Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en Formentera supera, de media, el millón de euros. En Santa Eulària des Riu, la misma superficie equivale a más de 900.000 euros, y en Andratx, a cerca de 854.000. Son los tres municipios que encabezan la clasificación de los municipios más caros de España elaborada por el portal inmobiliario pisos.com con datos de septiembre de 2026. Las Baleares ocupan los siete primeros puestos y concentran 15 de los 25 municipios del ranking, el 60% del total.

A principios del año 2011, encontré un día una nota, bajo la puerta del despacho, sobre un acto llamado ‘El estado de malestar’. Se había añadido, a mano, un “¡Es esto!”. Venía de un alumno, frustrado desde hacía tiempo por la falta de canales de expresión política –e intelectual– de su generación. Poco tiempo después, este mismo joven lanzó el hashtag #acampapalma, y en un santiamén la plaza de España se convirtió en la plaza de Islandia, a la estela del 15-M.

‘Si no tenéis casa, ni dinero para hacerla (...) poned una caravana / en medio de un terreno / o ampliad una caseta / sin permiso para hacerlo’, cantan los Ànimos Parrec. La canción Veniu a es Pla, ya se ha convertido en un himno a una tierra que no para de acumular transformaciones al margen de la legalidad. Con esta letra, Julià Picornell ironiza sobre la proliferación de viviendas irregulares y asentamientos en suelo rústico del Pla de Mallorca.

Los asentamientos ilegales en suelo rústico, vinculados a la demanda incesante de mano de obra y a la emergencia de vivienda, ponen a prueba a las administraciones públicas de las Islas Baleares. A pesar de que caravanas, casetas y construcciones precarias se han vuelto habituales en las afueras de los pueblos y por caminos rurales, ningún censo permite saber ahora mismo cuántos asentamientos hay en Mallorca ni cuántas personas viven en ellos.

Hay un antiguo cuartel militar en Palma que lleva más de dos décadas esperando convertirse en viviendas públicas. Es Son Busquets, un inmenso solar de propiedad estatal donde hoy hay previstos 831 viviendas protegidas. 20 años de anuncios, proyectos y discusiones entre administraciones que no han servido para poner los pisos a disposición de la ciudadanía. Mientras tanto, la vivienda ha pasado de ser un problema importante a convertirse en una emergencia social.

Cataluña es el gran antiejemplo sobre gestión de la vivienda para el Gobierno de Marga Prohens. En el pleno de este martes, la presidenta volvió a cargar contra la Generalitat, porque considera que la limitación de los precios de alquiler que aplica no funciona y, además, restringe la oferta disponible en el mercado. "Tienen dos amos: Pedro Sánchez, Cataluña y su complejo de inferioridad", espetó al menorquinista Josep Castells cuando le reclamó que aplique la declaración de zonas tensionadas en las Islas. Además, destacó que este territorio es la comunidad donde se producen más desahucios del Estado, hecho que atribuyó a la gestión del socialista Salvador Illa. Pero cuando se observan las cifras oficiales disponibles, estas correlaciones no son tan claras. Las Islas, donde no se aplica la limitación de los precios, son la segunda comunidad con más desahucios de acuerdo con el número de habitantes. Y aunque en 2025 se firmaron menos contratos de alquiler que en 2023 en Cataluña, en Baleares, donde no hay ninguna restricción en los precios, también han disminuido. Donde sí hay una diferencia es en los precios de los arrendamientos: mientras en Cataluña se han contenido, en las Islas se han disparado.

El organismo estatal Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de al menos 43 viviendas asequibles en Palma, que se llevará a cabo en una parcela de 2.344 metros cuadrados de superficie situada en la calle de Ignasi Ferretjans, en el distrito Norte de la ciudad. El valor estimado del contrato para la redacción del proyecto de edificación es de 494.868 euros y las ofertas se podrán presentar hasta el 9 de diciembre, según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado.

El Plan municipal de vivienda de Palma da un nuevo paso adelante. La Junta de Gobierno de Palma ha aprobado este miércoles la constitución de la Junta de Compensación del Proyecto Residencial Estratégico (PRE) de Son Puigdorfila, un ámbito donde está prevista la construcción de hasta 623 viviendas, 320 de las cuales tendrán algún grado de protección. El acuerdo permite avanzar en la tramitación del proyecto, iniciada en marzo con la aprobación definitiva de los estatutos y las bases de actuación de la Junta de Compensación.

