Al menos seis municipios de Baleares –Maó, Ciutadella, Esporles, Santa Maria, Pollença y Algaida– han pedido al Govern que les aplique la normativa estatal que les permite ser declarados zona tensionada y automáticamente poder limitar los precios de alquiler de viviendas en el momento de la renovación de los contratos. El Ejecutivo confirmó al ARABalears que "en un período breve de tiempo se resolverán estas peticiones y, en principio, serán todas en sentido negativo". "Pensamos que hacerlo no mejoraría su situación", explica el director general de Vivienda, José Francisco Reynés. "Entre todas las administraciones debemos poner todo lo que tenemos al alcance para mejorar la vida de los ciudadanos, y así lo haremos, pero no hay ninguna garantía de que limitar los precios sea beneficioso", reitera el máximo responsable en materia de vivienda del Govern.

El debate sobre la vivienda en Baleares ya no gira en torno a si los precios son altos, sino si existen herramientas que eviten un punto de no retorno en el 2026. Las previsiones apuntan a una nueva subida de los alquileres de entre un 8% y un 12%, lo que supone hasta 4.000 euros anuales más para los bolsillos de los residentes. El incremento vendrá, sobre todo, de los miles de contratos firmados en tiempo pospandemia que, cinco años después, deben renovarse. Sin mecanismos de contención. A precio de mercado desbocado. La vivienda usada tampoco ofrece esperanzas con el metro cuadrado, que supera los 5.000 euros. Y al alza.