El Ayuntamiento de Palma tendrá una desaladora propia. Impulsada por Emaya, la instalación costará unos 135 millones de euros, según recoge el proyecto del Plan de gestión sostenible del agua. Este equipamiento, que está previsto para el año 2035 y que tendrá una capacidad máxima de hasta 36 hectómetros cúbicos (hm3) anuales, se plantea como un "pilar estructural" para garantizar el suministro. La actuación pretende responder a la falta de agua que anticipaban los técnicos de recursos hídricos del Govern en sus informes del Plan General de Palma en el año 2023.

MÁS por Palma ha acusado al Partido Popular de "privatizar" la función pública a raíz de un contrato de 1,3 millones de euros para externalizar la redacción de informes de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern. La formación ecosoberanista considera que esta decisión supone una mala gestión del dinero público y debilita a la Administración. Según defiende la propuesta que el partido presentará en el pleno de Palma, la gestión de expedientes vinculados al urbanismo y al interés general debería continuar en manos de personal público para garantizar la imparcialidad, la transparencia y la seguridad jurídica.

"El alcalde de Palma tendrá que responder por los desastres que puedan venir después de construir en zonas inundables". Con esta advertencia, la portavoz de MÉS por Palma en Cort, Neus Truyol, ha cargado este jueves contra la estrategia del Ayuntamiento de Palma deeliminar la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

La guerra del agua no se detiene en Palma. Por el momento, el Ayuntamiento de Jaime Martínez ha logrado quitarse de encima los informes preliminares de la Dirección General de Recursos Hídricos para dar licencias urbanísticas. El argumento oficial es que existe un "un atasco" monumental, que fuentes municipales han llegado a cifrar en 500 expedientes. De esta forma, Cort remarca que no se han podido otorgar proyectos para hacer frente a la falta de vivienda debido a lo que define como cuello de botella de Recursos Hídricos. Ahora bien, según datos consultados por el ARABalears, la mayor parte –hasta el 80%– de los proyectos que pasan por la Dirección General que deben salir adelante corresponden a chalés.

El Gobierno ha sacado a licitación por 1,3 millones de euros un contrato para externalizar la redacción y tramitación de informes de la Dirección General de Recursos Hídricos con el objetivo de agilizar expedientes, especialmente los vinculados a proyectos de construcción de vivienda. La decisión llega en un momento de fuerte presión del sector promotor, que denuncia desde hace meses retrasos en los informes hídricos y condicionan el otorgamiento de licencias y el inicio de obras en un contexto de demanda disparada de pisos.

El Ayuntamiento de Sóller ha actualizado las medidas para el ahorro y uso responsable del agua y ha impuesto también restricciones a los establecimientos turísticos. Inicialmente, la normativa sólo informaba de restricciones para los particulares, pero este jueves han emitido un decreto actualizado en el que detallan varias medidas que afectan directamente a los hoteles, viviendas de alquiler vacacional, bares, restaurantes y cafeterías.

El Govern no modificará los parámetros de situación de los acuíferos de las unidades de demanda, en este caso del Plan, para declarar la situación de emergencia por municipios y no por unidades de demanda. De esta forma, el Ejecutivo autonómico podría justificar el pago de las camionadas de agua que cuestan más de 500.000 euros cada año a la Mancomunidad. Por el contrario, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua se ha comprometido a sacar una línea de subvenciones antes de finalizar el año para que los pueblos de la Mancomunitat puedan hacer frente a los sobrecostes que supone tener que comprar el agua para suministrar a Porreres, Algaida y, sobre todo, a Montuïri.

El departamento de Recursos Hídricos y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han llevado a cabo la primera de una serie de operaciones a lo largo del verano para perseguir a grandes consumidores que extraen cantidades importantes de agua sin estar autorizados. Fruto de la colaboración entre ambos organismos, la semana pasada se clausuró un pozo ilegal en el hotel rural Cap Menorca, en las antiguas baterías militares de Llucalari (Alaior), donde se sacaban sin permiso hasta 40 toneladas de agua al día.