El pasado mes de marzo, la Conselleria del Cicle de l’Aigua i de la Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, después de una larga batalla judicial desde 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.