Cuando llegó en el 2007, el grupo de amigos se dividía entre los de ocho linajes mallorquines, con una vivienda asegurada por herencia, y los que éramos hijos de forasteros, que sólo podíamos heredar la hipoteca de nuestros padres. En mi pandilla era un axioma.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) decretó en marzo de 2019 que los contratos de alquiler pasarían de tres a cinco años. Ahora que miles caducan, la situación ha empeorado respecto de hace un lustro: el precio de la vivienda como bien especulativo sigue subiendo, alentado por una demanda muy superior a la oferta. Según las cifras del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los inquilinos isleños cuyo contrato acabe en ese momento tendrán que afrontar una subida del alquiler de 4.615 euros anuales. Este incremento se suma a una situación insostenible para muchas familias: el precio medio del alquiler en las Islas supera los 1.500 euros, el segundo más caro de España por detrás de Barcelona.

El delegado del gobierno central en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, reclamó "consenso" y reivindicó los "grandes pactos" ante retos que "interpelan a todo el mundo, como la vivienda", durante el discurso en el acto institucional del Día de la Constitución, celebrado este sábado en el palacio de la Almudaina de Palma. Las principales autoridades de las Islas han asistido a la conmemoración del 47 aniversario de la Carta Magna.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes una iniciativa que abre la puerta a reducir o incluso suprimir la reserva de vivienda protegida en promociones urbanísticas concretas. La propuesta, avalada por el PP y Vox y rechazada por la izquierda, se incluye en la petición de reforma de la Ley de capitalidad que Cort quiere elevar al Parlament. El gobierno municipal defiende que la ciudad necesita "un régimen actualizado y justo", mientras que la oposición alerta de que el cambio puede tener un fuerte impacto en el acceso a la vivienda.

La antigua prisión de Palma (próxima al también ya desaparecido Mustang Ranch, que fue el prostíbulo preferido de algún alcalde de la ciudad) se vació de presos en 1999 y fue adquirido por el Ayuntamiento en 2013, mediante una permuta. Se planteó la idea de convertir el antiguo recinto penitenciario en una residencia de estudiantes de la UIB, pero esta residencia finalmente forma parte del proyecto del Distrito de las Artes, en la zona del Conservatorio. Durante el último Pacto de Progreso se encargó un proyecto a una unión temporal de empresas (una UTE, la llaman) para hacer un centro de creación cultural (tal vez siguiendo el ejemplo de la Modelo de Barcelona). El pasado mes de enero el actual equipo de gobierno de la ciudad, formado por el PP y Vox (inicialmente un equipo encubierto, pero equipo, al fin y al cabo), rescindió el contrato con los siempre odiosos catalanes culturetas, lo que significó tener que pagar una indemnización de siete mil euros a la empresa adjudicataria.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,5% en Baleares en julio en tasa interanual, siete décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior. Es la comunidad con la tasa más alta, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El PSOE Palma ha alertado de que las teóricas viviendas de precio limitado que se construirán en suelo municipal tendrán "un alquiler premium de entre 1.000 y 1.600 euros, muy alejados de los entre 600 y 1.000 euros que anunció el alcalde, Jaime Martínez". Los socialistas hacen esta denuncia después de que la empresa adjudicataria de los únicos dos lotes haya calculado las rentas finales incluyendo el pago por parte de los arrendatarios del IBI, la tasa de basura y los gastos de la comunidad, que pueden alcanzar hasta 233 euros al mes, a parte del aparcamiento y el trastero.