Se puede enumerar en el orden que se quiera, pero la cuestión es que la vivienda, la saturación y la movilidad son los grandes problemas estructurales que la ciudadanía de las Baleares arrastra desde el comienzo de la legislatura pasada, la del Pacto. Han pasado gobiernos, titulares, anuncios y ruedas de prensa, pero las dificultades han demostrado su capacidad de resistencia y las políticas públicas no han sido capaces ni tan siquiera de mermarlas.

La política se ha convertido en España en una actividad de riesgo, una carrera permanente para sostener mayorías improbables, tarea más propia de acróbatas y especialistas de cine. Gente que no sufra en ningún caso problemas vasculares. Incluso en Andalucía la mayoría del PP no ha aguantado el desgaste. Ansiedad y equilibrios: esa es también la situación en general en Baleares. Excepto en Ibiza. En la isla más agitada del Mediterráneo, tan moderna como febril, los políticos viven en un benéfico oasis: es la magia de la mayoría absoluta. Falta un año para las próximas elecciones locales y autonómicas (las últimas fueron el 28 de mayo de 2023) y aquí no se mueve ni una hoja en un árbol. Ciertamente, en las últimas semanas Aena ha animado un poco el cotarro con su delirante propuesta de ampliación del aeropuerto. ¡Pero vamos! Aquí vamos a lo que vamos; de aquí a dos días nadie se acordará, de Aena y de sus sueños megalómanos –que no dudéis que se ejecutarán en un porcentaje elevado. Que empieza la temporada y hay que hacer caja para todo el año.

La diputada no adscrita Idoia Ribas ha presentado una queja formal ante la Junta de portavoces contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a quien acusa de haber “vulnerado su derecho al voto personal e indelegable” durante la votación de la Ley de aceleración de proyectos estratégicos hecha este martes. En el escrito, Ribas sostiene que Le Senne decidió agrupar 14 enmiendas “contra su voluntad expresamente manifestada” y reclama a la Junta de portavoces que repruebe la actuación del presidente de la Cámara.

La culminación de la legislatura con el Partido Popular al frente del Gobierno ha llegado un año antes de las elecciones con la aprobación de la Ley de aceleración de proyectos estratégicos por el Parlament este martes. Se trata de la última ley òmnibus que Marga Prohens podrá sacar adelante antes de las elecciones de mayo de 2027. Precisamente por eso, los populares, de la mano de Vox, han aprovechado para modificar una cincuentena de leyes, entre las quejas de la oposición, a pesar de que el PSIB también ha aprovechado para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con el motivo del decreto ley inicial.

El Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJIB) ha inadmitido a trámite el contencioso presentado por el Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), para tratar de impedir la colocación de la bandera LGTBI en la fachada de la sede de la Cámara autonómica.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, compareció este jueves para aclarar el uso que ha hecho de dos coches de la institución insular. Pero la comparecencia sirvió sobre todo para confirmar una cosa: que Vox considera una explicación suficiente decir que Bestard hace mucho trabajo y que se desplaza a muchos lugares de Mallorca. Querer saber qué hacían dos vehículos públicos —sin el rótulo que los identifica como tales— aparcados delante de su casa no es más que una estrategia de la izquierda para desgastar al gobierno del PP y la extrema derecha, según defendió el portavoz de Vox en el Consell, Antoni Gili. Negar que se haya hecho un uso personal de un Subaru y de un Dacia que deberían servir para tareas institucionales ya es, aparentemente, dar explicaciones.

El Partido Popular estudia una enmienda de Vox a la ley de aceleración de proyectos estratégicos para agilizar los proyectos de grandes superficies comerciales, según ha informado este lunes Europa Press. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha comentado que su partido ve con buenos ojos la parte de agilización administrativa que implica la iniciativa, pero revisará que no vaya en contra del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma).

El conflicto entre el PP y Vox ha vuelto a quedar en evidencia en el Parlament balear. El partido de extrema derecha ha votado en contra de todas las enmiendas presentadas por el PP, unas 80, a la ley de proyectos estratégicos, conocida como ley òmnibus, durante la ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de este martes. El movimiento deja en suspenso un paquete de medidas clave para la legislatura y se lee como una clara advertencia de los de Vox al Govern de Marga Prohens.La decisión implica que diversas propuestas destacadas queden bloqueadas o tengan que volver a ser debatidas. Entre estas enmiendas hay rebajas fiscales para ampliar los umbrales de bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), rebajar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), además de una reducción del 50% tanto del ITP como del AJD en la compra de vivienda a precio limitado.

"Deje de hacer el ridículo y de enredar. Usted, ideología y cero gestión": esta es la acusación que la consejera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, lanzó al diputado del PSIB Omar Lamin durante el pleno del Parlament del martes. ¿Qué tipo de acusación es decirle a un político que tiene ideología, cuando es precisamente la ideología de los representantes públicos la que determina buena parte de la vida de los ciudadanos? En este punto conviene recordar lo que dice Slavoj Žižek, quien considera que la ideología más peligrosa es precisamente aquella que fingimos no tener. No es ninguna extravagancia teórica. También Jürgen Habermas advertía que la racionalidad técnica —eso que hoy llamaríamos 'gestión'— puede imponer valores mientras se presenta como neutral. Y Thomas Piketty lleva años recordando que detrás de muchas decisiones técnicas hay opciones ideológicas muy concretas sobre la desigualdad. De aquí se desprende una conclusión incómoda: la 'gestión' a menudo no es la alternativa a la ideología, sino su mejor disfraz.

