Guerra abierta entre el PP y el PSIB por la vivienda con las elecciones en el horizonte

PalmaEl primer pleno después de la convocatoria de las elecciones generales se ha convertido en una guerra abierta entre la bancada derecha y la bancada izquierda por la vivienda. El PSIB se ha apuntado a los planes de Pedro Sánchez, que ha arrancado la precampaña aprobando 21 medidas de vivienda, y ha traído una proposición de ley para pedir que las Islas se declaren zona tensionada y forzar un pronunciamiento del PP y Vox. Pero, además, ha invitado a alcaldes socialistas, Pilar López, una mujer desahuciada, y representantes sindicales para hacer presión al Gobierno.

Ya durante la sesión de control, Prohens ha avanzado que desestimaría la propuesta. Hace tres años que su Gobierno se niega a aplicar esta prerrogativa de la ley estatal, que permitiría limitar los precios de los alquileres. Según datos del IBAVI entregados al PSIB a partir de una pregunta parlamentaria, justamente los precios del alquiler han incrementado alrededor de un 70% entre 2022 y 2025. No solo eso, sino que el número de contratos de alquiler también ha descendido un 20%.

Prohens ha reivindicado que la ley estatal "agrava el problema" de acceso a la vivienda y que la limitación de precios es una medida "fracasada", porque constriñe la oferta disponible. En respuesta a una pregunta del menorquinista Josep Castells, que ha insistido en que la vivienda hoy en día "es más inasequible que nunca", le ha acusado de tener un "complejo de inferioridad" con Cataluña, que sí que aplica el tope de alquileres. "¿Qué os han hecho los baleares para que les desee el mal que padecen en Cataluña?", ha espetado. En el mismo sentido, ha cargado contra MÉS per Mallorca por hacer de "monaguillo" del PSOE en Madrid, por haber "aplaudido" los decretos de vivienda del gobierno español.

La presidenta ha insistido en la receta del Gobierno del PP en materia de vivienda: favorecer la construcción y la promoción de 10.000 viviendas asequibles, que todavía se encuentran en fases iniciales de preparación —es decir, que todavía no se han hecho— ante la falta de oferta, la protección de los pequeños propietarios y la reivindicación de una ley contra la ocupación. En el mismo sentido, el vicepresidente primero y consejero de Economía, Antoni Costa, ha criticado que el gobierno español haya aprovechado la disolución de las Cortes para convalidar los decretos de la vivienda que se tumbaron en el Congreso a través de la Diputación permanente, un órgano donde los progresistas tienen mayoría sin Junts. Costa lo ha considerado un hecho "inédito" y un "fraude a la democracia nunca visto".

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también se ha pronunciado en contra de la ley. La diputada ha vuelto a cargar contra los inmigrantes, a los cuales ha responsabilizado de la crisis de la vivienda. "Existen estimaciones que sitúan su coste en más de 13.000 millones de euros", ha asegurado: "¿Cuántas viviendas, promociones públicas, se podrían hacer con 13.000 millones?".

Con todo, el PSIB ha conseguido su objetivo, fiel al camino trazado por la Moncloa: que la vivienda fuera el marco del debate. Los socialistas intentarán alargar esta cuestión hasta las elecciones, en las que contrapondrán el modelo de Pedro Sánchez a una derecha que se niega a aprobar limitaciones a los precios y favorecer a los inquilinos. "El PP siempre está a favor de que se desahucie a la gente vulnerable", ha dicho el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha reclamado a los populares que "recuperen aquel humanismo cristiano que tenían". "El problema de la vivienda es ético y moral, y ustedes no lo quieren afrontar, porque siempre están de acuerdo con los fondos buitre", ha espetado, y ha acusado al Gobierno de "fracasar" con sus políticas de vivienda, de acuerdo con el incremento constante de los precios.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamado al Gobierno que permita que los ayuntamientos de izquierdas declaren sus municipios como zona tensionada para limitar en ellos los precios. "Lo que dice la declaración de zonas tensionadas es que allí donde los especuladores no permitan a los trabajadores acceder a la vivienda, la Administración intervendrá", ha dicho. En el mismo sentido, Castells ha cargado contra los argumentos de la derecha, principalmente la idea de que la limitación de precios afecta a los pequeños propietarios. "No les afecta a ellos, sino a empresas que tienen un gran patrimonio inmobiliario", ha remarcado.

MÉS per Mallorca también ha recuperado en las últimas semanas su ley contra la especulación inmobiliaria para llevarla al Parlamento. Con todo, los ecosoberanistas se han visto abocados a debatir antes de lo que pensaban si se vuelven a presentar a las elecciones de la mano del espacio de Sumar y la izquierda estatal. Por ahora, se han limitado a decir que irán a las urnas en "clave balear", mientras que Esquerra Unida ha propuesto una candidatura conjunta en las Islas con Ara Més (la federación de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa), Podemos y Sumar.