Decenas de personas se han concentrado este martes ante los juzgados de la vía de Alemania de Palma para mostrar su apoyo a las personas encausadas para intentar detener el desahucio de una familia con menores en el año 2022. El procedimiento judicial, conocido como caso Barraquer, se ha resuelto con un acuerdo de conformidad que ha evitado el juicio0. delito de resistencia a la autoridad.

El desahucio previsto para este martes de una mujer discapacitada en una vivienda de Sencelles fue suspendido por la comisión judicial tras admitir un escrito en el que la perjudicada apunta, entre otras cuestiones, falta de legitimación. El lanzamiento estaba previsto para las 10:00 horas de este martes, aunque finalmente la comisión judicial personada en la vivienda de la mujer –que tiene una discapacidad del 41% y que ahora tiene diez días para presentar un recurso– ha detenido la ejecución.

Cort quiere desahuciar aproximadamente 170 personas que viven en Son Regalo (El Molinar) unos terrenos cercanos a Son Bordoy, donde Pryconsa debe construir una promoción de 750 viviendas, que arrastran varias polémicas. La última, las notificaciones a las familias que viven en la zona ordenándoles que salgan de sus viviendas. Los residentes en Son Regalo no están afectados por la construcción de la nueva urbanización ni tampoco por las obras del vial que el Ayuntamiento de Palma quiere realizar para llegar. En Son Bordoy, que actualmente es propiedad de la empresa promotora, sólo viven de forma irregular unas 30 personas, niños incluidos, según han asegurado al ARA Baleares fuentes conocedoras del caso.

Varias familias que previsiblemente serán desahuciadas de las infraviviendas de Son Bordoy en las que residen desde hace años han intervenido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma para protestar por su situación y reclamar una alternativa residencial.

Este viernes mediodía la plataforma Stop Desahucios de Mallorca intentó impedir que una mujer y sus dos hijos discapacitados fueran forzados a salir de una planta baja de la calle Sureda de Portocristo. Según explican fuentes del colectivo, la casa en la que residían había sido denunciada por un vecino que defendía que se trataba de un local y no de una vivienda.

Este viernes mediodía la plataforma Stop Desahucios de Mallorca ha intentado impedir que una mujer y sus dos hijos discapacitados fueran forzados a salir de una planta baja de la calle de Sureda, en Portocristo. Según explican fuentes del colectivo, la casa en la que residían había sido denunciada por un vecino que defendía que se trataba de un local y no de una vivienda.

Una mujer y sus tres hijos han sido desahuciados este viernes de un domicilio ubicado en Son Gotleu, según ha informado el Sindicato de Vivienda de Palma. El lanzamiento, previsto a las 8.30 horas, se produjo esta mañana en el número 76 de la calle de Tomás Rullán, donde se concentraron varias personas para intentar frenarle, aunque sin éxito.

En Alaior, 56 familias se enfrentan desde principios de año a ser desahuciadas de los pisos de alquiler que habitan en la avenida de la Virgen del Toro. La promotora que construyó el edificio ha quebrado, dejando una deuda superior a los 12 millones de euros. Esta situación ha empujado al Juzgado de Mahón a sacarlos a subasta. Los inquilinos temen perder sus contratos de arrendamiento y verse obligados a partir, pero se resisten a ellos. Tras tocar todas las puertas de la Administración, tienen claro que no se darán por vencidos. En estos momentos, es muy complicado encontrar en el mercado inmobiliario de Menorca suficientes pisos de alquiler para vivir.

Una comisión judicial ha ejecutado este jueves el desahucio de una madre y su hijo menor de edad que vivían en una de las infraviviendas de la calle Joan Miró de Palma que son propiedad de un agente de la Policía Local que fue sancionado por el Govern por alquilarlos.

Una madre y sus dos hijos pequeños han sido desahuciados de una vivienda de Son Forteza Sur de Palma, que habían alquilado recientemente. Según ha explicado la plataforma Stop Desahucios, la familia habría sido víctima de una estafa, ya que se les habría alquilado el piso después de que la vivienda hubiera sido adquirida por un grupo inversor.