Los ayuntamientos tienen la llave para reducir la presión turística y no la utilizan

PalmaSolo un ayuntamiento de Mallorca ha aprobado reducir plazas turísticas. Mientras el debate sobre el decrecimiento y la contención se eterniza en el Consell de Mallorca y en el Parlamento, Artà ha encontrado la manera de quitar presión turística al municipio sin tener que esperar a que las instituciones supramunicipales hagan efectivas medidas concretas de decrecimiento de plazas turísticas.

La estrategia que ha seguido el Ayuntamiento de Artà es muy sencilla y al alcance de todos los municipios de Mallorca: adaptarse al Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Mallorca, el PIAT, el instrumento de ordenación territorial que regula la actividad turística en toda la isla. Con la medida, aprobada inicialmente por pleno sin ningún voto en contra el pasado septiembre, se modifican las Normas Subsidiarias para establecer un techo de plazas turísticas que hace efectivo un decrecimiento real del 20% en el municipio, en suelo urbano y en suelo rústico.

El PIAT fija un techo de plazas turísticas, distribuye los usos y las plazas por zonas y establece criterios para que los ayuntamientos adapten sus respectivos planeamientos urbanísticos. Adaptándose a él, Artà ha puesto sobre la mesa una contradicción: ¿por qué si el debate de la saturación está insistentemente sobre la mesa no ha sido hasta ahora que un ayuntamiento ha aprobado una medida de estas características?

Un plazo caducado

El Consell de Mallorca aprobó el PIAT en julio de 2020. El instrumento establecía que los ayuntamientos tenían un plazo de cuatro años para adaptarse a él, un periodo que terminó en julio de 2024. Desde entonces, solo un municipio lo ha hecho: Palma; y Artà, ha aprobado inicialmente hacerlo.

Al adaptar el planeamiento, un ayuntamiento puede delimitar dónde se admite el uso turístico y fijar límites municipales. Si estos límites quedan por debajo de las plazas actuales, pueden frenar el crecimiento y abrir la puerta a una reducción progresiva. Aunque esta fórmula no supone un recorte automático de licencias vigentes, sí permite un cierto margen para que los planeamientos municipales fijen unos máximos de plazas por hectárea, de acuerdo con la clasificación del suelo. Sería este máximo el que permitiría, en determinados casos, contener la oferta, como ha pasado en Artà.

“Si todos los municipios se adaptasen al PIAT, a la mayoría les supondría una reducción de la oferta de plazas turísticas”, explica la geógrafa especializada en planeamientos, Margalida Mestre. Los ayuntamientos, asegura, “tienen la potestad de poner orden en lo que respecta a capacidades máximas”.

El plazo de cuatro años para que los ayuntamientos se adaptasen al PIAT caducó en julio de 2024. Para Mestre, el fracaso del ejercicio de las competencias propias por parte de los ayuntamientos, sin tener que esperar la ayuda de las instituciones supramunicipales, “es una mezcla de falta de voluntad política, procesos largos y complejos y desconocimiento”. El PIAT marca también que, en caso de que los ayuntamientos no se adapten, el Consell podrá actuar de manera subsidiaria, pero tampoco se ha hecho. “Si un ayuntamiento incumple y no adapta el planeamiento a una norma o plan superior, no hay ninguna medida coercitiva y, por tanto, nadie lo hace”, advierte un abogado y experto en urbanismo. “Si un ayuntamiento no cumple, sin embargo, no tiene ninguna consecuencia”, lamenta. “Los ayuntamientos no se adaptan porque supondría limitar la capacidad turística y prefieren vivir sin normas”, concluye.

Medidas que no atacan la raíz

El Ayuntamiento de Palma ha cerrado la puerta a nuevas plazas en viviendas y podría reducir su número con el tiempo. En mayo de 2026 aprobó definitivamente una modificación del Plan General que prohíbe nuevas plazas de estancias turísticas en todo el término municipal. Si bien la ciudad tenía 4.473 plazas repartidas en 632 viviendas, la medida elimina una previsión de 374 nuevas plazas.

El alcalde de Artà ha reconocido que otros ayuntamientos se han puesto en contacto con él a raíz de la aprobación de la medida, aunque no revela cuáles. Esto demostraría un cierto interés por seguir los pasos del municipio del Levante. Ahora bien, si se tiene en cuenta que en Artà el proceso ha durado más de un año, difícilmente ningún consistorio podría aprobar una medida similar antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Más allá de Palma, la medida de Artà es la única que ataca la reducción del techo municipal de plazas turísticas, aunque ha habido otros municipios que han impulsado medidas de naturaleza distinta, como la ordenación de coches y aparcamientos o de contención de la expansión urbanística.

Campanet y Capdepera, por ejemplo, han aprobado no aplicar la excepción autonómica que permite obtener plazas turísticas en edificios catalogados. En el caso de Sóller, uno de los municipios más saturados, se han limitado a actuar sobre los vehículos en puntos concretos. Lo ha hecho mediante la construcción de aparcamientos disuasorios para 508 plazas, hecho que ha sido criticado por la sociedad civil, que pide soluciones orientadas a reducir el colapso turístico y residencial del municipio. “Tantos aparcamientos pondrás, tantos llenarás y no arreglarás la saturación de la carretera ni el caos circulatorio; no aliviarás nada. Tiene que venir menos gente. Sóller no ha puesto en marcha ninguna medida de contención”, critica Bartomeu Miró, activista solleric.