Se llamaba Valentín Cabrera Zaracho, tenía 48 años y era de Paraguay. Trabajaba en la construcción de lunes a viernes y como vigilante de seguridad los fines de semana. Estaba "muy contento" porque había podido legalizar su situación en el país en la reciente regularización del gobierno de España; planeaba traer a su hijo a vivir con él a Ibiza. La muerte, en forma de incendio, le atrapó en su infravivienda en la finca de Casa Lola, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, el domingo, 27 de septiembre, pasadas las 7 de la mañana. Con quemaduras en el 90% del cuerpo, aún consciente y víctima de un dolor extremo, fue evacuado en ambulancia. Murió en Can Misses el mismo día a las 5 de la tarde.

La Plataforma por una Vivienda Digna ha anunciado a través de canales de mensajería que prepara concentraciones este sábado ante los ayuntamientos de Mahón y Ciudadela en defensa del derecho a la vivienda a raíz del doble decreto estatal anunciado tras el desahucio de Maricarmen.

Belkacem Bouchouala Azirar atiende a una mujer que quiere cargar el móvil mientras una pareja acaba de entrar para recoger un paquete. En poco más de dos minutos, la tienda, situada en la avenida del Torrent de Manacor, se llena de golpe. Dentro hace calor y solo hay un ventilador de techo para intentar combatir la humedad. "¿Usted cree que, si yo cobrara todo ese dinero que dicen, trabajaría cada día en un locutorio?", reflexiona.

En Frankfurt se cobra más del doble que en Palma, pero comprar un metro cuadrado en el centro solo cuesta un 24% más. En Ámsterdam, los salarios son un 128% superiores a los de la capital balear, mientras que la vivienda es un 61% más cara. Y en Bruselas la diferencia todavía es más llamativa: los salarios superan a los de Palma en un 59% aunque el metro cuadrado en el centro es un 27% más barato.

Ferran Portella es profesor titular de Economía de la UIB, y analiza para el ARA Balears la disfunción existente entre los precios del metro cuadrado y los salarios de los isleños. Explica cómo la crisis de la vivienda ha cambiado la percepción y la tolerancia de los ciudadanos a los excesos turísticos.

Este verano me he fijado en que los jóvenes van al mar con una silla. Y no me refiero a jóvenes que hayan dejado de serlo, sino a jóvenes muy jóvenes. Algunos llevan una tumbona, pero la mayoría, una silla plegable. Los ves con la silla, pero también con la sombrilla, una nevera grande, una cesta con el picnic, fiambreras y con ropa colgada de la sombrilla. Se instalan en las rocas o en la playa como quien lo hace en su casa. Me gusta la actitud.

El Gobierno endurece los requisitos para acceder a las nuevas viviendas públicas que impulsa en Baleares. Las 323 Viviendas de Protección Oficial (HPO) que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) construirá junto al Velódromo Illes Balears de Palma exigirán acreditar un mínimo de 15 años de residencia legal en las islas para poder optar a ellas. La promoción ya se anunció el 30 de marzo y este lunes el Govern y el Consell de Mallorca han formalizado la cesión gratuita de los terrenos.

El Gobierno abrirá este viernes 17 de julio el plazo para que los jóvenes residentes de las Islas Baleares puedan solicitar las ayudas de 10.000 euros para comprar la primera vivienda. La convocatoria está destinada a personas de hasta 40 años con una residencia mínima de cinco años en Baleares y para viviendas con un precio máximo de 382.000 euros. Las ayudas también cubrirán las compras formalizadas a partir del 1 de enero de 2026.

Diego tiene 34 años, una hipoteca que asumió cuando cobraba 900 euros y una opinión que divide a grupos de amigos y compañeros de trabajo: si su pareja vive en su piso, paga. Lo explica sin rodeos: “Yo solo tengo 90 metros cuadrados para especular y los tengo que pagar toda la vida. Todo el mundo especula conmigo”.

Jaime Palomera (Barcelona, 1983) forma parte del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y es uno de los fundadores del Sindicato de Inquilinos. Hace un año que publicó el libro El secuestro de la vivienda (Editorial Pòrtic), que intenta explicar cómo se amplía la brecha entre los propietarios ricos, que cada vez lo son más, y los inquilinos, cada vez más pobres.

Una mujer víctima de violencia de género ha sido desahuciada este martes de la vivienda donde residía de alquiler desde 2018, en la barriada palmesana de Santa Catalina. La plataforma Stop Desahucios Mallorca ha asegurado que el desalojo de esta persona "se ha ejecutado a pesar de que este lunes se habría presentado un escrito para solicitar la nulidad de actuaciones y que estaría pendiente de resolver".

El Ayuntamiento de Palma solicitará a los tribunales que se ejecute el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua cárcel, después de desestimar las alegaciones presentadas. Así lo ha confirmado la portavoz y concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de gobierno, en la que se ha aprobado este paso nuevo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.