La Policía Nacional ha vuelto de las vacaciones de agosto con los deberes de septiembre hechos: un bonito informe interno (pero inmediatamente remitido a los juzgados) sobre la manifestación del pasado 26 de julio en la que los manifestantes aparecen como los culpables de las cargas policiales, y siete personas en concreto son señaladas como las instigadoras del choque. El delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, fue conminado a dimitir como responsable político directo de aquel episodio de brutalidad policial. Había motivos más que sobrados para pedirla, esta dimisión, aunque, por otra parte, era bien previsible que Rodríguez no dimitiría, y no lo hizo. Al contrario, obtuvo el apoyo de Pedro Sánchez en persona después de su visita a Felipe VI “para despachar” en Marivent: el presidente y el jefe del estado español son sin duda dos conspicuos conocedores de la realidad social de las Baleares, que saben mejor que nadie aquello que necesitamos los ciudadanos de estas afortunadas islas. Por su parte, al día siguiente de la manifestación. Rodríguez no tan solo no dimitió, sino que encargó este informe policial que ahora llega cargado de culpas para todo el mundo menos para la Policía. Efectivamente, una sorpresa nunca vista.

En democracia, los gobiernos empiezan a caer el día que se les ocurre enviar a la policía a pegar a los ciudadanos. No caen ese mismo día, ni al día siguiente, pero cuando cometen este error colosal, este error inaceptable, tienen una herida grave. Pegar a los ciudadanos cuando se manifiestan pacíficamente y legítimamente es una muestra de autoritarismo, pero también de debilidad. De no saber gobernar. Son unas pésimas credenciales para presentarse después a unas urnas.El responsable político directo de las cargas policiales contra la manifestación —masiva, histórica— del 26 de julio es el delegado del gobierno Alfonso Rodríguez. Aunque él no las ordenara y que esté en contra, como ha declarado, es a él que corresponde asumir las responsabilidades políticas. También, aunque Pedro Sánchez le haya dado apoyo con la displicencia y el desconocimiento que todos los presidentes españoles han tenido siempre en relación con la sociedad, la política y la realidad de las Baleares. Si es cierto que el delegado Rodríguez no ordenó las cargas y que está en contra, entonces ha de dimitir por no haber sabido ejercer su cargo y haber permitido que los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad actuaran en las Baleares al margen o en contra de sus criterios (también estaba en contra de la detención de las activistas de Santa Maria, pero la detención se produjo). La ineptitud también es un motivo para perder un cargo.Ahora bien, el delegado Rodríguez es el responsable político de estos hechos, pero no es el político que sale beneficiado. Ni es, tampoco, el que se complace en ellos e, incluso, se divierte. No: son los políticos del PP y de Vox, que están en el Gobierno y que se lo han pasado de maravilla viendo cómo el delegado del gobierno les hacía el trabajo sucio. Pero los días han pasado y las cosas se han aclarado lo suficiente para quien las quiera ver. Ir a la Almudaina y explicarle a Felipe VI (con la sonrisa postiza de las mejores ocasiones) que hay masificación turística por culpa de los socialistas y después reunirse con Pedro Sánchez haciendo morros en las fotos no es ningún argumento sólido. Tampoco lo son las mesas de sostenibilidad que nacen muertas, ni las declaraciones en las que se admite la “saturación” mientras se legisla para desregular la protección del suelo rústico y los espacios naturales. Al PP y a Vox harían bien en aconsejar un poco de discreción a sus periodistas domesticados: a alguno se le ha llegado a escapar, estos días, que los porrazos del 26 de julio fueron “mejor dados nunca”. Tenemos motivos para malpensar que es una opinión ampliamente compartida entre los dirigentes de los partidos que dan apoyo al Gobierno.El hecho es que 70.000 mallorquines salieron a la calle el 26 de julio a decir que están hartos de pagar las consecuencias de la avaricia de unos pocos. Las cargas policiales solo harán que haya más protestas: la primera, el sábado 8 de agosto en Sóller, convocada también por la plataforma Menos Turismo Más Vida, que volverá a ser un gran éxito de participación y movilización. Después vendrán más, y todas serán pacíficas, cívicas, democráticas, impecables. Los gobiernos empiezan a caer así. Si la presidenta Prohens no se lo cree, se lo puede preguntar a su amigo M. Rajoy. Las cargas policiales en Cataluña por el 1-O tuvieron algo que ver con el hecho de que ocho meses después prosperase una moción de censura en contra. También tiene que ver con el hecho de que, todavía hoy en día, el PP no tenga ninguna alianza política con nadie más que la extrema derecha de Vox. Se empieza pegando a la gente, o riendo cuando la pegan, y se acaba encerrado en un rincón con los fascistas.

