"Saturación", "gueto de viviendas protegidas" y perjuicios graves para los habitantes de El Molinar. Estas son algunas de las expresiones que el Partido Popular utilizó hace 16 años contra el mismo proyecto de Son Bordoy que hoy tramita como gobierno municipal. Corría el año 2010 y al amparo de la conocida Ley Carbonero (consejero de Vivienda del Gobierno de Francesc Antich) se tramitaba una reserva estratégica de suelo en Son Bordoy con el objetivo declarado de facilitar vivienda asequible. Sobre el papel, la iniciativa pretendía dar respuesta a la dificultad de acceso a vivienda en Palma. La sociedad civil y el Partido Popular criticaron esta recalificación de suelo por varios motivos. Los populares fueron muy duros y utilizaron los argumentos exactamente contrarios a los que ahora defienden.

En 1993 la Asociación Cultural Cristiana Gitana Balear solicitó al Ayuntamiento de Palma que le cediera Son Regalo Nuevo, una finca de titularidad municipal de aproximadamente 33.200 metros cuadrados, ubicada en el Molinar (Palma), con el objetivo de realizar actividades de promoción y para la actuación en materia de drogodependientes y su posterior reinserción. Cort aceptó la petición y el 10 de diciembre de 1993 el alcalde de Palma en ese momento, Joan Fageda (PP), y también el concejal municipal de Acción Social, Bartomeu Oliver, firmaron una cesión de uso del terreno a la que ha tenido acceso el ARA Baleares. Incluso, el equipo de gobierno de Fageda desalojó a un precarista que vivía en la finca de Son Regalo para cederla a la entidad. El particular que vivía irregularmente se opuso en reiteradas ocasiones a abandonarla e incluso pidió una prórroga al Ayuntamiento de Palma para estar más tiempo, además de proponer como alternativa dar a la entidad la finca de Son Fernando Nou (situada junto a Son Regalo), pero Cort lo rechazó.