La falta de psicólogos satura la atención pública a la salud mental en Baleares

PalmaClara está de baja laboral por una situación de "acoso sistemático". "Hic clic. Estalé y, al llegar a la consulta de mi doctora de cabecera, no podía parar de llorar. Me ahogaba. Creo que había aguantado demasiado", relata. Al estrés de una forma de trabajar "inhumana", sumó varios duelos por abortos involuntarios. "Me dieron medicación y creo que, sinceramente, la necesitaba", reconoce. La pusieron a la espera de una cita para el psicólogo de la seguridad social. La ayuda ha llegado meses después. Su caso ejemplifica el déficit de terapeutas públicos: a finales de 2023, Baleares tenían 71 psicólogos clínicos, un ratio de apenas 5,9 profesionales por cada 100.000 habitantes. La cifra está muy por debajo de la media europea (18 por cada 100.000 habitantes) y ni se acerca, por ejemplo, a la de Alemania, donde tienen 41 por cada 100.000 habitantes.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, reconoce que "la situación es complicada", aunque matiza que la falta de psicólogos en la sanidad pública de las Islas es "común en el resto de España". Según explica, se debe a que el Ministerio de Sanidad apenas convoca plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR), equivalente al MIR, que sí cubre otros campos de la medicina. "La ley de especializaciones que regula las profesiones sanitarias para atender la salud mental exige que deben ocupar las plazas psicólogos clínicos. Las necesidades sobrepasan su oferta", explica. Por eso, como otros profesionales consultados, reclama un aumento de plazas o protocolos que permitan ampliar su cobertura. En este sentido, Catalunya se ha convertido en un "referente en bienestar emocional" y ha encontrado la fórmula jurídica para incorporar a 400 psicólogos en la sanidad pública.

El presidente del Colegio de Psicólogos de las Islas Baleares, Javier Torres, insta al Govern a que "tome una decisión" y que cubra las plazas con psicólogos generales sanitarios. "El Ministerio ofrece cinco o seis PIR en las Islas cada año. Es insuficiente y hay que buscar soluciones. Si Catalunya lo ha conseguido, debe analizarse cómo replicar la fórmula legislativamente", explica sobre una medida a la que se opone la Sociedad Española de Psicología Clínica ANPIR, en defensa de los años de formación invertidos. Torres disiente: "No hay ninguna ilegalidad. El especialista pasa el examen de PIR y cuatro años de residencia. El resto ha completado un máster habilitante de dos años con parte teórica y práctica. No se trata sólo de los años de formación, sino de la experiencia, de haber trabajado con una casuística amplia que les capacita para trabajar en la atención. Y, si es necesario, derivan a otros recursos", prosigue.

La propuesta de Torres busca solucionar el problema. "Si el Ministerio sacara 500 plazas y se cubrieran, ningún problema, pero no es el caso. Además, dentro de pocos años, el problema se agravará con las jubilaciones que se avecinan. La atención psicológica a la ciudadanía no es un capricho, sino un derecho a recibirla gratuitamente, añade. ~BK_S la Atención Primaria "evitaría la cronificación, y muchas bajas laborales se acortarían porque se trabajaría para una recuperación más temprana". cuatro sufrirá algún trastorno a lo largo de su vida, según datos recientes de la Consejería de Salud. fármacos más prescritos: 87.600 personas las tomaban en el primer trimestre del 2025.

"Nuestro sistema no está preparado para atender su demanda, sobre todo después de la pandemia", reconoce Bosch, quien cifra en un mínimo de 42 los psicólogos necesarios para "redibujar'. nueve. Todos en centros de salud de Mallorca y después de que la Administración haya contratado este año la cifra de partida era de apenas cuatro.

La precariedad, el problema de la vivienda y la preeminencia de las redes sociales y la tecnología han configurado un nuevo orden "difícil de gestionar", asegura Bosch. "Los fenómenos sociales van más bien que la respuesta médica. Hemos pasado de cero a cien. Debemos apostar también por la concienciación, dotar de herramientas a la sociedad para que no todo descargue sobre el sistema de salud. Como sociedad debemos poder hacer una demanda coherente, educar en una gestión de las emociones más sana".

La salud mental nunca ha entrado en el decreto de garantía de demora, por lo que no existen listas de espera oficiales para la visita al psicólogo. Pero los retrasos son innegables. "Es terrorífico que una persona con un problema psicológico que la limita y afecta en sus relaciones tenga que esperar meses para obtener una consulta", denuncia Torres, quien también aboga por la prevención.

Baleares tiene un plan de salud mental creado para el periodo 2016-2022 y el Govern anunció la puesta en marcha del siguiente (2023-2029), todavía inédito. El retraso se debe, según Bosch, a que Salut está trabajando en la "reordenación de recursos y en la cogovernanza con otras conselleries como Salut y Asuntos Sociales". El Govern promete "un ajuste de las necesidades asistenciales" siguiendo las líneas trazadas por el Ministerio. "Habrá más acciones comunes, el trabajo será más transversal, no estará tan centrado en Salut y se apostará por la promoción y prevención".

Xavier Delgado, psicólogo clínico en el centro de salud Sona Monda de Inca, constata que existen "muy pocos recursos" y coincide en el diagnóstico del nuevo plan de salud mental. "Hace falta pensar qué hacemos y por qué. Una visión estratégica. Muchas administraciones trabajan en el área, como Dependencia, Justicia, Servicios Sociales y el IMAS, entre otras, pero falta coordinación. Hay mucha demanda y poca organización", sentencia, y lo ilustra con un ejemplo: en una reunión con compañeros se dieron cuenta de que siete personas atendían a una persona.

Delgado defiende los beneficios de trabajar en red. En su centro de salud, los distintos profesionales se reúnen una vez al mes para ver cómo pueden ayudarse y ser más operativos y eficientes. Asesoran a los médicos para capacitarlos y poder mejorar esta primera atención. Entre sus propuestas está incentivar el trabajo en la pública "para aquellos que tienen una plaza y priorizan el trabajo privado". De esta forma, no se desatendería la Administración. Reclama también "una cultura de la responsabilidad" porque "entre un 10 y un 20%" de los pacientes no asiste a la consulta y no anula la cita en "un contexto de saturación".