El Gobierno abrirá este viernes 17 de julio el plazo para que los jóvenes residentes de las Islas Baleares puedan solicitar las ayudas de 10.000 euros para comprar la primera vivienda. La convocatoria está destinada a personas de hasta 40 años con una residencia mínima de cinco años en Baleares y para viviendas con un precio máximo de 382.000 euros. Las ayudas también cubrirán las compras formalizadas a partir del 1 de enero de 2026.

Diego tiene 34 años, una hipoteca que asumió cuando cobraba 900 euros y una opinión que divide a grupos de amigos y compañeros de trabajo: si su pareja vive en su piso, paga. Lo explica sin rodeos: “Yo solo tengo 90 metros cuadrados para especular y los tengo que pagar toda la vida. Todo el mundo especula conmigo”.

Jaime Palomera (Barcelona, 1983) forma parte del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) y es uno de los fundadores del Sindicato de Inquilinos. Hace un año que publicó el libro El secuestro de la vivienda (Editorial Pòrtic), que intenta explicar cómo se amplía la brecha entre los propietarios ricos, que cada vez lo son más, y los inquilinos, cada vez más pobres.

Una mujer víctima de violencia de género ha sido desahuciada este martes de la vivienda donde residía de alquiler desde 2018, en la barriada palmesana de Santa Catalina. La plataforma Stop Desahucios Mallorca ha asegurado que el desalojo de esta persona "se ha ejecutado a pesar de que este lunes se habría presentado un escrito para solicitar la nulidad de actuaciones y que estaría pendiente de resolver".

El Ayuntamiento de Palma solicitará a los tribunales que se ejecute el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua cárcel, después de desestimar las alegaciones presentadas. Así lo ha confirmado la portavoz y concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de gobierno, en la que se ha aprobado este paso nuevo para recuperar la posesión del inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

La tensión entre los caravanistas de Son Hugo y el Ayuntamiento de Palma continúa aumentando. Los residentes de la zona denuncian que se sienten "acosados" por Cort y por las actuaciones policiales, mientras reivindican que vivir en caravanas no es una elección, sino la única alternativa posible ante el encarecimiento desbocado de la vivienda en Mallorca.

1.- Hacer 10.000 viviendas protegidas los próximos años

Las Baleares y Canarias comparten el dudoso honor de ser las comunidades autónomas con menos viviendas protegidas construidas los últimos 25 años. Hoy son dos de las comunidades con más problemas para atender la demanda de vivienda de buena parte de la población –por diferentes motivos, pero también por este. Una ínfima parte de las 300.000 casas y pisos construidos desde 1981 son de protección pública. Por todo ello, la primera medida para afrontar la crisis residencial en Baleares implica aumentar de manera decidida el parque público de vivienda, y hacerlo “de manera constante” reclaman expertos consultados, como el asesor inmobiliario Pedro García. “Los problemas no se resuelven ni en una ni en dos legislaturas”, asegura, y remarca que si no se hacen 10.000 pisos protegidos los próximos años, no se notará.

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El gobierno insiste con una obstinación contumaz en vendernos el programa Alquiler Seguro como política de vivienda, a pesar de su fracaso sin paliativos. Ha captado un escaso 4,1% de los pisos que previó: 82 de 2.000. Ha tenido que tragarse las cifras infladas que empaquetó para tener titulares, amplificados por TeleProhens, un ente público y propagandista inasequible al desánimo ante el mensaje único de que las Baleares van bien.

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El mercado residencial en Menorca está cada vez más lejos del alcance de quienes viven allí todo el año. Pero, por primera vez, se ponen propuestas y medidas sobre la mesa que no consisten solo en ceder terrenos al Ibavi para que promueva vivienda social. El Consell insular impulsa la compra de edificios privados que estén desocupados, y los expertos y el empresariado plantean que se reserve suelo para residentes y así separar esta oferta de la que ahora domina el mercado, orientada a atraer la atención de las grandes fortunas.

