El pasado mes de marzo, la Conselleria del Cicle de l’Aigua i de la Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, después de una larga batalla judicial desde 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

"Finalmente destruiremos la piscina. Espero que queden contentos". Con esta frase contundente dirigida a los independentistas, Ágatha Ruiz de la Prada resume el desenlace de uno de los conflictos urbanísticos más largos y mediáticos de Mallorca. Según su relato, la piscina, construida en dominio público marítimo-terrestre, era "perfectamente legal" porque se había construido antes de la Ley de Costas y disponía de todos los permisos; la realidad es que el caso derivó en una batalla política y judicial que se ha extendido durante más de dos décadas.

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para derribar la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente, cuando lo leí, me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

El consejero balear de la Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha firmado una resolución que algunos creían imposible: la autorización definitiva para derribar la piscina, el embarcadero y la terraza del chalé propiedad del periodista Pedro J. Ramírez en la costa de los Pins (Son Servera), que ocupan el dominio público sin la correspondiente autorización en vigor. De esta manera, prácticamente se pone el punto final a una historia que comenzó hace 25 años y que ha supuesto un litigio maratoniano entre Ramírez y un grupo de entidades y ciudadanos liderados por el activista e independentista mallorquín Jaume Sastre.