Baltasar Picornell Lladó, más conocido como Balti Picornell, fue el segundo presidente del Parlament de les Balears de la novena legislatura, después de que Xelo Huertas tuviera que abandonar este cargo tras haber protagonizado un desastre de mucha consideración. Tanto Huertas como Picornell fueron presidentes del Parlament por Podem, que en aquella legislatura (la primera con Francina Armengol como presidenta del Govern de les Balears) era socio de gobierno junto con el PSOE y MÉS. Podem encontró adecuado designar para este cargo a personas que, según ellos, representasen al pueblo, en oposición a los perfiles más habituales de ‘la casta’ política (eran los tiempos en que desde Podem hablaban mucho sobre y contra ‘la casta’). Picornell era idóneo: cuando llegó al cargo, en febrero de 2017, aún no tenía cuarenta años, trabajaba como carpintero metálico y llevaba el pelo largo hasta por encima de la espalda. Desde el PP y sus medios afines fue recibido con desprecio y condescendencia: lo caricaturizaron hasta el cansancio y le dedicaron toda clase de epítetos, con aquel vigoroso ingenio insultador que suele exhibir la derecha.

‘Malle’ es Mallorca. Así, con esta palabra, ‘Malle’, alude a la isla el eslogan de un enorme cartel publicitario que podéis ver en la fachada del aparcamiento del aeropuerto de Son Sant Joan, y que ha causado disgusto por la idea que transmite sobre Mallorca, como lugar de turismo descontrolado donde todo vale y no hay que reparar en gastos. Podéis leer en ARA Balears la crónica de Aina Vidal sobre el cartel y la polémica que ha generado.El eslogan en cuestión está escrito únicamente en alemán: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”, es decir, “Lo que pasa en Mallorca se liquida en Mallorca”. La referencia a la “liquidación” se entiende porque la empresa anunciadora es Wero, un servicio de pago digital —como PayPal y Bizum— pensado para operar dentro de Europa. No se les puede discutir el ingenio a los publicistas. Lo que vienen a decir a los turistas alemanes (que es a quien va dirigido el anuncio) es: “paga con Wero tus fiestas en Mallorca”. Perdón: no “en Mallorca”, sino “en Malle”. ¿Qué tiene que ver con Mallorca eso de Malle”? Tiene que ver que es un diminutivo, una especie de apodo que quiere ser afectuoso y a la vez canalla, de lugar de mala fama. Juega con el referente de Las Vegas (la famosa frase ‘lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’) y simplemente parte de la idea de que Mallorca es un destino de turismo de playa, sexo y borrachera. No es el equivalente de Mallorquetita o de sa Roqueta, denominaciones bobas y bienpensantes, que todavía usan los mallorquines más conformistas para reducirse ellos mismos a un lugar común (que no es lo mismo que un retrete). Malle tiene una resonancia más de fiesta, más nocturna, más bandarra. Es el diminutivo que los viciosos pero no muy viciosos, los que se permiten de vez en cuando un exceso porque se lo pueden pagar, dan al lugar donde acuden para hacer el canalla sin tener que dar explicaciones. Esto es Malle: una isla donde tanto es cinco como cincuenta, donde no tienes que preocuparte que nadie se pueda ofender por tu comportamiento, porque lo que quieren es que vayas a perder el mundo de vista. Lo único que necesitas son pelas en la cuenta corriente y una plataforma digital de pequeños pagos para poder cubrir el coste de tu vicio. El resto es secundario, empezando por la población autóctona de Malle, una gente completamente irrelevante y despreciable, empezando por su idioma. Es posible que te encuentres alguno, de estos indígenas, pero no hace falta dedicarle la más mínima atención.Todo esto lo dice también el cartel de Wero en la fachada del aparcamiento de Son Sant Joan: no en el texto pero sí en el subtexto y en el contexto, que son igualmente importantes. Anunciarse así (sin respetar ni siquiera que la rotulación, por ley, debe estar como mínimo en catalán, y también en castellano) es un acto de prepotencia y de menosprecio del cual es responsable también Aena, que permite a sus anunciantes hacer publicidad de esta manera (la misma Aena que también quiere multiplicar por dos la capacidad del aeropuerto de Ibiza, porque es la primera competidora en la carrera por acabar de exprimir las Baleares y las Pitiusas hasta la última gota de jugo que puedan dar). Los responsables principales, sin embargo, somos los mismos mallorquines, que durante décadas hemos persistido a presentarnos como una isla de avariciosos fascinados por el dinero fácil, hasta el punto de permitir que al primero que le apetezca se anuncie en el aeropuerto —la puerta de entrada a la isla, la primera cosa con que se encuentra quien llega— diciendo que esto de aquí es ca na Brutes y que no importa pasar pena de nada, lo único que hay que hacer es pagar y nadie dirá ni pío. Lo más triste es que tienen razón. Bienvenidos a Malle, mallorquines.