El debate sobre la situación de la sanidad en las Baleares ha llegado esta semana al Parlament de les Illes Balears, pero las afirmaciones hechas durante la sesión han generado la respuesta de Metges del Món. La entidad ha denunciado que se han difundido ideas erróneas sobre la atención sanitaria a la población migrante y ha advertido que algunas intervenciones se basan en “falsedades” o en el desconocimiento de la realidad.

El Grupo Parlamentario de MÉS per Mallorca ha comunicado a la Mesa del Parlament que desiste de tramitar cualquier enmienda a la Ley de Proyectos Estratégicos que no tenga relación con esta norma. De esta manera, los ecosoberanistas se alinean completamente con el criterio de los juristas de la cámara que la semana pasada fueron muy claros al respecto. Tal y como establece el artículo 125 del reglamento, las enmiendas que se presentan a los proyectos de ley deben estar relacionadas con su objeto, y solo en caso de unanimidad de los miembros de la Mesa se puede hacer la excepción de introducir otras.

El PP ha presentado decenas de enmiendas a la ley de proyectos estratégicos que no tienen nada que ver con el objeto de la norma. Algunas le han servido para crear casi una norma paralela. Por otra parte, ha invitado a Vox a presentar algunos de sus pactos sobre el catalán e inmigración, también a través de enmiendas.

Carrera contra reloj del PP para sacar adelante el número máximo posible de modificaciones legislativas antes de las elecciones. Su principal escollo es la lentitud de la tramitación de las leyes en el Parlament. Para evitarlo, se ha inventado algunas soluciones: un abuso de la figura del decreto ley que el pasado viernes criticó el Tribunal Constitucional en una sentencia, y el relleno de las iniciativas legislativas con enmiendas que no tienen nada que ver. Pero con la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos los populares se han pasado de frenada: han presentado 88 enmiendas que afectan hasta 70 normas diferentes, la mayoría, sin relación con los proyectos estratégicos. Además, han introducido algunos de los acuerdos con Vox contra el catalán y la inmigración.

El Gobierno aprovecha la tramitación del decreto ley de impulso a proyectos estratégicos en el Parlament para generalizar la figura de la declaración responsable, fórmula que permite a ciudadanos y empresarios asegurar que cumplen con la legalidad sin tener que esperar la licencia preceptiva. Con las enmiendas presentadas este jueves al decreto ley, el grupo parlamentario popular amplía en gran medida el uso de esta figura.

"Violaciones a muñecas y mujeres", "terrorismo yihadista en las calles de toda Europa", "agresiones salvajes con arma blanca que provocan amputaciones", colapso de los servicios públicos, "empobrecimiento cultural en las escuelas", "imposición de culturas"... Este fue el repertorio de acusaciones que hubieron de escuchar a los Parlamentos. La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se llevó el premio al discurso más racista, rodeada por el silencio y con la sonrisa socarrona del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, que no intervino para frenar la deriva del debate.

La polarización política escala en Baleares a poco más de un año de las elecciones autonómicas. Hace tiempo que el Parlament se ha convertido en un cuadrilátero en el que los partidos lanzan argumentos como golpes, a menudo sin escuchar a los del rival. Hay acusaciones de que son un clásico contemporáneo. "Tú lo hiciste peor" es la más repetida. La frase rebota de un escaño a otro como una pelota de tenis de mesa, entre el estupor de una parte de la ciudadanía y las ansias de revancha de la otra.

"Aquí no cabe todo el mundo" ha sido el mantra político de la semana. La presidenta del Gobierno, Marga Prohens, lo proclamó el martes en el pleno del Parlament, bajo la aprobación de la bancada de la derecha y de la extrema derecha. No caben los migrantes –sobre todo si son musulmanes– ni la memoria democrática, pero sí sobra espacio para los más de 19 millones de turistas –récord olímpico de 2025–, cientos de miles de coches y viviendas de alquiler vacacional. Hay tanto espacio que el Consell de Mallorca proclamó el jueves que ya no es necesario reducir el techo de plazas turísticas en la isla, mientras que el Govern proclama el milagro de la contención y la desestacionalización sin haber puesto en marcha ninguna medida ni una. ¿Qué vienen más turistas que nunca? Hay que alegrarse, porque el verano no se dispara y el negocio sube como la espuma en los meses que antes no iban llenos de visitantes. Ya se sabe que un mes vacío no es económicamente productivo. Como caben tantos visitantes, tampoco les subiremos la ecotasa, porque no debemos enfadar a los hoteleros. Y eso que Prohens lo ha anunciado un par de veces. En su defensa, puede decirse que el carro de los anuncios está lleno de iniciativas, de esta y de otras legislaturas, cuya huella sólo puede encontrarse en la hemeroteca.

El Boletín Oficial del Parlamento (BOPIB) número 124 se ha publicado este viernes por primera vez en catalán y en castellano desde 1992. Este boletín se ha publicado en formato bilingüe siguiendo el acuerdo de la Mesa del Parlamento del 14 de febrero de 2024, modificado por la misma Mesa día 28 de febrero del 20.

La crónica de Maria Llull preparando la rentrée del Parlament hace un repaso imprescindible de la situación política. Y deja caer una idea inevitable. Dos años después del mayor intento realizado por un Govern balear, hay que decirlo claro, para resolver el problema de la vivienda, los resultados son normativamente abundantes, pero cuantitativamente escasos. No es sencillo. Mientras la clase media y alta europea (millones de personas) puedan acumular propiedades impunemente, el mercado ejercerá su reinado de forma inmisericorde. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el polígono de Levante, que debía ser un espacio de convivencia social y cultural con toda casta de perfiles, y ha acabado siendo un conjunto de pisos de alto standing imposibles de adquirir por los locales.