"Deje de hacer el ridículo y de enredar. Usted, ideología y cero gestión": esta es la acusación que la consejera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, lanzó al diputado del PSIB Omar Lamin durante el pleno del Parlament del martes. ¿Qué tipo de acusación es decirle a un político que tiene ideología, cuando es precisamente la ideología de los representantes públicos la que determina buena parte de la vida de los ciudadanos? En este punto conviene recordar lo que dice Slavoj Žižek, quien considera que la ideología más peligrosa es precisamente aquella que fingimos no tener. No es ninguna extravagancia teórica. También Jürgen Habermas advertía que la racionalidad técnica —eso que hoy llamaríamos 'gestión'— puede imponer valores mientras se presenta como neutral. Y Thomas Piketty lleva años recordando que detrás de muchas decisiones técnicas hay opciones ideológicas muy concretas sobre la desigualdad. De aquí se desprende una conclusión incómoda: la 'gestión' a menudo no es la alternativa a la ideología, sino su mejor disfraz.

El debate sobre la situación de la sanidad en las Baleares ha llegado esta semana al Parlament de les Illes Balears, pero las afirmaciones hechas durante la sesión han generado la respuesta de Metges del Món. La entidad ha denunciado que se han difundido ideas erróneas sobre la atención sanitaria a la población migrante y ha advertido que algunas intervenciones se basan en “falsedades” o en el desconocimiento de la realidad.

El Grupo Parlamentario de MÉS per Mallorca ha comunicado a la Mesa del Parlament que desiste de tramitar cualquier enmienda a la Ley de Proyectos Estratégicos que no tenga relación con esta norma. De esta manera, los ecosoberanistas se alinean completamente con el criterio de los juristas de la cámara que la semana pasada fueron muy claros al respecto. Tal y como establece el artículo 125 del reglamento, las enmiendas que se presentan a los proyectos de ley deben estar relacionadas con su objeto, y solo en caso de unanimidad de los miembros de la Mesa se puede hacer la excepción de introducir otras.

El PP ha presentado decenas de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos que no tienen nada que ver con el objeto de la norma. Algunas le han servido para crear casi una norma paralela. Por otra parte, ha invitado a Vox a presentar algunos de sus pactos sobre el catalán e inmigración, también a través de enmiendas.

Carrera contra reloj del PP para sacar adelante el número máximo posible de modificaciones legislativas antes de las elecciones. Su principal escollo es la lentitud de la tramitación de las leyes en el Parlament. Para evitarlo, se ha inventado algunas soluciones: un abuso de la figura del decreto ley que el pasado viernes criticó el Tribunal Constitucional en una sentencia, y el relleno de las iniciativas legislativas con enmiendas que no tienen nada que ver. Pero con la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos los populares se han pasado de frenada: han presentado 88 enmiendas que afectan hasta 70 normas diferentes, la mayoría, sin relación con los proyectos estratégicos. Además, han introducido algunos de los acuerdos con Vox contra el catalán y la inmigración.

El Gobierno aprovecha la tramitación del decreto ley de impulso a proyectos estratégicos en el Parlament para generalizar la figura de la declaración responsable, fórmula que permite a ciudadanos y empresarios asegurar que cumplen con la legalidad sin tener que esperar la licencia preceptiva. Con las enmiendas presentadas este jueves al decreto ley, el grupo parlamentario popular amplía en gran medida el uso de esta figura.

"Violaciones a muñecas y mujeres", "terrorismo yihadista en las calles de toda Europa", "agresiones salvajes con arma blanca que provocan amputaciones", colapso de los servicios públicos, "empobrecimiento cultural en las escuelas", "imposición de culturas"... Este fue el repertorio de acusaciones que hubieron de escuchar a los Parlamentos. La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se llevó el premio al discurso más racista, rodeada por el silencio y con la sonrisa socarrona del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, que no intervino para frenar la deriva del debate.

La polarización política escala en Baleares a poco más de un año de las elecciones autonómicas. Hace tiempo que el Parlament se ha convertido en un cuadrilátero en el que los partidos lanzan argumentos como golpes, a menudo sin escuchar a los del rival. Hay acusaciones de que son un clásico contemporáneo. "Tú lo hiciste peor" es la más repetida. La frase rebota de un escaño a otro como una pelota de tenis de mesa, entre el estupor de una parte de la ciudadanía y las ansias de revancha de la otra.

"Aquí no cabe todo el mundo" ha sido el mantra político de la semana. La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, lo proclamó el martes en el pleno del Parlament, bajo la aprobación de la bancada de la derecha y de la extrema derecha. No caben los migrantes –sobre todo si son musulmanes– ni la memoria democrática, pero sí sobra espacio para los más de 19 millones de turistas –récord olímpico de 2025–, cientos de miles de coches y viviendas de alquiler vacacional. Hay tanto espacio que el Consell de Mallorca proclamó el jueves que ya no es necesario reducir el techo de plazas turísticas en la isla, mientras que el Govern proclama el milagro de la contención y la desestacionalización sin haber puesto en marcha ninguna medida ni una. ¿Qué vienen más turistas que nunca? Hay que alegrarse, porque el verano no se dispara y el negocio sube como la espuma en los meses que antes no iban llenos de visitantes. Ya se sabe que un mes vacío no es económicamente productivo. Como caben tantos visitantes, tampoco les subiremos la ecotasa, porque no debemos enfadar a los hoteleros. Y eso que Prohens lo ha anunciado un par de veces. En su defensa, puede decirse que el carro de los anuncios está lleno de iniciativas, de esta y de otras legislaturas, cuya huella sólo puede encontrarse en la hemeroteca.

