86.000 personas viven en situación de pobreza severa en las Baleares
Cerca de 190.000 residentes están en riesgo de pobreza o exclusión social, aunque la tasa ha bajado al 15,2%, el nivel más bajo de la serie histórica.
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PalmaUnas 86.000 personas viven en situación de pobreza severa en las Baleares, con ingresos inferiores a 680 euros mensuales si viven solas. En una familia de dos adultos y dos niños, el umbral baja hasta los 357 euros por persona al mes.
Así lo recoge el Informe sobre el estado de la pobreza en las Islas Baleares 2026, presentado este viernes en el Parlamento por el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-Illes Balears), Xavier Torrens. La entidad alerta que la mejora de los indicadores generales no evita que miles de personas continúen en una situación de gran vulnerabilidad.
Según los datos de la Encuesta de condiciones de vida del INE correspondientes a 2025, unas 190.000 personas, el 15,2% de la población balear, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es el porcentaje más bajo de la serie histórica y el segundo menor del Estado.
La pobreza afecta al 23% de los niños
La situación es especialmente preocupante entre los menores de 18 años: el 23% está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi ocho puntos por encima de la media de las Islas. La EAPN advierte que esta realidad limita las oportunidades de los niños y puede perpetuar la pobreza entre generaciones.
La pobreza monetaria, que afecta a las personas con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana nacional, también ha aumentado ligeramente, hasta el 11,6%, después de tres años de descensos.
La entidad considera que la recuperación económica y laboral no llega lo suficiente a los colectivos más vulnerables. Entre los factores que agravan la situación señala el encarecimiento del coste de la vida, las dificultades de acceso a la vivienda y la incapacidad de tener un trabajo para garantizar, por sí solo, la inclusión social.
La vivienda, un factor de exclusión
Torrens ha reclamado políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y ha defendido que se trate como un derecho social, no únicamente como un bien de mercado.
El informe señala que el precio de compraventa de la vivienda aumentó un 95,1% entre 2015 y 2025, mientras que los alquileres se encarecieron un 28,8% entre 2015 y 2024. La EAPN vincula esta evolución con las inversiones inmobiliarias, la expansión del alquiler turístico y la falta histórica de vivienda pública asequible.
Por ello, reclama ampliar el parque público, fomentar el alquiler social e impulsar medidas para evitar desahucios y la expulsión de residentes de sus barrios.
Más ayudas y menos estigma
La entidad también pide aumentar la cobertura y la cuantía de la Renta Social Garantizada (RESOGA) y mejorar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), que, según Torrens, solo llega a un tercio de los beneficiarios potenciales. Además, defiende una prestación universal por crianza.
El informe destaca el peso de las ayudas públicas en la reducción de la pobreza: sin las transferencias económicas de las administraciones, la tasa se acercaría al 28%.
Finalmente, Torrens ha alertado del aumento de los discursos de odio y de la aporofobia —el rechazo a las personas pobres— en los ámbitos político, mediático y social. Según la entidad, estos discursos estigmatizan a los colectivos vulnerables y los responsabilizan de su situación. Para combatirlo, la EAPN pondrá en marcha durante las próximas semanas una campaña de sensibilización centrada en la aporofobia.