Los campesinos califican de "disparate" que el Gobierno quiera comprar una finca de 6 millones para realizar investigación agraria
Agricultura quiere adquirir un terreno, pero el sector reclama que existen otras necesidades básicas
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural quiere comprar una finca en Mallorca para realizar tareas de investigación y experimentación agraria, con un presupuesto máximo de seis millones de euros. Los campesinos lamentan que este dinero no se destine al sector agrario que, según aseguran, "sufre un déficit presupuestario muy grande".
"El campesinado tiene otras necesidades básicas", opina Xisco Llompart, presidente del Consejo Balear de la Producción Agraria y Ecológica (CBPAE), quien considera que esta compra que pretende hacer el Gobierno es "un disparate muy grande". "Las experimentaciones que se han hecho hasta ahora han dado el mismo resultado: una deuda para los campesinos", recalca. Además, recuerda que esta inversión de hasta seis millones de euros se pretende realizar cuando el sector primario está preocupado por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) que ha propuesto la Comisión Europea para el periodo entre 2028 y 2034. Para comprar la finca, la Conselleria ha abierto un concurso y los propietarios . Además, fuentes del sector primario consultadas por el ARA Baleares consideran que las condiciones que el Govern ha impuesto para presentarse son "muy concretas" y "hechas a medida". En el pliego de condiciones se especifica que la finca debe estar en Mallorca, debe tener buena comunicación con las zonas agrícolas principales, debe tener un mínimo de 48 hectáreas de superficie agraria útil (40 de las cuales deben ser de regadío) con una pendiente inferior al 2,5% y debe disponer de una dotación de agua apta para.
Los campesinos consultados por este diario critican que, con estas condiciones "cerradas y dirigidas", el Govern "solo da la oportunidad de presentarse al concurso a los grandes tenedores" y apuntan a que la iniciativa "podría haberse hecho de otra manera". Sin embargo, dejan claro que no están en contra de realizar investigación y experimentación.
Por su parte, la gerente del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de las Islas Baleares (IRFAP), Georgina Brunet, aclara que "todas las condiciones tienen un sentido". "Los técnicos lo han mirado todo detalladamente teniendo en cuenta las experiencias que queremos hacer en la finca y los muestrales que deben registrarse. No está pensado para nadie en concreto", añade, y explica que el Gobierno no sabe si se presentará a alguien o tendrán que revalorizarse las condiciones. Sin embargo, insiste en que los requisitos iniciales "son los que realmente se necesitan". Por otra parte, expone que para realizar esta labor de investigación el Gobierno no puede utilizar las fincas públicas que ya tiene porque "no tienen las condiciones adecuadas".
Brunet también remarca que en las Islas no se puede utilizar la información que las demás comunidades autónomas extraen de sus fincas de investigación, porque allí no se tiene en cuenta el factor de la insularidad. "No podemos decir que investiguen a los demás, la ciencia es clave", insiste. En cuanto a las investigaciones que se desarrollarán en la finca, Brunet detalla que se estudiarán mecanismos de resistencia de plantas sembradas a distintos niveles de estrés, entre otras actividades. Estas iniciativas tienen como objetivo aumentar "la rentabilidad económica de las explotaciones agrarias".