El pasado mes de marzo, la Conselleria del Cicle de l’Aigua i de la Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, después de una larga batalla judicial desde 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

"Finalmente destruiremos la piscina. Espero que queden contentos". Con esta frase contundente dirigida a los independentistas, Ágatha Ruiz de la Prada resume el desenlace de uno de los conflictos urbanísticos más largos y mediáticos de Mallorca. Según su relato, la piscina, construida en dominio público marítimo-terrestre, era "perfectamente legal" porque se había construido antes de la Ley de Costas y disponía de todos los permisos; la realidad es que el caso derivó en una batalla política y judicial que se ha extendido durante más de dos décadas.