Las terrazas del paseo del Born deberán desaparecer este miércoles por la tarde ante el riesgo de que la última cena al fresco de Brunzzit derive, según la Policía Nacional, en actos de "coacción, sabotaje o confrontación directa" contra los establecimientos de hostelería. El colectivo ciudadano había convocado un paseo y una cena en los bancos del paseo para reivindicar un espacio que considera ocupado progresivamente por las terrazas. Brunzzit ha rechazado las sospechas policiales y ha denunciado que se pretende "criminalizar" una iniciativa que hasta ahora siempre se ha desarrollado sin incidentes.

La Delegación del gobierno español en las Illes Balears ha pedido a la Dirección General de la Policía que abra un expediente de información reservada para determinar si algunos de los agentes que intervinieron en las cargas policiales del domingo pasado en Palma cometieron infracciones susceptibles de sanción disciplinaria. La decisión llega después de una semana marcada por una intensa polémica política y social a raíz de la actuación policial al final de la manifestación contra la masificación turística del 26 de julio.

El delegado del gobierno español en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, se ha desmarcado de la actuación policial en la manifestación contra la saturación turística, que ha calificado de "desmesurada" respecto del riesgo de una protesta marcada por "un comportamiento cívico ejemplar". "Las cargas policiales dependen del operativo in situ, no las decide este delegado. El uso de la violencia no se ajustó al riesgo", ha asegurado este lunes, después de que los organizadores de la protesta y MÉS per Mallorca hayan pedido su dimisión.

El informe de la Policía Nacional emitido en relación a la concentración de Núcleo Nacional concluye que la convocatoria del grupo ultra en la Feixina de Palma para defender el monolito franquista no supone un "riesgo" para el orden y la seguridad públicos. Así lo han confirmado a el ARA Balears fuentes de la misma delegación del gobierno español y del Ayuntamiento de Palma, que se han abstenido de posicionarse sobre el informe policial. Se desconoce si ha habido algún intercambio de pareceres entre la administración local y la estatal sobre el tema, ya que el Consistorio palmesano podría desautorizar la cesión del espacio público donde se ha de llevar a cabo la convocatoria, si el informe policial fuera desfavorable.

El Ayuntamiento de Palma ha dicho en reiteradas ocasiones que entre un 60% y un 70% de los residentes de la antigua prisión de Palma son inmigrantes en situación irregular. De esta forma, el consistorio se niega a asumir la responsabilidad de ayudarles y señala que el gobierno español es responsable de este problema. El primer teniente de alcalde de Cort, Javier Bonet, aseguró el martes que el Estado "tiene todas las competencias sobre las personas que se encuentran en situación irregular". "Si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que llegan en patera, también debería poder dar respuesta a esta crisis de carencia de vivienda", remarcó.

La propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supondría para Baleares incrementar con 412 millones al año los recursos que recibe con el sistema de financiación vigente en la actualidad. En rueda de prensa, el delegado del gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ha explicado que con este nuevo sistema el Archipiélago se sitúa por encima de la media en financiación por habitante ajustado, frente al modelo actual en el que se encuentra por debajo de la media.

El gobierno español no se plantea la posibilidad de cogestionar los aeropuertos de Baleares con el Ejecutivo autonómico y consideró "una trampa" señalar a las infraestructuras gestionadas por Aena como las causantes de la masificación turística.