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Los políticos deben representar al pueblo. Esta es una máxima tan obvia, que cuando los representantes públicos la ignoran resulta muy desalentador. Resulta que el Gobierno promovió una norma que permite que los suelos urbanizables más grandes de Palma, en manos principalmente de empresas promotoras, puedan hacer un 45% más de pisos sobre una misma parcela de lo que dice el Plan General. Dicho de otra manera, allí donde los terratenientes del suelo urbanizable podían hacer 100 pisos, ahora pueden hacer 145 en nombre de la crisis de vivienda.

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El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la cesión gratuita al Institut Balear de la Vivienda de los terrenos ubicados junto al Velódromo Illes Balears, en Palma, para que se puedan construir más de 300 viviendas de protección pública. Así, se hace efectivo el anuncio que hizo el presidente Llorenç Galmés en el debate de política general del 30 de marzo para "dar respuesta y solución al principal problema de los mallorquines: el acceso a la vivienda".

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El Ayuntamiento de Palma ha dado cinco días a los residentes de la antigua cárcel para que abandonen voluntariamente el edificio antes de recurrir a la vía judicial para forzar su salida.

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Año 1994. En Son Espanyolet, una barriada residencial de Palma caracterizada por las plantas bajas y los corrales, la vida gira en torno a un par de ejes neurálgicos. Hay un centro parroquial, propiedad de los teatinitas, que acoge desde el club de baloncesto Espanyol hasta la ya desaparecida compañía de teatro Nostra Terra. En una esquina, en la calle de Contestí, una mercería es mucho más que una tienda: es un punto de encuentro, donde pasan la tarde muchas personas que aprenden a coser y hacer ganchillo.

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Una nueva promoción de viviendas en la calle de Joan Bauzà, en el barrio palmesano de Pere Garau, ha encendido el debate entre los vecinos a causa de los precios de venta. La mayoría de los pisos superan los 330.000 euros sin IVA, con importes que pueden llegar a los más de 530.000 euros (con IVA), unas cifras que muchos residentes consideran fuera del alcance de la población habitual de la zona (y que los expulsa del barrio donde han crecido y quieren vivir).

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El secretario del Foro de la Sociedad Civil para la reconstrucción de las Illes Balears, David Abril, ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados un documento con más de cien medidas para hacer frente a la crisis del acceso a la vivienda en el Archipiélago, entre las cuales incluye ampliar el parque público de vivienda un 10% para 2040, lo que implicaría construir unas 2.600 casas anuales.

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4.500 viviendas destinadas a los residentes solamente en Palma y una cifra similar en el resto de las Baleares. Estas son las previsiones del Ayuntamiento de Palma y del Gobierno para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos. Estas medidas derivan principalmente de la legislación impulsada por Prohens, basada en la promoción de proyectos residenciales estratégicos. Se trata de una cifra que el sector considera razonable, pero con una matización clave: la mayoría de estas viviendas no se construirán antes de cinco años.

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Eivissa iniciará una nueva temporada turística con un desalojo de trabajadores que viven en caravanas, tiendas de campaña y barracas por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Desde julio pasado residen de forma precaria en un asentamiento ilegal situado entre el estadio Palladium Can Misses y el segundo cinturón de ronda, el E-20.

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ElAyuntamiento de Palma ha dado de baja del padrón municipal unas 240 personas sin hogar después de iniciar, en el último cuatrimestre de 2025, un proceso de revisión del registro de habitantes de Ciutat. La gestión del caso ha desatado una fuerte polémica por tratarse de una cuestión que afecta a derechos básicos y, especialmente, después de que se cuestionaran las explicaciones iniciales de la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que incluso el Consistorio ha contradicho.

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"El alcalde de Palma tendrá que responder por los desastres que puedan venir después de construir en zonas inundables". Con esta advertencia, la portavoz de MÉS por Palma en Cort, Neus Truyol, ha cargado este jueves contra la estrategia del Ayuntamiento de Palma deeliminar la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern para agilizar la concesión de licencias urbanísticas.

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Ninguna de las personas residentes en elantigua prisión de Palma ha abandonado de forma voluntaria el inmueble en estos momentos. Así lo apuntó este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, cuando le pidieron al respecto en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno municipal.

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