El campo de polo de Campos regulariza las obras en suelo rústico y pagará 400.000 euros
Se ha podido beneficiar de una reducción del 50% en la sanción del Consell de Mallorca
PalmaLa Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT), organismo dependiente del Consell de Mallorca, ha impuesto una sanción global de más de 400.000 euros a las sociedades vinculadas al campo de polo de sa Barralina, en Campos, por diversas infracciones urbanísticas calificadas de muy graves, según ha avanzado el Diario de Mallorca y ha podido confirmar el ARA Balears. Aun así, el caso tiene una particularidad relevante: las obras han sido regularizadas por parte de los promotores gracias a la amnistía aplicada por el Govern de Marga Prohens en rústico y por tanto el coste de la sanción habría sido del doble.
La resolución considera que Sa Barralina S.L. y Es Figueral Gran S.L.U. ejecutaronobras y desarrollaron actividades sin el correspondiente título urbanístico en suelo rústico protegido, en una finca situada cerca del entorno natural de Es Trenc.
Actividad sin permiso en suelo protegido
Según el expediente, las infracciones incluyen el uso de un campo de polo de unos 40.000 metros cuadrados sin autorización, así como la ampliación de instalaciones deportivas y otras intervenciones en terrenos con máxima protección ambiental. También se recoge la transformación de una estructura existente en una nueva edificación, dentro del mismo conjunto de fincas.
Estas actuaciones son consideradas infracciones muy graves según la Ley de Urbanismo de las Illes Balears, ya que implican tanto edificación como uso del suelo sin licencia en una zona especialmente protegida.
Legalización posterior y reducción de la sanción
A pesar de la contundencia de la sanción, el caso se inscribe dentro de un escenario más amplio. Las instalaciones del campo de polo han sido regularizadas posteriormente gracias a una modificación normativa aprobada en 2025 en el Parlament balear, que permitió dar cobertura legal a este tipo de actividades. Esta legalización tiene un efecto directo sobre la sanción: la normativa urbanística prevé que, en caso de restablecimiento de la legalidad urbanística, los responsables puedan beneficiarse de una reducción del 50% de la multa, que queda en 400.000 euros.
En la práctica, esto implica que, a pesar de que la infracción se considera muy grave y comporta una sanción elevada, el hecho de haber regularizado la situación posteriormente rebaja de manera significativa el impacto económico para las empresas implicadas.
Las dos sociedades sancionadas han optado por no presentar alegaciones dentro del plazo establecido por la ADT, un hecho que se interpreta como una aceptación de la resolución administrativa. Este paso facilita también la aplicación de las reducciones previstas en la normativa.
Un conflicto largo en el tiempo
El campo de polo de sa Barralina arrastra polémica desde hace décadas. La actividad se desarrolló durante años sin licencia, lo que motivó actuaciones del Consell de Mallorca, incluido el precinto de las instalaciones en 2017.
A pesar de ello, en los últimos años se ha detectado la reanudación de la actividad, lo que derivó en nuevos expedientes sancionadores e incluso en comunicaciones a la Fiscalía. Finalmente, la modificación legislativa aprobada en 2025 ha permitido su legalización, cambiando completamente el escenario jurídico.