El Boletín Oficial del Parlamento (BOPIB) número 124 se ha publicado este viernes por primera vez en catalán y en castellano desde 1992. Este boletín se ha publicado en formato bilingüe siguiendo el acuerdo de la Mesa del Parlamento del 14 de febrero de 2024, modificado por la misma Mesa día 28 de febrero del 20.

La crónica de Maria Llull preparando la rentrée del Parlament hace un repaso imprescindible de la situación política. Y deja caer una idea inevitable. Dos años después del mayor intento realizado por un Govern balear, hay que decirlo claro, para resolver el problema de la vivienda, los resultados son normativamente abundantes, pero cuantitativamente escasos. No es sencillo. Mientras la clase media y alta europea (millones de personas) puedan acumular propiedades impunemente, el mercado ejercerá su reinado de forma inmisericorde. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el polígono de Levante, que debía ser un espacio de convivencia social y cultural con toda casta de perfiles, y ha acabado siendo un conjunto de pisos de alto standing imposibles de adquirir por los locales.

La Mesa del Parlament celebrada este miércoles no ha admitido a trámite la modificación de la Ley de capitalidad para incorporar cuestiones que corresponden al Govern. Según el PSIB, la propuesta "se extralimita" e incorpora modificaciones para las que no tiene competencias, concretamente, dos disposiciones adicionales que daban libertad a Palma para decidir sobre infraestructuras y equipamientos de titularidad privada.

La falta de techo de gasto y presupuestos ha sido uno de los ejes de la sesión de control en el pleno del Parlamento de este martes. El PSIB ha cargado contra el bloqueo de un Gobierno que no sacará adelante las cuentas, pese a que el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aprobado ningún presupuesto esta legislatura y prorroga las del pasado por falta de apoyo de los socios en el Congreso. El portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, reclamó a la presidenta del Gobierno, Marga Prohens, que convoque elecciones anticipadas ante esta situación, mientras que la jefa del Ejecutivo recordó que Sánchez no tiene intención de hacerlo en Madrid.

El Gobierno se encamina a una nueva votación clave por la continuidad de la legislatura sin apoyo garantizado alguno. El próximo martes se debatirá el techo de gasto, el paso indispensable para poder hablar de presupuestos para 2026. Al cierre de esta edición, el PP estaba solo defendiéndolo. Aunque ha mantenido conversaciones con Vox y el PSIB, la sensación en estos momentos es que el Gobierno da las cuentas por perdidos. Este bloqueo ha sido la tónica general de la legislatura, en la que el Ejecutivo se ha visto demasiado a menudo arrinconado por sus socios e, incluso, incapacidad para pactar leyes. Ante esto, ha legislado a base de decretos leyes, una figura que está pensada por "casos de extraordinaria y urgente necesidad", según el artículo 86.1 de la Constitución española, y ha presentado menos proyectos de ley que en legislaturas anteriores.

El Parlament rechazó este martes, gracias a los votos en contra del PP y Vox, tomar en consideración una proposición de ley de la izquierda para prohibir la construcción y autorización de viviendas en áreas de prevención de riesgo, como zonas inundables, con riesgo de incendio, deslizamiento y erosión. El texto, impulsado por el PSIB, MÁS por Mallorca, Más por Menorca y Unidas Podemos, plantea limitaciones en la construcción en zonas inundables, prohíbe la conversión de locales comerciales en viviendas en estas áreas y también nuevas construcciones en zonas de flujo preferente.

Nunca había sido tan visible en el Parlament balear el doble juego que el PP de las Islas ha hecho a lo largo de la legislatura: frenar a Vox en su obsesión contra el catalán, pero, al mismo tiempo, intentar retener al votante españolista. Los populares han votado esta semana en contra de la propuesta de ley del partido de Santiago Abascal para arrinconar al catalán en la escuela, lo que ha desatado la ira de sus socios. Pero en un movimiento casi simultáneo, han registrado su propia modificación de la Ley de educación para introducir al catalán y al castellano como lenguas vehiculares. La táctica refuerza el discurso del Gobierno de Marga Prohens a favor de un "bilingüismo amable", en palabras de uno de sus adversarios. Pero en la práctica, la propuesta del PP no tiene efectos: mantiene tanto la Ley de normalización lingüística como el Decreto de mínimos, que establece que al menos el 50% de las clases deben realizarse en catalán.

Los residuos de Eivissa se llevarán a Mallorca "y punto", así ha contestado el consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consejo de Mallorca, Pedro Bestard, a la consejera de MÉS por Mallorca Catalina Inés Perelló sobre la situación actual del Plan piloto de traslado de residuos.

El Parlamento de las Islas Baleares admitió a trámite la iniciativa legislativa popular que promueve la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas, que pretende asegurar a los pensionistas una retribución mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.