El Correllengua Agermanado fue un éxito incontestable, una nueva demostración del aprecio del pueblo de las Baleares por su lengua y cultura, y de la defensa –enérgica, festiva, innegociable– que hace de ella la sociedad mallorquina, especialmente (y esto es más que importante, es decisivo) los jóvenes. La plaza de España de Palma se llenó hasta los topes, como hace dos años la plaza Mayor, con miles de personas que gritaron un ‘Sí a la lengua’ cívico, inclusivo, esperanzado y, sobre todo, masivo.Tan masivo que al día siguiente mismo el portavoz del Govern, Sebastià Sagreras, con su particular oratoria, se esforzaba por intentar no quedar del todo descolgados. Después de felicitar a los organizadores del Correllengua Agermanat (había motivos para hacerlo, más aún después de que las instituciones gobernadas por ellos les hubieran dado la espalda), decía: “El PP de las Baleares es padre y protector de la Ley de normalización lingüística”, afirmaba Sagreras impropiamente, porque la Ley de normalización lingüística se aprobó con un gobierno del PP, sí (hoy no lo harían), pero de ninguna manera puede reclamar una paternidad que fue mucho más amplia, ni una protección que, a lo largo de estos cuarenta años, ha tenido que proveer demasiado a menudo la sociedad civil organizada. Y aún añadía, en Peixet, en referencia a esta misma ley: “Durante toda la legislatura la hemos defendido, sostenido y marcado como línea roja en todas las negociaciones, a pesar de las intenciones de la izquierda de utilizar nuestra lengua para confrontarnos con la ciudadanía”.Esto lo decía Sagreras el lunes. Al día siguiente, martes, en el Parlament, el PP apoyaba una serie de enmiendas de Vox a la ley de proyectos estratégicos, la ley coladero. Las enmiendas aprobadas suprimen el requisito del catalán para maestros y profesores venidos de fuera que ocupen plazas “de difícil cobertura”, sin ninguna obligación ni plazo posterior para acreditar el conocimiento de la lengua. También exoneraron de la asignatura de catalán a los alumnos ‘temporales’, que residan durante un tiempo limitado en las Baleares. Es decir: por enésima vez, un ataque contra la lengua propia de las Baleares (y propia también de los dirigentes del PP, como el mismo Sagreras, o Prohens, o Vera) perpetrado desde el Govern. Un ataque, por cierto, que supone una vulneración grave de la Ley de normalización lingüística, y también del Estatuto. Esto lo hace el PP para complacer las obsesiones y los odios de sus socios de Vox. Entre las medidas también se aprobó que los policías locales puedan llevar pistolas táser, y se legalizó el tiro a la tórtola: las armas, y matar animales, son cosas que también suelen gustar mucho a la derecha.Proclamarse un día padre y protector de la Ley de normalización lingüística, y al día siguiente cargársela sin miramientos en compañía del fascismo y del ultranacionalismo españolista, ya no es solo cinismo: es una extraña disfunción que indica un gobierno extremadamente débil, sin líderes capaces de negociar nada, sin principios y sin dignidad, rendido completamente a la extrema derecha y sin otro rumbo que agotar la legislatura con el proyecto estratégico de dar luz verde a todos los especuladores que se les ocurra caer por aquí. Hay una cosa curiosa del discursito de Sagreras sobre la paternidad y protección del PP hacia la Ley de normalización lingüística, y es que dice que la han defendido “durante toda la legislatura”, y apenas llevan (aún no) tres años. Se conoce que se le hace largo: imagínense a todos los demás.

