La muerte de Maricarmen ha conmocionado a la acampada por la vivienda de Palma, que este miércoles ha recibido la noticia en medio de una asamblea en la plaza de España. En un comunicado difundido tras conocer su muerte, los participantes han expresado la "rabia y dolor" y han acusado directamente a los responsables del desahucio y a las administraciones de no haber evitado el desenlace. "Su muerte habría sido fácil de evitar, pero no han querido. Porque Maricarmen no ha muerto. A Maricarmen la han asesinado", asegura la acampada en el comunicado.

Las nuevas medidas de vivienda aprobadas este martes por el gobierno español no han convencido ni al Sindicato de Inquilinas de Mallorca, ni a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ni a las personas que mantienen la acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma. Las tres organizaciones valoran que las medidas pueden suponer un alivio para las personas afectadas, pero las consideran insuficientes para resolver el problema de fondo.

La residencia de estudiantes de la UIB está cada vez más desbordada. “Hay más de 300 personas en lista de espera. Cada vez la presión empeora. La vivienda está muy complicada”, admite la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Loren Carrasco. La residencia dispone de 101 plazas y prácticamente todas quedan ocupadas cada curso por estudiantes que ya viven en ella. Este año, 85 estudiantes han renovado su plaza. La presión sobre el equipamiento se ha acentuado en los últimos años: el curso 2022-23 había 185 estudiantes en lista de espera, una cifra que aumentó hasta 215 al inicio del curso 2024-25 y que ahora ya supera las 300 personas.

Las Islas son uno de los territorios del Estado con un mercado de la vivienda más tensionado. Por eso, los dos decretos ley que el PSOE y Sumar han pactado este martes en el Consejo de Ministros también han sacudido el tablero político balear. Mientras la izquierda ha aplaudido la iniciativa, que implica prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y prorrogar los contratos de alquiler dos años, el PP ha calificado la medida de "frivolidad" y "postureo", y Vox ha cargado contra la izquierda por hacer, a su entender, electoralismo.

La Consejería de Educación y el Consell de Formentera quieren construir una cuarentena de viviendas de alquiler destinadas al personal docente desplazado a la isla. Las dos administraciones firmaron un protocolo para impulsar el proyecto, que pretende dar respuesta a uno de los principales obstáculos para cubrir y retener allí al profesorado de la isla, que mayoritariamente viene de fuera: la dificultad para encontrar una vivienda asequible y estable. Los futuros pisos se ubicarían en unos terrenos que el Consell cederá en es Pujols. El proyecto todavía se encuentra en una fase inicial. Las administraciones deben concretar las necesidades de alojamiento, el emplazamiento y las fórmulas de financiación. Además, se creará una comisión técnica que dispondrá de hasta doce meses para elaborar una memoria con el diagnóstico de necesidades y una propuesta de actuación. También se trabaja con el Consell de Ibiza para activar un proyecto similar.

En Frankfurt se cobra más del doble que en Palma, pero comprar un metro cuadrado en el centro solo cuesta un 24% más. En Ámsterdam, los salarios son un 128% superiores a los de la capital balear, mientras que la vivienda es un 61% más cara. Y en Bruselas la diferencia todavía es más llamativa: los salarios superan a los de Palma en un 59% aunque el metro cuadrado en el centro es un 27% más barato.

"Hola, me he enamorado de su casa. Si algún día decide venderla o alquilarla, por favor, contacte conmigo. ¡Que tenga un buen día!". No hay ningún logotipo. Ni el nombre de una empresa. Ni una tarjeta comercial. Solo un pequeño papel, aparentemente escrito a mano, con este mensaje, un nombre (María) y un número de teléfono. Estos días, la nota ha aparecido en los buzones de varias viviendas de El Molinar, uno de los barrios más cotizados de Palma. Todo hace pensar que quien la ha dejado es una persona que se ha enamorado de una casa concreta y prueba suerte por si algún día el propietario decide venderla. Pero una simple llamada revela una realidad muy diferente.

