A diferencia de los consejos insulares de Menorca, Eivissa y Formentera, el de Mallorca todavía no tiene las competencias de agricultura, ganadería y pesca, ni tampoco la de transportes terrestres. MÁS por Mallorca ha presentado una moción al Pleno del Consell de Mallorca para reclamar al Gobierno de las Islas Baleares el inicio inmediato del proceso de traspaso de las competencias en materia de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural. La formación ecosoberanista denuncia que el Gobierno del Partido Popular ha incumplido la Ley agraria de 2019 –que establecía un plazo de cinco años para hacer efectivo el traspaso– y, además, ha eliminado esta obligación del nuevo anteproyecto de ley agraria 2025. Por su parte, el Gobierno incumple la Ley de consejos insulares, 2022), el Ejecutivo debía completar los traspasos de las funciones que se indican en el Estatuto de Autonomía.

El Govern ha fijado el 31 de diciembre como fecha límite para encontrar una solución a la Asociación General Agraria Mallorquina (Agama), según han anunciado fuentes del Ejecutivo al ARA Baleares. "Es el plazo máximo para que, si no, no tendremos capacidad de maniobrar, ni para revertir la situación", añadieron. Fuentes del sector primario han añadido que Agama comprará leche a uno de los tres productores que actualmente lo vende hasta el 31 de octubre de 2026, pero han remarcado que, a partir del 31 de marzo, esta leche ya no la elaborará en Mallorca porque acabará el contrato de alquiler de las instalaciones que Damm tiene con comercial Bordoy.

Los propietarios de una decena de terrenos rústicos en las periferias urbanas de municipios como Palma y Calvià, y también en Ibiza, ya se han movido para aprovechar la recalificación automática promovida por el Gobierno de Marga Prohens y que puede generar plusvalías de más del 2.000%. La Ley de obtención de suelo ha hecho que diferentes dueños y promotores se sienten a la mesa para negociar e intentar poner en marcha proyectos ante una ocasión única de conseguir aprovechamientos urbanísticos millonarios, con el pretexto de construir nuevas viviendas. Se trata de operaciones que, en algunos casos, ya se han anunciado mediante ofertas públicas de compraventa. En otros, todavía circulan por los despachos. La mayoría son extensiones de territorio que no se estrenan ahora en el mercado inmobiliario, sino que ya han sido objeto de intentos de recalificación por sus propietarios actuales.

Unión de Labradores de Mallorca, Asaja Baleares, UPA-AIA y Cooperativas Agro-alimentarias defienden que la futura ley agraria balear será "una herramienta del sector y para el sector" y han criticado que otros ámbitos "quieran marcar" el futuro de los agricultores, ganaderos y cooperativas de las Islas. Cabe recordar que esta normativa permitirá hasta 10 plazas turísticas en cada explotación.

Los hoteleros de Mallorca consideran un error que la viabilidad del campo implique realizar más plazas turísticas y han pedido a la Conselleria de Agricultura en sus alegaciones a la ley agraria que no se genere mayor capacidad de alojamiento. Las alegaciones de los hoteleros no se limitan a criticar la turistización del sector agrario, sino que reclaman al Gobierno que priorice "de verdad" al sector primario y que lo declare como servicio esencial y estratégico, para que se deriven más recursos públicos de forma "sistemática y regular".

La Federación de Empresarios del Comercio de Baleares (Afedeco) asegura que el anteproyecto de la ley agraria que impulsa el Gobierno podría afectar negativamente al sector, ya que abre la puerta a realizar nuevos establecimientos comerciales con la excusa de fomentar la venta directa. Según la presidenta de Afedeco, Joana Manresa, el anteproyecto introduce conceptos que "pueden exceder el ámbito agrario y afectar directamente a la regulación del comercio minorista", lo que puede crear inseguridad jurídica y una desventaja para los establecimientos legalmente establecidos.

Agricultores, profesionales y entidades como el GOB, Unió de Pagesos y la asociación de productores ecológicos Apaema han exigido al Gobierno que modifique profundamente el proyecto de ley agraria porque "desfigurará el campo" y han criticado que, con la redacción actual, es una iniciativa para promover usos urbanísticos y turísticos que "acabará convirtiendo las explotaciones en hoteles". Además, lamentan que no se utilice la norma para "promover una verdadera soberanía alimentaria y para ayudar en serio a hacer viable la actividad agraria de las Islas", según han explicado portavoces de estas asociaciones al ARA Baleares. Hay algunos puntos de coincidencia entre las entidades y profesionales que han presentado alegaciones, sobre todo en lo que se refiere a la crítica a la orientación urbanística, turística y especulativa del campo, en lugar de hacer una apuesta por mejorar la producción de alimentos, que "es la base de cualquier normativa agraria". Los ecologistas piden que el Gobierno retire la norma tal y como está redactada.

El grupo ecologista GEN-GOB ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura para pedir la retirada del anteproyecto de ley agraria, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia y exposición pública. Según consideran, el Gobierno de las Islas Baleares "pretende dar el tiro de gracia al campesinado", convirtiéndola en objetivo de fondos de inversión y empresas turísticas para que pase a formar parte de "la sobredimensionada oferta turística de estas islas", haciendo crecer la problemática de la dependencia del sector turístico y "considerando el campesinado como una actividad residual".

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha reconocido este miércoles que, tal y como avanzó el ARA Baleares este fin de semana, con la aprobación de la nueva ley agraria se aumentarán de 6 hasta 10 las plazas turísticas en las explotaciones que tengan la condición de preferentes o prioritarias –las que se dedican de forma profesional a la agricultura.

Unió de Pagesos, el sindicato que representa a los ganaderos menorquines, ha sido el primero en levantar la voz contra la nueva ley agraria que tramita el Parlament balear. Entiende que abre la puerta a turistizar y llenar aún más el campo de placas solares sin que se vea un beneficio directo para quien realmente trabaja la tierra.

Si la ley agraria que el Govern ha terminado se aprobara tal y como está redactada, el campo de las Islas podría acoger miles de nuevas plazas turísticas gracias a la ampliación del número de agroestancias que cada explotación profesional podrá tener. Las fincas agrarias que tengan la condición de preferentes o prioritarias –las que se dedican de forma profesional a la agricultura– podrán pedir hasta 10 plazas turísticas. Una "torpeza" según los colectivos conservacionistas y algunas organizaciones agrarias, y una "necesidad" según el Ejecutivo, que asegura que es la única manera de hacer viable un sector que lleva años en declive.

El GOB Mallorca y la Asociación de Defensa de los Paisajes de Estellencs han presentado dos denuncias ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, para advertir que "la sierra de Tramuntana se encuentra en una situación crítica de degradación agravada y acelerada por las políticas desreguladoras del Govern". Las entidades alertan de que, con las reformas normativas aprobadas en los últimos meses, el Gobierno de Marga Prohens "ha convertido a la Serra en un territorio desprotegido ante la presión especulativa y turística, poniendo en riesgo los valores universales que justificaron su reconocimiento como Patrimonio Mundial en 2011".

Una veintena de campesinos de diferentes puntos de Mallorca han presentado alegaciones al anteproyecto de ley agraria de las Islas Baleares, que se encuentra actualmente en exposición pública, y exigen su retirada inmediata. Consideran que el texto "supone la renuncia definitiva a una actividad agraria digna y funcional" y denuncian que, bajo una apariencia de ley verde, "abre la puerta a una mayor urbanización encubierta, especulación y usos no agrarios al suelo rústico".