Un 70% de los residentes en la antigua prisión de Palma no pueden acceder a los servicios sociales

PalmaUn 70% de las 101 personas que viven en la antigua cárcel de Palma no tienen acceso a los servicios sociales ni a una alternativa de vivienda, según se deduce de las declaraciones que ha hecho este lunes el alcalde Jaime Martínez. Pese a que Martínez ha asegurado que el acceso a los servicios sociales depende de "la voluntariedad" de los residentes, también ha señalado que "hay personas que no pueden acceder a los recursos sociales porque hay una normativa" y que "las personas en situación irregular no pueden acceder a ellos". El mismo Martínez ha sido quien ha remarcado que "un 70%" de los residentes de la antigua cárcel "está en situación administrativa irregular".

Por tanto, la gran mayoría de las personas que se encuentran en esta situación no pueden decidir voluntariamente si acceden o no a los recursos sociales, sino que se encuentran en una situación en la que recibir atención y una alternativa de vivienda no es posible para ellas. De todos modos, el proceso de regularización extraordinaria que se lleva a cabo a estas alturas "marcará un nuevo escenario", ha dicho el alcalde.

Por otro lado, Martínez ha detallado que, de las 208 personas que se registraron en el último censo, a estas alturas solo quedan 101 viviendo en este inmueble. El alcalde ha explicado que "muchas han abandonado la antigua prisión para trasladarse a la Península", aunque también las hay que han ingresado en la prisión y en centros de acogida. 45 personas han sido derivadas al IMAS. En cuanto a las personas que han partido, Martínez ha asegurado que lo han hecho "voluntariamente", aunque ha reconocido que algunas han recibido ayudas económicas para partir de Palma.

Una vez que el Ayuntamiento de Palma desestimó todas las alegaciones de los residentes para evitar el desahucio, se notificó la obligación de abandonar el recinto, con cinco días de plazo para hacerlo. Se han hecho 101 notificaciones presenciales y las que no se han podido entregar personalmente se publicarán en el BOE –también hay cinco días de plazo después de la publicación. "Cuando acabe el plazo, el expediente se enviará al juzgado para ejecutar el desahucio", ha explicado Martínez, además de recordar que el proceso de recuperación posesoria comenzó el 27 de febrero.

Martínez ha destacado de manera reiterada que la situación en la antigua prisión es de riesgo para los residentes, los vecinos y los servicios de emergencia que deben intervenir. En cuanto al informe en el que se rechazan las alegaciones, que señala la presencia de roedores y la posibilidad de transmisión de enfermedades que estos animales implican –entre ellas, el hantavirus–, el alcalde ha señalado que el documento "ponía ejemplos" y ha matizado las afirmaciones: "Hay que ser muy prudente con las alertas sanitarias. De ahí que haya riesgo... El informe lo habría dicho".

Además de criticar otra vez las políticas migratorias del gobierno español, Martínez ha asegurado que el Ayuntamiento de Palma "ha traspasado de mucho" sus competencias para hacerse cargo de la situación en la antigua prisión. Preguntado por qué medidas más allá de las competencias municipales se han llevado a cabo, el alcalde ha detallado que hay un gasto superior a los 500.000 euros y que Cort ha tenido que hacer "un esfuerzo presupuestario".