La decisión del PP de permitir que las empresas y los fondos de inversión puedan comprar vivienda a precio tasado es el último ejemplo del cambio de modelo en la política de vivienda en las Islas que ha impulsado el Gobierno de Marga Prohens, con referentes políticos como la comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Los populares han apostado por aumentar la oferta y la iniciativa privada por encima de la vivienda protegida, una estrategia que han criticado la izquierda y expertos consultados por el ARA Balears.

El Ayuntamiento de Palma ha otorgado la licencia para poder iniciar la construcción de 87 viviendas que se destinarán a alquiler a precios limitados en la calle del Obispo Arnau Albertí en el barrio del Camp Redó. El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha indicado que la Gerencia de Urbanismo ha adoptado esta medida que supone un nuevo paso en el plan de choque de vivienda diseñado por la corporación local, con el que pretendía edificar alrededor de 1.000 viviendas.

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado modificar el Plan General de 2023 con el objetivo de aprovechar mejor el suelo urbano consolidado y facilitar la construcción de más viviendas en la ciudad. La iniciativa, impulsada por Vox y aprobada con los votos favorables de este grupo y del PP, permitirá armonizar alturas de edificios y modificar índices urbanísticos que consideran “obsoletos”. La propuesta se ha aprobado este martes durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Ciudad y también insta al equipo de gobierno a transformar de manera urgente la Gerencia de Urbanismo en un organismo autónomo.

La tensión entre los caravanistas de Son Hugo y el Ayuntamiento de Palma continúa aumentando. Los residentes de la zona denuncian que se sienten "acosados" por Cort y por las actuaciones policiales, mientras reivindican que vivir en caravanas no es una elección, sino la única alternativa posible ante el encarecimiento desbocado de la vivienda en Mallorca.

Manacor es el primer municipio de las Islas Baleares en aprobar y tramitar una petición formal al Gobierno para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar “un índice de referencia individualizado por vivienda, teniendo en cuenta factores como la superficie, la ubicación, el año de construcción, el estado de conservación o si tiene ascensor o certificado energético”, entre otros, explica la delegada municipal de Urbanismo, Núria Hinojosa, lo que a su vez servirá para “detectar y corregir casos abusivos”.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Àngela Pons, ha cargado contra la decisión del Ayuntamiento de Palma (PP con el apoyo de Vox) de rechazar las peticiones vecinales para revertir la cesión a empresas promotoras de solares dotacionales para construir viviendas. Pons ha censurado que se esté regalando suelo público para poner a la venta viviendas a 270.000 euros o pisos de alquiler a 1.400 euros. "No son precios limitados ni alquileres razonables", ha criticado, antes de sentenciar: "Están regalando el suelo municipal para alquilar pisos a 1.400 euros".

El pasado mes de marzo, la Conselleria del Cicle de l’Aigua i de la Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins, después de una larga batalla judicial desde 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente los estatutos y las bases de la junta de compensación del Proyecto Residencial Estratégico de Son Ximelis, situación que abre el camino a la urbanización de 143.649 metros cuadrados, donde se podrán hacer 1.080 viviendas, según los datos municipales. Del total, 530 viviendas tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto tenía la aprobación inicial, pero hacía falta la definitiva para pisar el acelerador.

Las obras visadas en Baleares aumentaron un 27,9% en 2025 respecto a 2024, un crecimiento impulsado, en parte, por las legalizaciones extraordinarias de edificaciones en suelo rústico aprobadas por el Govern, según ha apuntado este martes el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares.

La compraventa de viviendas en Baleares creció en 2025 un 5% en la tasa interanual y alcanzó las 14.529 unidades, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ayuntamiento de Esporles ha anunciado que será el primer municipio en ofrecer un nuevo modelo residencial, con ocho plazas de vivienda supervisada para personas mayores. Se trata de un modelo destinado a personas con un grado de autonomía superior al requerido por el modelo residencial tradicional pensado para situaciones de dependencia más avanzada, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El diputado de MÁS por Mallorca y Més por Menorca adscrito al grupo plurinacional Sumar, Vicenç Vidal, ha registrado una ley en el Congreso para limitar la compra de vivienda a personas físicas.