Se organiza estos días en el muelle Viejo de Palma (o se ha organizado, depende de cuándo leáis esto) una feria de embarcaciones de espacio que lleva, como no, un título bien pomposo en inglés: International Boat Show, como corresponde a uno de estos eventos –o, en el buen mallorquín de nuestros gobernantes, eventos– pensados para complacer a la numerosa población de millonarios extranjeros que viven o pasan vacaciones en Mallorca, y atraer a más, si es posible. En esta feria, como explicaron en el Téntol de IB3 Ràdio, se podía adquirir un yate de 45 metros de eslora por el precio de 21 millones de euros. No es un hecho excepcional, sino una de las abundantes propuestas que se pueden encontrar en Mallorca en el mercado del gran lujo.El International Boat Show coincidió con un aniversario redondo y señalado: los 40 años de la aprobación en el Parlament, el 29 de abril de 1986, por unanimidad, de la Ley de normalización lingüística. Hay muchos que se han preguntado qué ha pasado en estos cuatro decenios porque con un instrumento jurídicamente y políticamente potente como esta ley la situación del catalán haya avanzado tan poco y, de hecho, haya retrocedido en aspectos claves como el uso social y la consideración que en tienen sectores amplios de la población. ¿Es culpa de los inmigrantes, dicen muchos, porque no se integran, no aprenden o no quieren aprender la lengua. Quizás tendría más sentido mirar hacia nosotros mismos: en estos 40 años, los ciudadanos de Baleares, y en particular los mallorquines, lo hemos vendido literalmente todo. Lo que teníamos y lo que no teníamos. También la lengua, claro está. Las ferias llevan títulos en inglés por puro provincianismo: piensan que, así, venderán más. ¿Más qué? Más barcas, más helicópteros, más mansiones, más trozos de tierra, más experiences (pronunciado en inglés, por favor), más de todo. Sucede que, en la mayoría de los casos, tanto los compradores como los beneficiarios de la compra no son mallorquines. Los mallorquines solo están ahí para hacer de indígenas sonrientes y agradecidos si se llevan alguna comisión. Que los turistas o los compradores sean ricos no significa de ninguna manera que sean turistas o compradores de calidad. ¿De dónde salen sus dineros? ¿Cómo los han obtenido? Mallorca está desfigurada porque la hemos vendido a gente cargada de billetes, muy a menudo sucios. La oferta de lujo es signo de un mercado maduro, dicen. Es posible que el mercado sea maduro, pero los que lo gestionan dan muestras de una inmadurez radical.Aún así, la feria de las barcas carísimas y el melancólico cuadragésimo aniversario de la normalización lingüística han coincidido con otro hito (evento?): el Correllengua Agermanat, una gran movilización en favor de la lengua catalana que ha gozado de la participación entusiasta de miles y miles de personas por todo los Paísos Catalanes. Una multitud, con predominio de los jóvenes, que no se conforma con el fatalismo de los que aseguran que ya no tenemos cabida en este mundo. Todos estos miles de personas dicen que sí, que la tenemos, y que esta cabida y el futuro que nos espera, que los jóvenes personifican, es en catalán. Tenemos, así, tres realidades yuxtapuestas. Por un lado, los extranjeros obscenamente adinerados que ignoran por completo la realidad de unas islas que para ellos solo son un decorado de fantasía. Por otro, los llorones de la normalización frustrada que afirman que ya no hay nada que hacer. Y aún, una enorme cantidad de ciudadanos, la mayoría jóvenes, con ganas de creer y de esforzarse por el futuro de estas Islas y de su lengua, cultura y paisaje. Si me lo permitéis, yo me apuntaré a estos últimos.

