negocio privado y la especulación inmobiliaria".

En la misma línea, los convocantes aseguran que la norma representa el modelo de crecimiento urbano "capitalista y depredador" que está destruyendo Mallorca y que ahora "condenará los núcleos históricos y las barriadas que rodean a Palma a su extinción". Afirman que la legislación no atiende a ninguna de las necesidades ni reivindicaciones de los barrios, no supone ninguna mejora en el acceso a la vivienda de los palmesanos y no ha contado con la participación ni el consenso de la ciudadanía.

"En nombre de una emergencia residencial que sólo se emplea como excusa, se pretende aprobar una ley a escondidas, por encima de nuestro derecho a opinar, de espaldas a la participación y al consenso que debería caracterizar a cualquier sociedad democrática", han señalado. Además, critican que la iniciativa se ha desarrollado "sin ningún estudio de movilidad ni de recursos hídricos, en una isla colapsada y en crisis medioambiental", y consideran que acelerará la destrucción del entorno. "El único beneficio evidente es para los promotores, que podrán construir más, vender más caro y tendrán que ceder menos suelo para infraestructuras y servicios públicos", añadieron.

Por eso, reclaman al Gobierno que frene la aprobación de la ley, que no «reviente» el Plan General de Palma y que escuche a los vecinos y los barrios. El GOB ha remarcado que la sociedad balear "no quiere este modelo", que "rompe definitivamente el equilibrio entre población y recursos naturales y condena a las futuras generaciones a vivir en un territorio colapsado".

Por su parte, la Plataforma por la Memoria Democrática consideró que la ley es "una agresión" que se suma a las "que ya se están llevando a cabo contra la memoria democrática". También han apoyado la Obra Cultural Balear (OCB), el Foro de la Sociedad Civil, la plataforma Menos turismo, más vida y la Asamblea Popular de Son Sardina y sa Garriga, entre otros.