Eivissa iniciará una nueva temporada turística con un desalojo de trabajadores que viven en caravanas, tiendas de campaña y barracas por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Desde julio pasado residen de forma precaria en un asentamiento ilegal situado entre el estadio Palladium Can Misses y el segundo cinturón de ronda, el E-20.

La emergencia habitacional en Baleares aún puede profundizarse más con la revisión de los contratos de alquiler que acaban a finales de año. Según las cifras del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los inquilinos isleños cuyo contrato acabe en ese momento tendrán que afrontar una subida del alquiler de 4.615 euros anuales. Este incremento se suma a una situación insostenible para muchas familias: el precio medio del alquiler en las Islas supera los 1.500 euros, el segundo más caro de España por detrás de Barcelona.

Este viernes mediodía la plataforma Stop Desahucios de Mallorca ha intentado impedir que una mujer y sus dos hijos discapacitados fueran forzados a salir de una planta baja de la calle de Sureda, en Portocristo. Según explican fuentes del colectivo, la casa en la que residían había sido denunciada por un vecino que defendía que se trataba de un local y no de una vivienda.

Una comisión judicial ha ejecutado este jueves el desahucio de una madre y su hijo menor de edad que vivían en una de las infraviviendas de la calle Joan Miró de Palma que son propiedad de un agente de la Policía Local que fue sancionado por el Govern por alquilarlos.

Stop Desahucios Mallorca ha informado que este martes se han ejecutado dos desahucios en dos viviendas situadas en Son Roca y en Son Anglada, en las que se han desalojado dos mujeres y tres menores.

La comitiva judicial ha paralizado dos desahucios previstos para este jueves que afectaban a una mujer y una familia que viven en los trasteros de la avenida de Joan Miró, propiedad del policía local de Palma sancionado por el Govern por alquilar estas infraviviendas.

Stop Desahucios Mallorca ha conseguido detener los desahucios de dos personas que viven en los trasteros de la calle Joan Miró, propiedad del policía local de Palma sancionado por el Govern por alquilar estas infraviviendas.