Esta semana en el Parlament el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, se exclamaba con palabras gruesas por el hecho de que la oposición (en este caso MÉS per Mallorca, a través de su portavoz, Lluís Apesteguia) expresara la idea de que hay que dar preferencia a los servicios públicos para los residentes, frente a las promociones para los turistas. “Les quieren pagar hasta la bicicleta”, se escandalizaba el conseller, e ironizaba: “Si son locales, si votan aquí, alfombra roja. No masifican, no saturan, pueden correr por todas partes. ¡Alerta, pero, si son de los países del norte!”. Todo eso lo decía con unos gritos que no le habría hecho falta el micrófono, y lo remató con un exabrupto bien castizo: “Coño!”. Como otros miembros de su ejecutivo, Bauzà parece tener problemas para distinguir cuándo está en el Parlament o cuándo se sienta en una terraza con amigos en las afueras. Dicen, por cierto, que este hombre también es conseller de Cultura.La idea que intentaba exponer el conseller Bauzá tampoco es exactamente nueva: se resume en que priorizar las necesidades de los residentes frente al ocio de los turistas es un pecado de egoísmo. “Los mallorquines vivís en el paraíso y lo querríais para vosotros solitos”: esta frase se repitió a menudo en tiempos de la campaña SOS! Turismo, en los años de la pandemia. El conseller ha hecho un añadido de calidad, que consiste en lamentar la buena vida de que gozamos los residentes, en contraposición al menosprecio que sufre la pobre gente que viene a visitarnos procedente “de los países del norte”: estos, ya se sabe, no hacen más que aguantar impertinencias, malas caras y turismofobia. Sin embargo, continúan viniendo, porque son abnegados y buena gente, y lo hacen en una cantidad más y más grande de cada año. Todo esto tendría, según el conseller, una clara motivación electoralista, porque –atención– los residentes votan aquí, estos reputados. Lo hacen, ya se ve, para poder mantener su estatus de casta injustamente privilegiada, en detrimento de la sufrida gente “de los países del norte”, que siempre quedan por los rincones. Ya no es un turista un amigo, como en el viejo eslogan. Ahora ya sería: compadecámonos del turista, a quien lo debemos todo y a cambio no tiene nada.No merecen tanta consideración, en cambio, los inmigrantes que ya viven en Baleares y que ahora se pueden acoger a la regularización legislada por el gobierno español. Según denuncia el Partido Popular de Madrid, y como repite obedientemente el Partido Popular de Baleares, esta regularización vuelve a ser una maniobra electoralista, en esta ocasión del pérfido Pedro Sánchez, para hacerse suyos los sufragios de unos supuestos inmigrantes agradecidos. Esta idea es una intoxicación, ya que los inmigrantes regularizados no adquieren el derecho a votar hasta que no obtienen la nacionalidad española, un trámite que se puede retrasar hasta diez años. Peor que inventarse votantes falsos, sin embargo, es que el PP quiera difundir la sospecha de que todos estos inmigrantes regularizados sean delincuentes en potencia, “violadores de mujeres”, como dijo Feijóo, un hombre siempre desbordado por la circunstancia. La criminalización de los inmigrantes es, como sabe todo el mundo, una consigna típica de la ultraderecha.El rànquing de ciudadanos, pero, queda claro. Los peores son los inmigrantes del sur, que son criminales, seguidos de los residentes, que son unos consentidos. Quienes, por contra, han sido menospreciados, a pesar de todo lo que han hecho por estas Islas, son nuestros hermanos de los países del norte. Para ellos serán las atenciones del Gobierno y la tierra prometida (servida en suculentas promociones inmobiliarias).

Hace unos días, MÉS per Mallorca alertó que el Govern de Marga Prohens se prepara para desproteger el Trenc o, si más no, modificar la Ley de declaración del Parque Natural para rebajar su protección. Lo hacen dentro del llamado Decreto ley de proyectos estratégicos, una normativa ómnibus que (como ya habéis podido leer en ARA Balears), en realidad, esconde una profunda reforma legislativa que busca tumbar o modificar una setentena de normas vigentes mediante la presentación de 88 enmiendas que, en la gran mayoría de los casos, poco o nada tienen que ver con los proyectos estratégicos que son objeto del decreto ley. El propósito es satisfacer las exigencias de Vox y la agenda del mismo PP en cuestiones relativas a urbanismo, turismo, servicios públicos, inmigración y lengua catalana. En el caso concreto del Parque Natural del Trenc, la martingala implica añadir una disposición final a la Ley de declaración del Parque Natural (Ley 2/2017): esta disposición final llevará el título (¡ay!, tan sugestivo a oídos de la derecha nostrada) de 'Deslegalización', y buscará que se puedan modificar las medidas recogidas en la normativa mediante un simple decreto, que pueda ser aprobado por el Consell de Govern. Dicho más breve: juegos de manos legislativos y filibusterismo parlamentario, en busca de atajos para satisfacer los propios intereses y los de los socios de Vox. Intereses que pueden ser pecuniarios o ideológicos, o las dos cosas a la vez.