Ley Mordaza

Cómo afecta la Ley mordaza a las cargas policiales? Las claves tras los incidentes de Palma

Las cargas policiales al final de la manifestación contra la masificación turística han reabierto el debate sobre la Ley mordaza, vigente desde 2015

30/07/2026 - 21:21 h.

PalmaLa multitudinaria manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado domingo en Palma transcurrió sin incidentes durante todo el trayecto. Decenas de miles de personas recorrieron el centro de la ciudad para reclamar un cambio de modelo turístico y denunciar la crisis de la vivienda, en una movilización que se desarrolló sin enfrentamientos con los centenares de turistas que paseaban por las mismas calles, ni tampoco con desperfectos, pintadas o incidentes ante hoteles, comercios, terrazas o inmobiliarias.

La protesta llegaba después de una semana marcada por la detención de dos activistas en Santa Maria a raíz de unas pintadas reivindicativas contra inmobiliarias, un operativo que había generado fuertes críticas y había incrementado la tensión antes de la movilización. A pesar de este contexto, la manifestación mantuvo un carácter pacífico hasta el tramo final.

La situación solo comenzó a tensarse cuando la cabecera ya había llegado a las Voltes y miles de personas continuaban bajando por el paseo de Antoni Maura y por las calles del centro para asistir a la lectura del manifiesto. La Policía Nacional impidió el acceso al recinto argumentando que se había alcanzado el límite de aforo. Se desplegaron dos cordones policiales: uno sobre la murada y otro en el acceso que conecta el parque de la Mar, a la altura del Hort del Rei, con las Voltes.

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Durante varios minutos, los manifestantes reclamaron poder completar el recorrido. Poco después, la Policía Nacional cargó contra los concentrados con golpes de porra. Varios vídeos grabados por los asistentes también recogen detonaciones durante la intervención policial. Según el recuento elaborado por el ARA Balears, al menos seis personas sufrieron heridas en la cabeza. Entre ellas hay un fotoperiodista que cubría la movilización y que tuvo que ser hospitalizado con una herida en la cabeza, además de un joven que fue diagnosticado de un traumatismo craneoencefálico.

Estas lesiones han reabierto el debate sobre los protocolos de actuación policial. De hecho, el protocolo interno de la Policía Nacional establece que los agentes deben evitar golpear con la defensa en sentido vertical –de arriba abajo– y prohíbe expresamente impactar en la cabeza, el cuello, las clavículas o la columna vertebral por el riesgo de provocar lesiones graves.

Irídia reclama una investigación

Las cargas también han provocado la reacción de Irídia, el centro para la defensa de los derechos humanos especializado en violencia institucional, que ha denunciado la "desproporción" del dispositivo desplegado por la Policía Nacional.

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La entidad asegura que la intervención dejó más de una decena de personas heridas, entre ellas un fotoperiodista que ejercía su trabajo y que sufrió lesiones en la cabeza, el abdomen y las extremidades. Irídia denuncia igualmente el uso de porras "de arriba abajo" y de balas de goma, un material que considera "potencialmente letal" y del que reclama la prohibición definitiva.

La organización también señala un presunto incumplimiento de la normativa sobre la identificación visible de los agentes, hecho que, según afirma, dificulta la depuración de responsabilidades y la investigación de posibles abusos policiales. Además, reclama una investigación "urgente y exhaustiva" de los hechos y expresa la preocupación por la "criminalización" que, según sostiene, ha sufrido el movimiento Menos Turismo, Más Vida durante los días previos a la movilización.

"La Ley mordaza desincentiva el derecho de protesta"

La abogada especializada en la Ley de Seguridad Ciudadana Celia Ballester, que forma parte de Irídia, considera que la normativa, vigente desde 2015, "se ha convertido en una herramienta más para reprimir y criminalizar el derecho a la protesta".

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Según Ballester, la norma ha supuesto un "claro retroceso en materia de derechos y libertades" porque permite imponer sanciones administrativas de entre 100 y 600.000 euros sin necesidad de un proceso penal. La abogada también sostiene que uno de los principales problemas de la ley es el uso de conceptos jurídicos "ambiguos y genéricos", especialmente en los artículos relativos a la desobediencia y a las faltas de respeto a la autoridad.

Entre la entrada en vigor de la norma y 2023 se han impuesto más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana –sin contar drogas, armas y explosivos– y más del 76% corresponden a los artículos 36.6 y 37.4.

A raíz de las numerosas imágenes registradas durante las cargas, Ballester recuerda que existe una creencia errónea muy extendida. La abogada lamenta que algunos agentes continúen utilizando este argumento para impedir grabaciones que después pueden ser determinantes en una investigación. También recuerda que muchas investigaciones no prosperan porque no es posible identificar a los agentes que intervinieron.

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¿Qué hacer si se considera que se ha sufrido una agresión policial

Ballester insiste en que las primeras horas son determinantes para preservar las pruebas. La abogada recomienda explicar detalladamente a los profesionales sanitarios cómo se han producido los hechos, qué lesiones físicas y psicológicas se han sufrido y, si es posible, qué cuerpo policial ha intervenido. Si los síntomas empeoran o aparecen días después, aconseja volver al médico para que queden reflejados en un nuevo informe.

También recomienda fotografiar las lesiones, conservar los vídeos y las fotografías en el dispositivo original con que se han registrado, identificar posibles testigos y comprobar si había cámaras de videovigilancia que pudieran haber captado los hechos. En cuanto a la denuncia, considera preferible presentarla en el juzgado de guardia, aportar toda la documentación disponible y, si es necesario, pedir que el juez requiera las grabaciones de cámaras o la identificación de los agentes.

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Finalmente, recuerda que las consecuencias de una agresión policial no son solo físicas, sino que también afectan al contexto psicosocial. "Ante una situación de violencia es normal que reaccionemos de una manera que no esperamos, debemos tener en cuenta que son reacciones normales ante situaciones que no son normales", ha apuntado. Por ello, la abogada ha apuntado que durante el primer mes es posible tener reacciones de estrés agudo que pueden comportar sensación de irrealidad de los hechos, cambios de estado de ánimo súbitos, insomnio o que se intenten evitar situaciones o lugares que nos recuerden de alguna manera a los hechos vividos. En cuanto al material antidisturbios, Ballester recuerda que la última propuesta de reforma de la Ley mordaza, actualmente bloqueada en el Congreso, preveía eliminar las pelotas de goma. Con todo, en septiembre ha apuntado que puede haber novedades sobre la reforma.